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San José.- El diplomático y jurista costarricense Manuel Ventura Robles , co—autor de un severo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que en 2018 denunció que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , cometió crímenes de lesa humanidad al reprimir las protestas opositoras que estallaron desde 2014, y sirvió de base para acusarle ante la Corte Penal Internacional (CPI), será nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, revelaron hoy fuentes políticas en esta capital.
La designación de Ventura, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH), como jefe de la diplomacia costarricense, fue confirmada a EL UNIVERSAL por fuentes de alto rango en la política de Costa Rica y el anuncio de su escogencia como canciller será oficializado este martes.
El nombramiento del experimentado jurista enviaría una contundente señal de Costa Rica a gobiernos como los de Venezuela y de Nicaragua, acusados por reiterados informes de la OEA de violar los derechos humanos por la violenta e indiscriminada represión desplegada por las fuerzas estatales de seguridad contra opositores venezolanos y nicaragüenses, con saldo de centenares de muertos, heridos y prisioneros políticos, con miles de personas originarias de esos países obligadas a migrar al exterior, en un éxodo masivo.
En un informe que presentó el 29 de mayo de 2018 a la OEA, un equipo internacional de expertos formado por Ventura, el argentino Santiago Cantón y el canadiense Irwin Cotler concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad que se remontan al menos al 12 de febrero de 2014, con las violentas acciones oficialistas para reprimir las protestas opositoras.
El panel de expertos independientes, nombrado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recomendó enviar el informe y la evidencia recopilada a la Oficina de la Fiscal de la CPI. También pidió invitar a los estados parte del Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, para solicitarle a esa instancia que abra una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad recogidos en la indagatoria del grupo.
El texto completo del estudio está en el siguiente enlace:
Reemplazo. Con apenas siete meses de una gestión de cuatro años, el gobierno del presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, sufrió el pasado 11 de diciembre un remezón político luego de que la ministra costarricense de Relaciones Exteriores, Epsy Campbell, se vio obligada a renunciar, en el desenlace de una secuencia de irregularidades con el nombramiento de cargos diplomáticos.
Campbell, quien ocupa la primera vicepresidencia de Costa Rica, quedó envuelta casi desde el inicio de su labor, el 8 de mayo anterior, en una serie de líos que abarcaron desde viajar con su esposo, Alberto Venegas, a giras internacionales y oficiales de trabajo, hasta designar a amistades personales en puestos claves de la cancillería costarricense.
Campbell llegó a la jefatura de la diplomacia de este país con tres distinciones sin precedentes en Costa Rica: fue la primera mujer en ser designada como ministra de Relaciones Exteriores y la primera afro descendiente en ocupar ese puesto y una de las dos vicepresidencias.
La política exterior es esencial para una nación que, como Costa Rica, abolió su ejército desde 1948 y confió su seguridad interna a una policía civil pero su defensa nacional a los instrumentos del derecho internacional.
En este panorama, Costa Rica chocó en noviembre anterior con Venezuela porque se unió a Canadá, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Francia para acusar al presidente Maduro ante la CPI por crímenes de lesa humanidad y violación sistemática de los derechos humanos.
El gobierno costarricense se sumó a una iniciativa que Ottawa, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Santiago, Asunción y París emprendieron a finales de septiembre para denunciar a Maduro en la CPI por la represión política que lanzó desde 2014 en contra de los opositores venezolanos. Por cuestión de trámite, Costa Rica quedó fuera de la demanda.
Sin embargo, como parte de la presión internacional sobre Caracas y en su condición de miembro del Grupo de Lima, Costa Rica se sumó a la posición adoptada por otros 12 países latinoamericanos y caribeños el pasado viernes en Perú para desconocer al gobierno de Maduro a partir del próximo 10 de enero.
El Grupo de Lima estrechó el cerco político y económico sobre Venezuela luego de que decidió desconocer a Maduro como presidente a partir del jueves de esta semana, reevaluar sus nexos diplomáticos con Caracas, impedir el ingreso de autoridades venezolanas a sus territorios y evaluar con “criterio restrictivo” los préstamos “al régimen” chavista en foros regionales e internacionales.
En una declaración que emitieron en Lima en una cita de sus cancilleres o vicecancilleres, 13 de los 14 miembros del Grupo—excepto México—alegaron que desconocerán a Maduro porque el proceso electoral del pasado 20 de mayo que le permitió reelegirse para un segundo sexenio consecutivo, “carece de legitimidad, por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos”.
Tras subrayar que los comicios se realizaron sin las “garantías” básicas de un “proceso libre, justo y transparente”, los 13 dejaron abierta la vía de romper relaciones diplomáticas con Venezuela y suspendieron la cooperación militar y la transferencia de armas con ese país.
El Grupo anunció que reevaluará “el estado o nivel de sus relaciones diplomáticas con Venezuela, en función del restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en ese país, y la necesidad de proteger a sus nacionales e intereses”.
También resolvió “elaborar listas de personas naturales y jurídicas” de Venezuela con las que entidades de sus países “no deberán operar” ni permitir su acceso al sistema financiero y, si es necesario, “congelar” fondos, activos y recursos económicos.
La declaración del bloque, creado en 2017 como instrumento de convergencia sobre Venezuela, fue suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.
Pese a que es fundador del Grupo y a que siempre suscribió sus declaraciones, México se abstuvo de firmar la declaración y alegó que su política exterior se basará en la no intervención en los asuntos internos de los estados y en la libre autodeterminación de los pueblos. El presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que México evita interferir en los asuntos internos de otros países para que ninguna nación intervenga en los mexicanos.
Otro flanco sensible de la política exterior de Costa Rica es Nicaragua. El gobierno costarricense también denunció la represión política oficialista contra los opositores nicaragüenses por los disturbios que estallaron desde el pasado 18 de abril en Nicaragua en rechazo a una reforma a la seguridad social impulsada por el presidente de ese país, Daniel Ortega.
La reforma fue derogada, pero las manifestaciones prosiguieron y provocaron un fuerte estallido en contra de Ortega en demanda de democracia, justicia y libertad y en exigencia del final de un gobierno calificado por los opositores como dictatorial y dinástico. La sangrienta represión del oficialismo fue denunciada por la OEA, cuya Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también advirtió el mes pasado que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.
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