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Bruselas.— La “pandemia” de inseguridad que vive México no da tregua, ni siquiera en época de crisis sanitaria por coronavirus, alerta en un informe la organización especializada en solución de conflictos, International Crisis Group (ICG).
Sostiene que la competencia criminal sigue siendo feroz, la corrupción generalizada y los arreglos entre la policía y la delincuencia continúan siendo una práctica desenfrenada.
“Las tasas de criminalidad están aumentando en todo México, a medida que los cárteles se dividen en grupos más pequeños que compiten ferozmente por el territorio”, señala el documento, fechado ayer.
La perspectiva de una mejora de la situación parece aún más remota por la estela destructiva que dejará el paso de Covid-19 en el tejido socioeconómico del país.
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“Al igual que a lo largo de todo México, las perspectivas inmediatas para reducir la violencia en Guerrero son desalentadoras, especialmente en un momento en el que la pandemia y sus efectos económicos amenazan con acaparar la atención oficial y drenar los recursos públicos”.
La organización tiene sede en Bruselas y sus informes son referente de instancias como la ONU y el Parlamento Europeo. Se distingue por su Comité Directivo, integrado entre otros, por la antigua representante de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini; el exprimer ministro de Suecia Carl Bildt, y el almirante estadounidense retirado William McRaven.
“La promesa audaz de traer paz a México impulsó la victoria [del ahora mandatario] Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de julio de 2018 (...) Sin embargo, el crimen ha demostrado ser más tenaz de lo que esperaba el nuevo presidente.
“Con 35 mil 588 casos registrados”, 2019 tuvo “el mayor número de homicidios en la historia de México, superando las marcas establecidas en 2017 y 2018”, subraya.
El documento centra su investigación en Guerrero, estado clasificado como el epicentro del crimen organizado en México, así como el mayor desafío para la administración de López Obrador y su apuesta por reducir la violencia criminal sin usar la fuerza militar.
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Detalla que el territorio guerrerense ilustra cómo la delincuencia, después de sobrevivir la respuesta militar gubernamental a la problemática de las drogas y corromper a un gran número de funcionarios, se ha fragmentado y diversificado.
Sostiene que antes del asesinato del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, en Cuernavaca (2009), había en esa entidad menos de 12 grupos delictivos, mientras que actualmente hay por lo menos 40.
Los sindicatos delictivos igualmente se han extendido geográficamente, ampliado su menú criminal y su nivel de peligrosidad hacia la población local.
“Las primeras señales indican que estos grupos rivales no tienen intención de cesar sus actividades ante la amenaza del coronavirus”, asegura el informe.
Pero la crisis de seguridad que experimenta Guerrero no es autoría única del crimen organizado: hay uso de violencia extrema por parte de grupos de autodefensa y actores estatales a nivel gubernamental.
“No todos los policías actúan en complicidad con el crimen organizado, pero, según funcionarios de la institución, más de 80% [del personal] se involucra en actividades ilegales”, indica.
Titulado La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, el reporte precisa que no hay solución rápida posible.
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Asienta que un prometedor punto de partida podría ser la ejecución de planes de intervención específicos en puntos críticos como el estado costero, enfocándose en la reducción de la violencia extrema y el desbaratamiento de los nexos entre autoridades políticas y de seguridad con los clanes criminales.
El papel de la Guardia Nacional, sugiere, debería ser la protección de las comunidades que se encuentran en medio del fuego cruzado, y generar las condiciones para el desarrollo económico, particularmente de los agricultores.
A mediano plazo, los esfuerzos tendrían que centrarse en la restauración de la credibilidad en la policía civil, mediante una supervisión externa y estricta para aniquilar la corrupción.
Fomentar la paz a través de la mediación entre actores armados en conflicto, subraya, debería ser otra apuesta del gobierno federal, pues podrían allanar el camino para el desarme y la pacificación.
Y concluye que la Cuarta Transformación “ya no puede seguir reaccionando ante la agonía de Guerrero y otros estados con los remedios fallidos del pasado o con simples lamentos sobre delincuentes empeñados en la subversión”.
