San José. – Con una tenebrosa trama—La Ventanilla Siniestra—que se abrió en 1974 con La Bonanza Marimbera y se prolongó hasta 1985, el narcotráfico golpeó las 13 administraciones de los 11 presidentes de Colombia de los últimos 49 años y, tras registrar emblemáticas sacudidas políticas como El Proceso 8000 en 1994, remató en 2023 con el escándalo Petro versus Petro.
El turbio viaje por apenas medio siglo de historia de Colombia solo evidenció un fenómeno que comenzó como un débil síntoma, esporádico y sin aparente peligro en América Latina y el Caribe, pero que se propagó con intensidad en los últimos 25 años del siglo XX: la incursión del dinero del narcotráfico, en particular, y del crimen organizado, en general, en las campañas electorales hemisféricas y en otros ámbitos de la política continental.
Luego de que, el 17 de junio de 1971, Estados Unidos declaró la guerra mundial a las drogas ilícitas, el paisaje político interamericano se tornó propicio para la penetración de multimillonarios recursos financieros ilegales, primero con las ganancias del contrabando de marihuana, luego con las de cocaína y ahora con las de estupefacientes sintéticos.
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Con la entrega de maletines atiborrados de dólares, las operaciones de empresas fantasmas o de fachada, los servicios logísticos encubiertos en una supuesta legalidad y los más diversos mecanismos financieros y comerciales, las maniobras ilícitas se repitieron con múltiples modalidades para instalar desafiante a la delincuencia organizada en el siglo XXI en instancias de poder federal, nacional, estatal, departamental, provincial y municipal.
El conflicto mostró una faceta mortal con el asesinato, el 9 de este mes en Ecuador, del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, luchador anticorrupción. En noviembre de 2022, y como legislador, Villavicencio logró que la Asamblea Nacional de su país indagara si el narcotráfico financió las campañas presidenciales desde 2007 en Ecuador.
“La zona estatal más dañada por el crimen organizado es el Estado de Derecho, piedra angular del orden republicano”, advirtió el economista guatemalteco Edgar Gutiérrez, ex canciller de Guatemala, consultor internacional y analista y estratega político y de seguridad.
En el estudio “Crimen organizado en las Américas: Evolución reciente, amenazas a la democracia y agenda básica de política pública”, que compartió con EL UNIVERSAL, Gutiérrez delineó elementos esenciales para comprender la magnitud de la ofensiva de infiltración política de las mafias americanas del narcotráfico y de otras cadenas criminales de alta, mediana y baja intensidad.
Entre otros aspectos cruciales, Gutiérrez describió:
++ El crimen organizado es una de las principales amenazas a la democracia en las Américas y fuente de tensiones e inseguridad internacional. El propósito de las organizaciones criminales no es sustituir el Estado nacional, sino medrar de sus debilidades y asegurar sus capitales (económicos, políticos y sociales), con la meta estratégica de reducir la eficiencia del Estado de Derecho.
++ Las mafias buscan neutralizar nuevos instrumentos de lucha contra la corrupción, basados en cooperación internacional. En países con instituciones frágiles, las actividades del crimen organizado infectan las relaciones políticas, las actividades económicas, la convivencia social y las relaciones internacionales del Estado.
++ La delincuencia ejecuta tres fases básicas. La primera es “predatoria”, con la que el grupo criminal se implanta en un territorio y elimina vía violencia a sus rivales. La segunda es “parasitaria”, con la que la red acumula ganancias ilícitas, gana influencia política y vía corrupción aumenta su capacidad para colocar en su planilla a agentes clave del Estado para ganar protección en las rutas de tráfico y evitar el acoso penal.
++ La tercera es “simbiótica”: la interdependencia entre crimen organizado y sistema político y económico llega al punto en que las fronteras se tornan tenues y los actores participan como una corporación política—burocrática—económica criminal.
+ La tercera es la etapa de más alto riesgo para la democracia: la organización se apropia de los símbolos de la democracia liberal en un contexto de legalidad electoral y legitimidad social, incluyendo la que pueden transferirle elites económicas tradicionales y emergentes.
+ Las debilidades de la democracia liberal fortalecen a los criminales y la aguda conflictividad sociopolítica les ofrece cobertura para acumular capital económico, político y social a mayor velocidad. El desapego ciudadano con la democracia les abre una calle ancha para transitar, ganar legitimidad alternativa y mayor poder de intimidación, sin consecuencias.
+ Las redes criminales socavan el Estado de Derecho, subvierten el sistema político y dañan la integridad económica.
Personajes
La crisis del financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico resurgió con el golpe que sufrió el presidente de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, luego de que su primogénito, Nicolás Petro Burgos, confesó el 2 de este mes a la Fiscalía General de ese país que infiltró unos 204 mil dólares del contrabando de drogas y otras fuentes ilícitas colombianas a la campaña electoral de su padre en 2022.
En el lío Petro versus Petro, el gobernante reiteró su inocencia, insistió que nunca recibió dinero ilícito para su campaña y alegó que tampoco supo de esas transas financieras--electorales.
Por sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México, el político derechista hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de Honduras de enero de 2014 a enero de 2022, se convirtió en abril de 2022 en el primer expresidente de América Latina y el Caribe surgido de las urnas en ser extraditado por supuesta narcoactividad a EU luego de más de media centuria de guerra global contra las drogas.
Hernández se transformó en la más importante figura política latinoamericana y caribeña en ser llevada ante la justicia de EU por narcoactividad. EU aseguró en el proceso de extradición que el exmandatario supuestamente recibió un millón y medio de dólares en 2013 del ahora encarcelado narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán para financiar la campaña que le llevó a la presidencia en 2014. Hernández negó los cargos.
El panameño Manuel Antonio Noriega Moreno (1934—2017), gobernante de facto de 1983 a 1989 en Panamá, fue el primer político americano de alto rango extraditado a EU por narcotráfico. Detenido la noche del 2 de enero de 1990 en la capital panameña por las tropas de EU que el 20 de diciembre de 1989 invadieron a ese país, Noriega fue enviado a Florida, donde en 1992 recibió una condena de 40 años de cárcel.
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El Cártel de Medellín, el más poderoso de Colombia y que operó de 1976 a 1993, forjó fuertes lazos mafiosos en el decenio de 1980 en Panamá con Noriega y su aparato político.
En un hecho real que trascendió como leyenda en Colombia, el primer orificio perforado para inyectar dinero del narcotráfico en esa nación fue La Ventanilla Siniestra.
El centrista Alfonso López Michelsen (1913—2007) inició en 1974 su cuatrienio como presidente de Colombia en un auge de exportaciones de café. Para facilitar el flujo multimillonarios de esas divisas, en 1974 instaló una ventanilla bancaria… a la que se le rebautizó La Ventanilla Siniestra al mutar a trillo para “lavar” las ganancias de los traficantes de marihuana.
Colombia vivió La Bonanza Marimbera de 1974 a 1985: el auge financiero por la marihuana colombiana.
La polémica de los Petro recordó en Colombia otro famoso caso. El político centro—izquierdista colombiano Ernest0 Samper ganó en 1994 las elecciones presidenciales de Colombia en medio de acusaciones de que recibió dinero del ya desaparecido Cártel de Cali, uno de los más fuertes de Colombia en los últimos 30 años del siglo XX.
Samper gobernó de 1994 a 1996 y sin despojarse de la sombra del narcotráfico en sus finanzas electorales. En 1996, el Congreso de Colombia archivó el caso—denominado El Proceso 8000—en 1996 y declaró a Samper “ni culpable ni inocente”.
En la campaña de 2007 que le llevó a la presidencia de Guatemala de 2008 a 2012, el centro—izquierdista guatemalteco Álvaro Colom (1951—2023) fue vinculado con dineros en sus finanzas donados por la familia Lorenzana, un clan guatemalteco del narcotráfico. Colom negó toda alianza con los narcotraficantes.
En los comicios del 25 de junio anterior en Guatemala para elegir presidente, vicepresidente, diputados y gobiernos municipales, el narcotráfico y las redes de corrupción aportaron recursos para apostarle a sus partidos cómplices. Las dudas también pesan para la segunda ronda presidencial del próximo domingo.
“Un antídoto para el avance de este fenómeno es la independencia judicial”, recalcó la abogada venezolana Tamara Taraciuk, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, organización no estatal con sede en Washington y uno de los principales centros hemisféricos de pensamiento.
Una fórmula sería “contar con jueces y fiscales independientes que se atrevan a investigar seriamente estos hechos, incluyendo hasta qué nivel se inmiscuyen en asuntos públicos con financiamiento político ilícito”, afirmó Taraciuk a este diario.
“No es casual que haya amenazas y ataques a estos funcionarios e incluso casos de exilio (por) animarse a avanzar con estas investigaciones. Resulta indispensable fortalecer las capacidades de investigación independiente y de rendición de cuentas de las instituciones judiciales: de lo contrario se genera un caldo de cultivo donde se envía el peligroso mensaje de que estos hechos son tolerables”, alertó.
La corrupción regional, insistió, “se ha visto exacerbada por el poder creciente de grupos de crimen organizado y narcotráfico”.
Pero las conspiraciones en la zona nunca cesaron en medio siglo: se abrieron muchas… ventanillas siniestras.