San José. – Los costarricenses observaron en enero pasado un despliegue de recursos millonarios que remató el 4 de febrero en unos comicios para elegir alcaldes, regidores y otras autoridades de los 84 municipios de Costa Rica. Una muestra multicolor de los más variados signos externos de propaganda —banderas, camisetas, gorras, pañuelos, pancartas y un surtido menú de souvenirs políticos— irrumpió en las elecciones regionales con elevados costos financieros y sembró dudas sobre el origen del dinero.
En una práctica que se prolongó por América Latina y el Caribe, los comicios municipales de la zona se convirtieron en un foco preferido por el crimen organizado para infiltrarse y ganar poder político, aunque los nacionales también como medio para inyectar recursos ilícitos y garantizarse impunidad, favor y privilegio en sus operativos criminales.
Parte de la infiltración fue con “donaciones” de los más poderosos cárteles mexicanos: Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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“América Latina es vulnerable en sus sistemas electorales, algunos muy frágiles y controlados por los grupos de poder y los gobiernos”, afirmó el abogado, economista e historiador político costarricense Álvaro Ramos, analista político y de seguridad.
“La larga noche (de los siglos XX y XXI) de dictaduras militares de derecha, izquierda y regímenes populistas creó un ambiente poco propicio para tener instituciones de una democracia moderna occidental con partidos políticos fuertes y finanzas legales”, dijo Ramos a EL UNIVERSAL.
“En América Latina priva el financiamiento del Estado (a los partidos), botín económico de los políticos para mucha corrupción. En los últimos tiempos avanzó el crimen organizado, en particular el narcotráfico y los cárteles que apoyaron decididamente a varios candidatos”, añadió.
Tras subrayar que “a los grandes narcotraficantes de Colombia les interesó que los políticos se opusieran a la extradición (de criminales) a Estados Unidos” en la década de 1980, recordó que “en México constantemente afloran relaciones de partidos y campañas electorales (con el narcotráfico)”.
“Costa Rica tiene una sospecha grande de financiamiento (ilícito electoral) externo desde hace más 20 años. Las municipales son las más asequibles para que el narcotráfico penetre estructuras políticas. En Costa Rica el temor es que eso ya haya sucedido en municipalidades con costas” en los océanos Atlántico y Pacífico como trillos de drogas, alertó.
El calendario electoral de 2024 en America Latina y el Caribe ya avanzó. El Salvador acudió a elecciones presidenciales en febrero, Panamá y República Dominicana lo harán en mayo, México en junio, Uruguay en octubre y Venezuela en el segundo semestre. Brasil tendrá municipales en octubre.
La casta del “narcoalcalde” proliferó en Guatemala. Electa alcaldesa en junio de 2023 de Ayutla, del suroccidental departamento (estado) guatemalteco de San Marcos, limítrofe con Chiapas, México, la guatemalteca Isel Suñiga asumió en enero y la semana anterior fue designada narcotraficante por EU y aliado al Cártel de Sinaloa.
Los comicios de 2023 en Guatemala posicionaron en San Marcos a tres alcaldes sospechosos de narcotráfico. Roderico Ramos ganó en San José y su hermano, Dionel Ramos, en Esquipulas. Edilma Navarijo fue reelecta alcaldesa en La Blanca, en el litoral de San Marcos, mientras su hijo, Carlos Preciado, exalcalde de Ocós, en ese departamento, está preso en EU por narcotráfico.
La penetración mexicana en Honduras quedó exhibida este mes en un juicio por narcotráfico en EU contra el expresidente derechista hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) por recibir dinero del Cártel de Sinaloa, entre otros hechos.
Por el asedio de Sinaloa y CJNG, y luego de que Ecuador declaró el 9 de enero de este año un “conflicto armado interno” para atacar al crimen organizado, y al narcotráfico en particular, EU reforzó este año los planes municipales ecuatorianos de seguridad.
Ya sea en comicios regionales o nacionales, el riesgo de incursión de dinero sucio está latente en América Latina y el Caribe y quizás con una excepción: Cuba, por su régimen totalitario comunista y sin multipartidismo.
En contraste, Venezuela, que proclamó ser socialista, evidenció la incesante influencia del Cártel de los Soles, mafia del narcotráfico y de otras redes del crimen organizado controlada por militares y políticos venezolanos. EU emitió en 2020 una orden de arresto por narcotráfico del cuestionado presidente de Venezuela, el izquierdista Nicolás Maduro, y ofreció 15 millones de dólares de recompensa.
Colombia fue estremecida en 1994 por la denuncia de que el centroizquierdista Ernesto Samper ganó los comicios presidenciales colombianos de ese año con gastos pagados en parte por el ya desaparecido Cártel de Cali, uno de los principales del narcotráfico de ese país de 1970 a 2000. El caso fue archivado por el Congreso de Colombia en 1996, pero la gestión de Samper, de 1994 a 1998, quedó marcada por ese proceso.
“Gran parte de las campañas políticas en Perú en los últimos 20 años, especialmente las presidenciales, fueron financiadas con dinero de la corrupción, siendo la principal corruptora la constructora internacional (brasileña) Odebrecht”, aseguró el coronel peruano en retiro Juan Roberto Paz, ex secretario general de la Policía Nacional de Perú.
Odebrecht admitió que sobornó en 10 países de América Latina y el Caribe.
“En las (elecciones) congresales, regionales y municipales (en Perú) ha sido más notoria la participación del narcotráfico en su financiamiento, pero no de cárteles sino de clanes familiares aliados de una facción del grupo terrorista Sendero Luminoso”, describió Paz.
A consulta de este diario, Paz explicó que, con patrocinio de los remanentes de Sendero Luminoso, organización armada comunista peruana que operó en especial de 1980 a 1999 con una oleada de terror, fueron elegidos a congresistas y autoridades municipales peruanas “actualmente en ejercicio”. “La justicia peruana no ha hecho nada al respecto”, lamentó.
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