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La crisis de migrantes atravesando la selva del Darién parece preocupar a varios gobiernos –incluyendo Colombia, Panamá y Estados Unidos- menos al de Venezuela, país del que se reporta una gran cantidad de personas cruzando la peligrosa jungla.
En días recientes se han reportado nuevas cifras sobre migrantes, así como las actividades lucrativas que se estarían desarrollando en todo el corredor que solo el año pasado dejó unas 140 personas muertas, según cifras de la Organización Internacional de las Migraciones.
Según la Plataforma R4V de las Naciones Unidas, 7 millones 710 mil 887 venezolanos han salido del país en los últimos años, siendo un éxodo significativo. Otras cifras oficiales revelan que en este 2023 han cruzado por el Darién 350 mil 841 personas, en su mayoría venezolanos.
Pero no todos han logrado el "sueño americano". Un migrante venezolano, cuya identidad no fue revelada, contó cómo una familia conformada por papá, mamá y su pequeña hija trató de atravesar la selva, la niña cayó en uno de los ríos y falleció arrastrada por la corriente, lo que llevó a ambos padres a ahorcarse de la desesperación.
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Este testimonio fue presentado en el reciente informe de la organización venezolana Caleidoscopio Humano y su proyecto DescaVe, el cual está monitoreando el proceso migratorio que vive el país y que parece no acabar.
El informe asegura que los migrantes cuentan cómo aquellos que se lesionan, con esguinces, fracturas, o heridas abiertas, “son abandonados a su suerte y suelen morir de frío, hambre, o ataques de animales salvajes. Además de los abusos sexuales, la total ausencia de atención médica y la inhumanidad de los guías, los grupos de migrantes suelen ser víctimas de robos”.
A pesar de ello, el gobierno venezolano prefiere guardar silencio. El presidente Nicolás Maduro ha "reconocido" la crisis pero a su manera, diciendo que trabaja en un plan de retorno para complementar el que ya existe desde 2018, llamado “Vuelta a la Patria”, en el que según cifras oficiales, han retornado 30 mil 900 venezolanos. Mientras que otros 300 mil han regresado por medios propios.
“Maduro no habla de esto sencillamente porque digamos que quieren mantener la burbuja económica que comienza a explotar”, le dice a este diario Gabriela Buada, directora de Caleidoscopio Humano.
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Buada se refiere a que ante el repunte económico que vivió el país en los últimos meses y que ha sido casi imposible de sostener, para el gobierno es mejor no tocar el tema de los migrantes.
“Ni siquiera los beneficiarios del Plan Vuelta a la Patria corresponden a los casi 8 millones de migrantes que se reportan. La migración en El Darién se ha convertido en un negocio muy lucrativo para distintas redes de mafias de explotación y que se aprovechan de la crisis”, insiste Buada.
Aunque la preocupación se extiende a los países vecinos, pareciera que no todos tienen claro el motivo de la migración venezolana. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, aunque sabe que Colombia es el principal afectado, con más de 2 millones de venezolanos, insiste en que el éxodo tiene sus orígenes en las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
Ante esto, el opositor Juan Guaidó –exiliado en Estados Unidos- le replicó en la red social X: “No habría pobreza en Venezuela ni necesidad de activar programas humanitarios si la dictadura detuviera su saqueo a la nación y respetara el estado de derecho”.
Para la organización Caleidoscopio Humano, Venezuela entra nuevamente en una contienda electoral en uno de los contextos más difíciles, pues las elecciones están marcadas por la hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad, y una migración forzada.
El clima de incertidumbre ya se apodera de las personas. Por un lado, están las pocas garantías electorales. Muestra de ello ha sido las inhabilitaciones de políticos opositores al gobierno, además, de la desafección política de los ciudadanos, al no ver una salida ante la crisis que vive el país.
“Todo este panorama vislumbra una nueva oleada migratoria, debido al deterioro, no solo de los derechos civiles y políticos de las personas, también con la criminalización de la libertad de expresión y el derecho a la libre asociación, evidencia de ello es la más reciente sentencia a 16 años de prisión a los dirigentes sindicales por exigir mejoras en los derechos laborales y la intervención de la Cruz Roja en el país a través de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia”, concluye el informe.
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