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Washington.— El gobierno de Estados Unidos resaltó la impunidad que prevalece en los abusos de derechos humanos en México, en su informe anual mundial sobre el tema, correspondiente a 2018, presentado ayer.
Como ha hecho en años anteriores, el Departamento de Estado criticó los abusos en materia de derechos humanos, un problema que, dijo, México sigue arrastrando. Preocupan, en particular, las “extremadamente bajas tasas de enjuiciamiento de todo tipo de crímenes”. En el informe, que sirve de base para que el Congreso dictamine las partidas económicas de ayuda exterior, el Departamento de Estado insiste en los problemas que enfrenta México en cuanto a la violencia, corrupción y asesinatos de periodistas, entre otros.
“Los temas de derechos humanos incluidos reportan cuan involucrados [están] la policía, el ejército y otros agentes, a veces en coordinación con organizaciones criminales, en asesinatos arbitrarios o ilegales, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias por el gobierno y grupos armados ilegales”, señala el reporte. La mayor preocupación es la impunidad y la coordinación aparente de funcionarios públicos y organizaciones criminales con delitos.
“A pesar de que las autoridades civiles generalmente mantienen un control efectivo de las fuerzas de seguridad y policiales, la impunidad, especialmente en temas de abuso de derechos humanos, se mantuvo como un problema serio”, resume.
Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos acusa que menos de 1% de las investigaciones de tortura a nivel federal acaban en juicio o condena. O que el propio gobierno, con su mezcla de estadísticas y poca claridad, dificultó la compilación de casos de desapariciones forzadas.
En ese asunto, “hay reportes creíbles del involucramiento de la policía en secuestros”, asegura.
En el documento se señalan las condiciones “duras y amenazantes para la vida” de las condiciones carcelarias, la impunidad en la violencia contra periodistas asesinados o amenazados por hacer su labor, y los ataques que tienen por objetivo personas de las comunidades LGBTI.
Sobre corrupción, el informe detalla todo tipo de formas de soborno, desde pago directo hasta a través de sobrepagos, a todos los niveles, desde fuerzas de seguridad hasta partidos políticos. También destaca que, durante la campaña electoral del año pasado, 48 candidatos fueron asesinados y que, al menos hasta julio de 2018, sólo hubo un arresto y ninguna condena. El reporte señala que la muerte de políticos durante el ciclo electoral se multiplicó por 10 comparado con 2012.
