“Un golpe contra el indio y contra el litio”. Así ha descrito una y otra vez el expresidente Evo Morales su salida del poder en Bolivia.
Morales renunció el 10 de noviembre a la presidencia, tras perder el apoyo del Ejército y la policía. Sin embargo, afirma que en Bolivia se gestó un “golpe de Estado”.
“Fundamentalmente es un golpe a dos cosas: a que nosotros podamos ser una alternativa, una referencia, liberándonos de las imposiciones del gobierno de Estados Unidos. Los países industrializados no quieren competencia. Hemos empezado la sustitución de las importaciones. Y estoy convencidísimo que es un golpe al litio . Hemos empezado la industrialización del litio como Estado... como un pequeño país con 10 millones de habitantes, en poco tiempo iba a definir el precio del litio. Se sabe que tenemos la reserva más grande del mundo con 16 mil kilómetros cuadrados de litio”, dijo tras llegar a Buenos Aires, cuyo gobierno lo asiló después de que lo hiciera México.
Un 75% de las reservas globales de litio se encuentran en la zona conformada por Bolivia, Chile y Argentina , de acuerdo con medios como Telesur.
En la región boliviana de Potosí se ubica el Salar de Uyuni, poseedor de las reservas más grandes del mundo del llamado “oro blanco”. El codiciado mineral es indispensable en la tecnología moderna por su empleo para baterías para los autos eléctricos y el país sudamericano logró certificar en febrero sus reservas de litio de 21 millones de toneladas.
Ya en 2006 hubo protestas en Potosí por la forma en que Morales estaba manejando la explotación del mineral. Las licitaciones para industrializar el litio incluyeron a China y Alemania, pero no a Estados Unidos.
Las sospechas de que las protestas y el movimiento de rechazo a Evo estuvieron ligadas al litio no sólo las ha manifestado el exmandatario.
“No estoy acusando porque no tengo pruebas, estoy desconfiando, por la historia. Bolivia es muy rica, se dice que tiene 70% del material imprescindible para hacer las nuevas baterías, todos sabemos que en el mundo hay un cambio energético”, señaló el expresidente uruguayo José Mujica en una entrevista tras la dimisión de Morales.
El boliviano acusó directamente a Estados Unidos. “Como quedó fuera, ahí empezó el problema”, denunció.
La alemana ACI Systems se impuso ante cinco sociedades de China, una de Rusia y otra de Canadá, por una fabrica de baterías, aunque luego su acuerdo con una empresa estatal de Bolivia fue anulado. Morales dijo que sería retomado más adelante.
Mientras que la china Xinjiang Tbea Group fue elegida frente a empresas de su país, España y Alemania, para una planta de carbonato de litio.
En una licitación previa, que fue anulada, de 26 compañías interesadas sólo dos eran de Estados Unidos, una de ellas en alianza con una sociedad de Bolivia.
Rusia, India o Turquía fueron citados por Morales como países también interesados por la mayor reserva mundial del litio que atesora Bolivia, sin que Estados Unidos fueran nombrado hasta después de anunciar su renuncia denunciando un golpe de Estado.
Las desavenencias entre Potosí y el gobierno de Morales se recrudecieron en la última década.
La primera protesta de la historia reciente de Potosí por la atención del poder central fue en 2010, encabezada por el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), con una huelga regional de 19 días en demanda de industrias e infraestructuras.
En 2015, una nueva protesta recordó las promesas incumplidas, con otra huelga, de 27 días, una marcha hasta La Paz y varias jornadas de reclamos en la sede de Gobierno de Bolivia.
Justo el proyecto entre la estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y ACI Systems para la explotación de hidróxido de litio en el salar potosino de Uyuni desató de nuevo la furia de Potosí.
El acuerdo “entregaba a la producción de hidróxido de litio a la empresa alemana por 70 años” y establecía una regalía “muy baja” para Potosí, un beneficio de 3% del valor bruto de producción, manifestó Pablo Poveda, economista del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), a la agencia noticiosa EFE.
Poveda indicó que la firma alemana tenía la potestad de producir, crear la tecnología y comercializar la materia prima, aun cuando el proyecto inicial hablaba de que el Estado boliviano se encargaría de la explotación hasta la fabricación de baterías de litio con su propio personal y tecnología.
La inversión de que se habló alcanzaba los 900 millones de dólares, en un plazo de unos tres años para que la empresa mixta comenzara la producción de baterías para el gran mercado de los autos eléctricos en el que compiten Asia, América y Europa.
El comité cívico reactivó sus protestas para anunciar el 7 de octubre pasado, dos semanas antes de los comicios, una huelga general indefinida pidiendo la anulación del decreto que autorizó la sociedad mixta.
Morales anuló el 3 de noviembre el acuerdo, pero las protestas continuaron, alentadas por las denuncias de fraude en las presidenciales del 20 de octubre en la que el líder indígena Aymara dijo haber sido reelecto, pese a las quejas de irregularidades presentadas no sólo por la oposición, sino por la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA).
* Con información de agencias
MAOT