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Washington
.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aprobó este jueves una serie de reformas para facilitar y acelerar el proceso de aprobación proyectos de construcción de infraestructuras, una medida criticada por los ambientalistas, que afirman que lo hará a costa de una mayor laxitud en la redacción de informes de impacto ambiental.
Esto supone la aplicación de cambios en la Política Nacional Medioambiental (NEPA, en sus siglas en inglés), aprobada hace 50 años, con los que espera reducir en un 70% los "siete años de media" que se tarda en aprobar los proyectos.
"Por primera vez en más de 40 años, hemos aprobado una nueva regla dentro de NEPA para acabar completamente con la disfunción burocrática del sistema", dijo el propio Trump en una comparecencia de prensa.
Con estos cambios la Administración de Trump pretende reducir a un máximo de dos años el tiempo de espera para conocer si un proyecto ha sido aprobado mediante la reducción de duplicidades, permitir a las agencias federales utilizar "documentos de carácter estatal, local y tribal" para el elaborado de los informes ambientales y autorizar que los propios patrocinadores de los proyectos sean los responsables de redactar dichos escritos, entre otros.
Trump
aseguró que todo ello permitirá mejorar las infraestructuras del país, que calificó de tercermundistas, y creará nuevos puestos de trabajo para que " Estados Unidos pueda competir en el siglo XXI".
La medida ha generado numerosas críticas de las organizaciones ecologistas, que creen que rebaja los estándares ambientales requeridos para el desarrollo de infraestructuras.
Algo con lo que no está de acuerdo la presidenta del Consejo de la Casa Blanca sobre Calidad Ambiental, Mary Neumayr, quien hoy aseguró que lo aprobado por Trump este jueves "reforma el proceso para recabar información pero no cambia ninguna legislación medioambiental", por lo que leyes como la de protección de la calidad del aire o del agua siguen teniendo que ser respetadas.
Sin embargo, activistas como Stephen Schima, asesor legislativo de Earthjustice, difieren de lo expresado por Neumayr.
"La ley (NEPA) se basó en décadas de activismo de personas que querían opinar en las decisiones que afectan su salud, sus vidas, sus comunidades y su entorno. Sin ella, el Gobierno tendrá más facilidad para permitir que la industria sucia derribe árboles, coloque refinerías junto a escuelas y ponga en riesgo nuestra salud", denunció Schima en un comunicado.
En noviembre de 2019, miembros de la industria, junto a la Cámara de Comercio de EU , enviaron una carta Neumayr en la que le pedían "modernizar los proceso de NEPA" bajo el argumento de que "asegurar la aprobación de proyectos y la gestión de tierras se ha traducido en la obstrucción de estos por culpa de los costes irracionales y grandes retrasos".
agv
