La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y uno de los principales colaboradores que tuvo en su gobierno, el ex ministro Julio de Vido, enfrentarán esta semana difíciles instancias judiciales.
Kirchner, quien fue elegida senadora por el opositor frente Unidad Ciudadana, deberá presentarse este jueves en los tribunales para declarar acusada de idear un plan para encubrir a los ciudadanos iraníes que, según la justicia, planificaron el atentado terrorista a la mutual judía AMIA, perpetrado en 1994 en Buenos Aires y que causó 85 muertos.
Fue citada por el juez Claudio Bonadío, quien tiene a su cargo otras investigaciones que la involucran en supuestos casos de corrupción durante su gobierno. Kirchner, eventualmente, no podrá ser detenida ese día porque así lo establece el artículo 69 de la Constitución argentina. Desde el domingo, cuando resultó elegida senadora por la provincia de Buenos Aires, goza de inmunidad parlamentaria.
En el mismo caso, Carlos Zannini, quien se desempeñó como secretario Legal y Técnico en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, negó haber participado en la firma de un memorándum de entendimiento con Irán.
Además, el Parlamento analizará un pedido para que Julio Miguel de Vido , actual diputado y ex ministro kirchnerista, pierda el privilegio de la inmunidad parlamentaria y pueda ser detenido en un presunto caso de corrupción. La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados debatirá una solicitud presentada por el juez Luis Rodríguez para lograr “de inmediato” el desafuero de De Vido, investigado por supuestos desvíos millonarios para la producción de una mina de carbón en Santa Cruz.
El hombre, ex ministro de Planificación entre 2003 y 2015, presentó un pedido de licencia como diputado en una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. La licencia, que debe ser aprobada, “es una maniobra distractiva”, opinó el diputado Tonelli.
De Vido afronta en la actualidad un juicio acusado de supuesta administración fraudulenta en perjuicio del Estado. DPA