Washington.— Las cifras oficiales sobre las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus en Estados Unidos son cada semana más alarmantes, aunque sólo permiten intuir su afectación real en la vida de los estadounidenses, pero una encuesta del Pew Research Center realizada este mes confirma que los efectos de la pandemia no son iguales para todos, y que exacerba las diferencias sociales y raciales del país.
Según el estudio, 52% de los hogares de menos ingresos han sufrido pérdidas de empleo o recortes de salario, una población que, por su naturaleza, ya estaba menos preparada para los envites de una crisis tan profunda: sólo 23% tiene ahorros suficientes como para soportar los gastos de emergencia que pueden tener en tres meses sin empleo; más de la mitad tendrá “problemas” para pagar facturas.
Las dificultades se agudizan en los hogares latinos: la pérdida de trabajo afecta a 61%, y 44% no podrá pagar facturas este mes. Es sin duda la comunidad más golpeada por la crisis.
Ante esta situación, y con la cifra de muertes por coronavirus cada vez más cerca de las 50 mil víctimas, la administración de Donald Trump intentó de nuevo desviar la atención de la conversación al poner sobre la mesa el tema electoralista por excelencia: los ataques a la inmigración. El presidente tuiteó la noche del lunes su intención de “suspender temporalmente la inmigración” a Estados Unidos, bajo la excusa de proteger al país del virus.
Lo único que consiguió es alentar con una frase pomposa a su base más antiinmigrante, al oficializar los obstáculos a los foráneos en una Unión Americana más cerrada que nunca, con fronteras cerradas y expulsión exprés de peticionarios de asilo. Paradojas del destino, EU está “exportando” el virus con estas repatriaciones, con casos demostrados de deportados a Guatemala y Haití contagiados.
La medida no será tan agresiva como se presumía: prohíbe, durante 60 días —prorrogables— la solicitud de green cards y la entrada al país de quienes buscan la residencia permanente, sin afectar a los trabajadores temporales, esenciales para garantizar la cadena de producción y la superación de la crisis. Las críticas de organizaciones proinmigrantes no se hicieron esperar. Charanya Krishnaswami, de Amnistía Internacional en EU, dijo: “Cuando eres un xenófobo, las prohibiciones a la migración son la única solución cansada, fracasada y llena de odio que puedes pensar. Suspender la migración no hará que EU, que ahora lidera los casos de Covid-19 en el mundo, sea más seguro. Nuestras políticas necesitan basarse en salud pública, no en la intolerancia”.
Andrea Flores, subdirectora de política de la división de igualdad de la American Civil Liberties Union (ACLU), dijo que “Trump está más interesado en ventilar llamas antiinmigrantes que en salvar vidas”.
A pesar de que nadie ha dado por finalizada la crisis y de que los expertos advierten que un paso en falso puede ser fatal, la carrera por recuperar la normalidad sigue acelerándose. El gobierno federal está potenciando la reapertura del país cuanto antes, y el fiscal general, William Barr, advirtió que el Departamento de Justicia podría tomar acciones legales contra los estados que continúen con medidas de confinamiento cuando la crisis empiece a apaciguar.
“Son los gobernadores republicanos los que están poniendo en peligro nuestro bienestar, no los inmigrantes”, respondía en Twitter Bill Kristol, reconocido comentarista conservador antiTrump.
Mientras, la administración autorizó el primer test de recolección de muestras de coronavirus para realizar en casa. La muestra nasal deberá ser enviada al laboratorio para su diagnóstico, y primero estará disponible para trabajadores sanitarios; su venta al público se espera en algunas semanas.
El Congreso reinició su actividad para enmendar las fallas de los paquetes de estímulo y rescate de la economía de hace unas semanas. El Senado aprobó casi medio billón de dólares destinado casi en su totalidad a rellenar el fondo de préstamos a las pequeñas empresas, la primera partida del cual se agotó en un par de semanas y no estuvo exento de polémica tras descubrirse que grandes cadenas se acogieron al programa destinado a salvar del cierre a compañías que viven en estado crítico.
