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Este domingo se llevará a cabo el referéndum a través del cual el gobierno de Cuba decidirá la implementación de una nueva Constitución política. No es casual la fecha elegida: también un 24 de febrero, pero de 1895, se llevó a cabo un hecho registrado en la historiografía como El Grito de Baire.
Ahí en Baire, como en varias poblaciones de la entonces provincia de Santiago de Cuba, se realizó un levantamiento en contra del dominio colonial español que respondió a la convocatoria lanzada por la figura más insigne de la lucha independentista cubana, José Martí. Tal iniciativa llevó a la muerte del propio Martí el 19 de mayo, del mismo 1895, en Dos Ríos. Como es de suponer, la efeméride es sumamente significativa para la cubanidad, como lo debe ser el referéndum. Ante esta circunstancia, vale la pena reflexionar sobre el sentido que tiene este ejercicio de orden jurídico.
Por una parte, no puedo menos que recordar una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que hace ya varios años seguí por un medio televisivo durante una de mis estancias en Cuba. La experiencia fue desconcertante: ver a Fidel Castro en el centro de todos los asuntos, como cabeza de todos los debates; y apreciar la manera en que su criterio era el que definía todas las resoluciones, las formas que imponía para que los representantes del poder popular se comprometieran a seguir sus designios. Así, no puedo sino suponer que la nueva propuesta constitucional debe haberse logrado de una manera similar, porque se estructuró mediante un proceso en el que una Comisión de Diputados de la propia Asamblea Nacional, bajo la dirección de Raúl Castro, atendió y definió lo que ese grupo considera benéfico para el pueblo cubano.
Al leer el proyecto, resalta evidentemente que existen aspectos que no se han modificado en lo absoluto con respecto a la veterana Constitución de 1976, reformada en 1992 y 2002. Como se aprecia con el artículo 1°, se mantiene el carácter socialista del Estado; continúa una cerrazón política, situación obvia dentro del artículo 5°, concerniente al hecho de que el Partido Comunista de Cuba es el único dentro del marco legal. Tales asuntos, lejos de mostrar una tendencia a cambiarse en un mediano plazo, tienen amarres que aseguran su continuidad mediante otros apartados e incisos constitucionales.
Sin embargo, también vale la pena pensar en modificaciones que sí resaltan, aun cuando sea de manera mínima, dentro del nuevo documento. Me refiero a la consideración de la propiedad privada como posibilidad en el nuevo orden cubano; pienso en la incorporación del habeas corpus; la propuesta reformada ya no incluye el matrimonio homosexual, pero deja abierto el debate. Desde luego, la integración de estos cambios en la Constitución no garantiza que en la práctica se apliquen y lleven a transformaciones sustanciales.
La oposición al castrismo niega la posibilidad de que el referéndum sea válido. El más importante dirigente histórico anticastrista, Carlos Alberto Montaner, sostiene que el procedimiento jurídico por el que se está sometiendo a votación popular el asunto de la aprobación al cambio constitucional no tiene sustento alguno, toda vez que “los regímenes totalitarios casi nunca pierden una consulta electoral”.
Frente a este dicho simplificador, me pregunto qué hará aquel profesionista que ha terminado una carrera universitaria en alguna universidad cubana y que aspira a tener una casa propia para su familia; cómo reaccionarán los disidentes que por años han luchado al interior de la isla para promover el desarrollo nacional; o bien, cuál será la opinión de aquella pareja del mismo sexo que por tanto tiempo no solamente no pudo casarse, sino que hasta le tocó sufrir la condena pública de no adoptar una sexualidad según las convenciones pasadas.
Si bien hay que reconocer que los cambios sustanciales no se darán en un futuro próximo, advirtiendo que los intelectuales orgánicos cubanos alabarán incondicionalmente el referéndum, y que ya hablan de optimistas resultados, sostengo que debe pensarse en aquellos múltiples sectores que no coinciden con las expectativas de los detractores ni de los aduladores del sistema cubano vigente.
Son aquellos padres de familia, quienes no dudan en quitarse de la boca algún alimento conseguido en el mercado negro para dárselo a sus hijos antes de salir al colegio; son los disidentes que han tenido que pasar 20 años en la cárcel sin juicios justos; o aquellos homosexuales que se aventuran a bajar hacia El Malecón, pese a las repercusiones penales, los que me hacen pensar en que para ellos hay esperanza en el referéndum.
Para verificar que la consulta es, o no es, pertinente, quizás sirva estudiar la propuesta de Gayatri Spivak, filósofa quien reflexiona en torno a la oportunidad que tienen los sectores subalternos para expresarse. Habrá que considerar los puntos de vista de esos grupos desatendidos, cuando se piense en opinar si la consulta es válida o no.
Lejos de reducir la complejidad de este asunto a una simple posición a favor o en contra, considero que muchos cubanos irán a emitir su sí, o su no, con la esperanza que tuvieron los participantes en Baire, de alcanzar una meta que sólo se logró de manera parcial, y con muchos sacrificios, hasta muchos años después.
Investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC/UNAM.
