El gobierno peruano expulsó al embajador mexicano, Pablo Monroy , al considerar que su gobierno se inmiscuyó en asuntos internos. La medida se dio a conocer luego de que México otorgara asilo a familiares del exmandatario Pedro Castillo , incluida su esposa, Lilia Paredes, bajo investigación por presuntamente coordinar una organización criminal.
La decisión de Lima responde a "las reiteradas expresiones" de México "sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos", dijo el martes la canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi .
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Marcelo Ebrard , consideró en Twitter que la decisión peruana es "infundada y reprobable".
La cancillería mexicana informó además que otorgaría salvoconductos a la esposa de Castillo, Lilia Paredes , y a sus dos hijos menores de edad para que puedieran viajar a México como asilados, porque así lo disponen las convenciones internacionales.
El martes, Ebrard informó que "concedió asilo diplomático " a la familia del destituido expresidente peruano y dijo que ellos ya se encontraban al interior de su embajada en Lima.
A su vez, la cancillería peruana resaltó que en su país "no existe persecución política", y recordó que la esposa de Castillo es investigada por la fiscalía por presunta corrupción en un caso que involucra a su esposo . Advirtió que se reserva el derecho de pedir su extradición, si la justicia lo dispone.
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El 12 de diciembre, México, Argentina, Colombia y Bolivia reconocieron como presidente al destituido Pedro Castillo. Sin embargo, hasta ahora solo el primero ha ofrecido asilo político a familiares del expresidente peruano.
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron "su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo", al que aún consideran presidente de Perú y ven como "víctima de un antidemocrático hostigamiento". Castillo publicó después una carta desde su centro de detención, en la que aseguró que considera estar "secuestrado" y tachó de "usurpadora" a Dina Boluarte, quien lo sustituyó en el cargo.
"El gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en el Perú", respondió Exteriores.
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Ayer, la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi , señaló que un grupo de países han cometido "una injerencia inaceptable" en los asuntos internos del país y tienen un discurso "alejado de la realidad". Destacó que ese grupo "desconoce la aplicación de nuestro ordenamiento constitucional y legal".
Señaló que es "particularmente sensible" que en un contexto que necesita el fortalecimiento de la integración latinoamericana, "socios cercanos al Perú incordien las relaciones tradicionalmente constructivas y de respeto mutuo o que podrían afectar a los planes de cooperación".
El pasado jueves, el gobierno peruano también anunció que llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que considera "una injerencia en sus asuntos internos" de los presidentes de esos países, al cuestionar la destitución de Castillo y la asunción de Boluarte.
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