Cuba es un país muy diferente al resto, especialmente en el comercio.
No hay centros comerciales, cadenas de supermercados o franquicias de marcas locales e internacionales como en el resto del continente latinoamericano y gran parte del mundo.
Todas las compras y ventas en establecimientos minoristas y al por mayor, así como las exportaciones e importaciones, están sujetas al control exclusivo del Estado.
Pero el Estado está prácticamente en bancarrota.
Así, las estanterías de los supermercados se muestran casi vacías y conseguir comida o productos de aseo es una odisea diaria para gran parte de la población.
Las contadas tiendas de ropa, electrónica o electrodomésticos carecen de oferta, por lo que estos y otros productos llegan en viajes de particulares y se comercializan en el mercado paralelo a precios abultados.
Tras innumerables reformas económicas sin éxito, el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel ha anunciado un importante paso para tratar de aliviar la situación.
En septiembre el comercio mayorista y minorista se abrirá a los inversores extranjeros por primera vez en más de 60 años, informó esta semana el gobierno.
La medida llega en un momento de dificultad extrema para Cuba.
La escasez de alimentos, productos de aseo y medicamentos es cada vez más acuciante, a lo que se ha sumado una crisis energética con constantes apagones y un éxodo de más de 100.000 personas, entre ellas muchos jóvenes, a EE.UU. y Europa.
El descontento de la ciudadanía es cada vez mayor: el gobierno carece de recursos para suministrarle la canasta básica y comprar cualquier artículo es cada vez más difícil aun teniendo dinero.
Además, la producción del país está bajo mínimos, entre otros motivos por la falta de maquinaria, piezas e insumos necesarios para la agricultura y la producción industrial.
Por eso ha decidido dejar entrar a las empresas extranjeras en el comercio, sector clave de su economía centralizada.
"Permitir que haya una empresa extranjera participando en el comercio minorista es un paso de avance, porque hasta ahora estaba prohibido", explica a BBC Mundo el economista cubano Omar Everleny.
En el sector mayorista, las empresas extranjeras venderían los insumos necesarios para mejorar la deprimida producción agrícola e industrial del país, según el plan del gobierno.
Y en el minorista se enfocarían en surtir a la población de productos básicos.
"Se promoverá que se destinen fundamentalmente a la venta de materias primas, insumos, equipamiento y otros bienes que contribuyan a impulsar el desarrollo de la producción nacional; y el suministro de productos alimenticios, de aseo, de línea económica y para la instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables de energía", explica el diario estatal Granma.
El gobierno cubano indicó que en una primera fase las ventas de las empresas extranjeras en Cuba serán en divisas.
Esto supone que los cubanos que no tienen acceso a dólares -en general aquellos que no reciben remesas de sus familiares en el extranjero- no podrán comprar los productos e insumos que se ofrezcan.
Esto ya ha venido ocurriendo en Cuba, donde desde 2020 el Estado vende gran parte de los alimentos, productos básicos e incluso medicinas en divisas, lo que ha dejado a muchas personas en una situación de extrema vulnerabilidad.
Las compañías extranjeras no operarán libremente en el país: estarán obligadas a hacerlo junto con el Estado cubano, principalmente en la modalidad de empresas mixtas.
En este tipo de empresas, habituales en el sector turístico, el gobierno cubano suele ostentar una participación de algo más del 50%.
Las autoridades cubanas remarcaron, de hecho, que esta apertura no supone el fin del "monopolio" estatal sobre el comercio.
Y ¿cómo podría funcionar esta asociación?
"La parte extranjera traería los productos, mientras Cuba gestionaría los trabajadores, el almacén y el transporte, y los beneficios se repartirían a la mitad más o menos", anticipa Everleny.
El economista Pavel Vidal, profesor asociado en la Universidad Javeriana de Cali (Colombia), cree que Cuba podría aprovechar la infraestructura de la actual red de supermercados y tiendas estatales en divisas.
"Puede ocurrir que una cadena empiece a poner su marca y a suministrar a alguna de esas tiendas. En una empresa mixta la parte cubana aportaría la infraestructura que ya existe, el personal que está allí, y la cadena extranjera vendría con su marca, traería suministros y financiación", apunta.
En todo caso, ambas son hipótesis. Es difícil adivinar cómo se va a aplicar en la práctica esta medida.
Los economistas han comenzado a plantear algunas dudas sobre su viabilidad.
La primera es, ¿habrá empresas dispuestas a invertir en el sector comercial cubano?
"Siempre va a haber inversionistas arriesgados, y en el mercado cubano hay muchas oportunidades porque falta de todo. Imagino que habrá propuestas", indica Vidal
Sin embargo, destaca tres problemas que podrían disuadir a posibles inversores, el primero de ellos la engorrosa burocracia que conllevaría.
"Si una cadena de supermercados quiere entrar a Cuba tendrá que recorrer un camino muy complicado de permisos, burocracia, autorizaciones…".
En general, el estricto control del Estado sobre la economía podría desincentivar a muchos inversores, según economistas.
La segunda barrera sería la insolvencia del Estado cubano, que debe varios miles de millones de dólares a proveedores y por eso precisamente han dejado de suministrarle productos.
"Cuba tiene muchísimas deudas que no paga desde 2019. Que los negocios que entren queden protegidos de los impagos del gobierno es algo que habría que considerar", afirma.
Las autoridades anunciaron que al principio "no habrá competencia" en el mercado y darán prioridad a las empresas que han estado radicadas en Cuba durante varios años.
Pero es precisamente a estas a quienes el Estado debe importantes sumas, por lo que no está claro si decidirán aventurarse en nuevos proyectos con su insolvente deudor.
En tercer lugar, Cuba tiene un serio problema monetario: su economía está cada vez más dolarizada y su moneda local, el peso, carece de valor internacional y ha reducido su valor a una quinta parte respecto al billete estadounidense en el último año y medio.
"Habría que negociar la tasa de cambio y cómo las utilidades de ese inversionista van a tener una vía expedita para salir de Cuba, que siempre ha sido un problema", asevera Vidal.
El economista Everleny también plantea algunas dudas sobre la viabilidad de la nueva iniciativa.
"Surge el problema financiero: cómo se paga, con qué moneda, a qué tasa de cambio. Si vendes en pesos cubanos, los precios serían muy elevados. ¿Y el Estado va a cambiárselos por divisas a las empresas para que las saquen al exterior, o va a autorizar que vendan directamente en divisas? Si es así ya empieza a haber una contradicción".
En lo que todos coinciden es que el éxito o fracaso de la medida no se podrá determinar a corto plazo.
"Los próximos meses no habrá muchos resultados, porque son medidas que para que realmente se lleguen a consolidar tiene que pasar un tiempo", afirma Everleny.
"Vamos a esperar a que pasen uno o dos meses, a ver cuántas empresas llegan".
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