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San José.— Luego de que ayer se cumplieron cinco días de una huelga nacional indefinida de empleados públicos de Costa Rica en repudio a un proyecto legislativo de reforma tributaria, el gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, y los sindicatos de las instituciones estatales se acercaron a la posibilidad de abrir negociaciones con mediación de la jerarquía católica local para gestionar un arreglo a la prolongada crisis.
Alvarado aceptó ayer una oferta de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y la Conferencia Nacional de Rectores, de las universidades estatales, para mediar con los líderes sindicales del sector público, definir una negociación que permita terminar con la huelga y llegar a acuerdos sobre los mecanismos para enfrentar la grave situación fiscal.
En respuesta, Albino Vargas, máximo dirigente sindical costarricense y secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEPP), expresó su anuencia a acudir a las gestiones con mediación de la cúpula católica y de los rectores.
Las partes aguardan a que se concrete la propuesta de diálogo.
La huelga, que sólo abarca al ámbito público y comenzó el lunes pasado, provocó la suspensión del curso en primaria, secundaria y universitaria y de servicios en hospitales y otros centros de salud, municipios y diversas dependencias estales y el bloqueo de carreteras y distintas vías urbanas y rurales.
El pasado jueves, cerca de un millar de estudiantes y profesores de las cuatro universidades estatales marcharon hacia la casa presidencial en defensa de su autonomía, luego de que la noche anterior policías ingresaron al campus de la Universidad de Costa Rica para perseguir a estudiantes que bloquearon una ruta vecina. Alvarado se reunió con los rectores universitarios y acordaron crear una comisión para investigar la acción policial en la casa de estudio superior.
Con 5 millones de habitantes y una fuerza laboral de 2 millones 200 mil personas, en esta nación hay unos 305 mil trabajadores del sector público.
Un plan fiscal impulsado por el gobierno en la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) busca establecer nuevos impuestos y tratar de reducir el déficit fiscal, que llegó a 6.4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 y amenaza con superar 7.1% y acercarse a 8% al cierre de 2018.
“El paquete fiscal está caracterizado por la desigualdad y su regresividad, sin legitimidad ante un ciudadano deprimido por el costo de la vida y por falta de recursos para enfrentarla”, advirtió el politólogo costarricense Claudio Alpízar, director del (no estatal) ENCO Comunicación y Asesoría Política.
Al respecto, Vargas adujo que el plan es “desigual. Golpea a los salarios mínimos, a los desempleados, a la economía informal, a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Alvarado, cuya gestión de cuatro años inició el pasado 8 de mayo, alertó desde el pasado domingo que Costa Rica está en “una encrucijada histórica”, alegó que la iniciativa fiscal “es la única forma de evitar una inminente crisis” y es necesaria y “urgente” vía para “lograr salvar” al país y admitió que es un “trago amargo”. Con información de agencias
