Madrid.— La prostitución es una de las actividades que en los últimos tiempos más controversia generan entre quienes defienden su legalización y los que apuestan por criminalizarla.
Los primeros argumentan que con la regulación de su oficio, las servidoras sexuales podrían tener acceso a la seguridad social y a distintos beneficios de protección estatal, siguiendo modelos de legalización como los de Holanda, Nueva Zelanda o Alemania.
Además, esta corriente defiende la libertad de la mujer para hacer con su cuerpo lo que desee, y enfatiza que el derecho a la libre elección de trabajo y el derecho a trabajar son garantías humanos, por lo que apoya la regulación de la prostitución sin descuidar la lucha contra las redes de trata y otras explotaciones.
“Más que legalizar lo que hay que atender es la falta de derechos laborales , la necesidad urgente de una normativa laboral que cambie la situación y permita a las mujeres que se dedican a la prostitución a estar cubiertas por derechos”, señala a EL UNIVERSAL Carmen Briz, fundadora del colectivo Hetaira, que durante años brindó apoyo a las prostitutas.
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“No puede ser que la prostitución siga formando parte de la economía sumergida, porque son muchas las familias que salen adelante gracias a los ingresos que se obtienen con el ejercicio de la prostitución y están ahora en una situación muy precaria.
“La pandemia ha sido absolutamente arrolladora. En una situación brutal, estas mujeres no han recibido ninguna ayuda, porque no pueden explicar de dónde han salido sus recursos durante todo este tiempo, a pesar de que con su trabajo contribuyen al Producto Interno Bruto [ PIB ] del país”, agrega.
“Si las prostitutas hubieran estado cubiertas laboralmente, habrían podido tener mejores posibilidades de supervivencia , ya que por ejemplo las mujeres que trabajan en clubes de alterne se habrían podido incorporar a los expedientes de regulación temporal de empleo [creados por la crisis de la pandemia], al igual que los camareros y otros empleados de esos mismos locales. Pero no tienen papeles que certifiquen cuál es su situación laboral habitual. Todo son desventajas para ellas”, indica la activista.
Por el contrario, los que se oponen a cualquier tipo de regulación de la prostitución subrayan que la libertad para ejercerla es muy relativa, ya que en la mayoría de los casos son las mafias las que obligan a millones de mujeres a vender su cuerpo para sobrevivir.
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Consideran que la prostitución es una violación de los derechos humanos de la mujer y que debe ser prohibida, tal como hizo Suecia en 1999, al declarar ilegal la demanda de servicios sexuales.
Los abolicionistas, para apoyar su reclamo, echan mano de cifras como las que maneja la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que asegura en sus informes que 72% de las 360 mil personas forzadas a trabajar en los países industrializados, lo hacen en el sector del sexo.
“Como feministas, obviamente tenemos que defender el derecho a la libertad sexual y a que cada mujer haga con su cuerpo lo que le plazca; pero cuando estamos hablando de una práctica como la prostitución, en la que se da esa supuesta libertad, solamente se da en casos contados. ¿No estamos en realidad desprotegiendo a las mujeres que son obligadas a vender su cuerpo bajo la bandera de una libertad que ellas no tienen derecho a ejercer?”, dice el colectivo Periféricas.
“Creo que una cosa es ser víctima de trata y otra muy distinta haber elegido u optado por el ejercicio de la prostitución, porque es lo que hay para muchas mujeres pobres, que no tienen recursos y que de esta manera pueden sobrevivir. Me parece lamentable que se pongan esas dos situaciones en el mismo nivel, porque supone una enorme desinformación sobre lo que implica el oficio de la prostitución”, matiza Carmen Briz , coautora del libro `Alianzas Rebeldes´ ( Bellaterra ), en el que participa con dos textos, uno sobre prostitutas y otro sobre trabajadoras domésticas.
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La activista recomienda recabar directamente el testimonio de las servidoras sexuales para conocer realmente sus carencias y aspiraciones, a fin de evitar las apreciaciones erróneas y las políticas erráticas por parte de las autoridades.
Organizaciones feministas como la Coalición Contra la Trata de Mujeres (CATW, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Presión de Mujeres Europeas, se muestran no obstante en contra de la regulación de los servicios sexuales. Mantienen que la prostitución contribuye a la violencia contra las féminas, ya que fomenta la deshumanización de la mujer y las ideas de privilegio masculinas.
En términos generales, el feminismo rechaza abiertamente la legalización de la prostitución , aunque algunos sectores del movimiento se muestran partidarios de regularla. Legalistas y abolicionistas enfocan el tema desde distintos ángulos; pero coinciden en lo esencial. Por distintas vías, ambas corrientes buscan detener los abusos derivados del ejercicio de la prostitución, ya sea penalizando a los clientes o blindando a las servidoras sexuales para acabar con su desprotección económica y social.
La prostitución, incluidos los prostíbulos, está legalizada en Holanda, Alemania, Suiza, Austria, Grecia, Turquía y Nueva Zelanda, mientras que en España, Italia y Portugal carece de regulación.
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En otros países como Suecia, Noruega, Francia o Irlanda, la prostitución es ilegal y se castiga a los clientes de la misma. En otros países, como Rusia y algunos de Europa oriental, también está prohibida, pero en estos casos se castiga a las prostitutas, lo que supone para las feministas una doble penalización.
Entre los modelos que acogen la legalización de la prostitución, el de Nueva Zelanda es el que más interés ha despertado por su singularidad y el grado de tolerancia que contempla. La Ley de reforma de la prostitución de Nueva Zelanda despenalizó por completo el trabajo sexual en 2003. En este país es legal para cualquier nacional mayor de 18 años vender servicios sexuales que son controlados por los diferentes municipios.
La prostitución en la calle está regulada, así como la administración de los burdeles . Los derechos de las trabajadoras sexuales se hallan garantizados a través de la legislación laboral neozelandesa y de la aplicación de derechos humanos que rige a nivel universal.
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En España, donde esta actividad no está regulada, a pesar de ser uno de los países donde existe mayor consumo de prostitución, la mayoría de los ciudadanos (61%) consideran según los sondeos que las servidoras sexuales deberían estar legalizadas, ser consideradas como trabajadoras y tener su propio sindicato. Más del 50% de los encuestados creen que regularizar la prostitución ayudaría a acabar con las mafias.