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Crisis carcelaria en Ecuador: mueren 75 en motines

Presidente Moreno atribuye violencia a grupos criminales que actuaron de forma simultánea en 3 prisiones en Cuenca, Guayaquil y Latacunga

Familiares de reos en Guayaquil esperan noticias luego de los motines que se registraron en tres penales, en medio de una lucha por el control del poder. Foto: MARCOS PIN MENDEZ. AFP
24/02/2021 |02:30
Redacción
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Quito.— Al menos 75 reclusos murieron en una serie de revueltas que estallaron simultáneamente ayer en tres prisiones del hacinado sistema penitenciario de Ecuador y que según autoridades están relacionadas con choques de bandas criminales que se financian del narcotráfico.

El país se enfrenta a una crisis carcelaria sin precedentes: 33 presos fallecieron en la cárcel de Turi, en la ciudad de Cuenca (sur); 34 en la Regional de Guayaquil (suroeste) y ocho en la de Latacunga (centro), señaló Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (Snai).

El funcionario descartó víctimas mortales entre el cuerpo de custodios, pero señaló que algunos policías resultaron heridos.

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En una rueda de prensa en el Palacio presidencial en Quito, indicó que la disputa probablemente obedece al vacío que se generó entre las bandas dentro de las prisiones, tras la muerte en diciembre pasado de un reo que fue liberado y que, aparentemente, dirigía una temida organización conocida como Los Choneros.

José Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado en la ciudad costera de Manta poco tiempo después de ser puesto en libertad, y su deceso habría despertado la ambición de otras bandas criminales dentro de las penitenciarías. “Esperábamos una reacción inmediata, pero ha demorado y es la que se ha producido el día de hoy entre dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo”, explicó Moncayo.

En las afueras del centro penitenciario de Guayaquil, unas 40 mujeres trataban de tener noticias de sus familiares. Daniela Soria, una madre de 29 años, aseguró haber recibido una transmisión de voz de Ricardo, su esposo sentenciado a tres años por narcotráfico. “¡Me van a matar, sácame de aquí. Diles que me cambien de pabellón!”, se escucha decir al hombre en el mensaje por WhatsApp que compartió Soria con un periodista de la AFP. La mujer rogaba que se distribuyera la lista con los nombres de los fallecidos, porque no sabía nada de su marido.

Justo en Guayaquil fue donde se registraron los incidentes más violentos y fueron movilizados unos 200 policías de unidades tácticas a los que se sumaron decenas de efectivos militares y vigilancia aérea por parte del helicóptero policial. Una operación similar se registró en las otras dos ciudades. Seis custodios de las cárceles fueron secuestrados por los internos, pero se les liberó en las últimas horas.

Los tres centros carcelarios concentran, según Moncayo, “70%” de la población penitenciaria de todo el país y se pidieron refuerzos militares para ayudar a controlar la situación.

En un informe preliminar señaló que los motines se produjeron tras una requisa efectuada la víspera por personal penitenciario, que encontró armas de fuego con las que, presumiblemente, se pretendía atentar contra líderes de una de las bandas en disputa.

El mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, atribuyó los motines a “organizaciones criminales” que lanzaron una arremetida simultánea.

El comandante Patricio Carrillo señaló en principio que se trataban de “amotinamientos generalizados” y que “la situación es crítica” en el centro de Latacunga. Las autoridades activaron un puesto de mando unificado para restablecer el orden.

En diciembre, varios amotinamientos en cárceles ecuatorianas atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron 11 presos muertos y otros siete heridos.

El sistema penitenciario alberga a unas 38 mil personas y dispone de mil 500 guardias para su custodia. El gobierno decretó un estado de excepción carcelario, que concluyó en diciembre, y que buscaba básicamente recuperar el dominio sobre las cárceles. El organismo gubernamental a cargo de las prisiones, Snai, ha reconocido la falta de personal de seguridad, lo que “dificulta las acciones de respuesta inmediata” frente a las revueltas de presos.

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