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Washington.— La Corte Suprema accedió a escuchar dos casos que involucran políticas migratorias del presidente Donald Trump en la frontera sur: uno sobre una medida que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a que llegue su fecha de audiencia en un tribunal de Estados Unidos, y el segundo sobre el uso de fondos por parte del gobierno para la construcción del muro.
La decisión de los jueces de escuchar los casos continúa la tendencia de revisar los fallos de tribunales de menor instancia que en los últimos años han determinado que las políticas de migración de Trump son ilegales.
En el más notable de los casos, el máximo tribunal revisó y ratificó la restricción ordenada por Trump a los viajes de visitantes de países musulmanes. En junio, la Corte mantuvo vigentes las protecciones legales para inmigrantes que llegaron al país siendo menores de edad.
Los jueces no escucharán ninguno de los dos casos hasta 2021, y el resultado de la elección presidencial podría hacer que éstos desaparezcan, o cuando menos que se reduzca su trascendencia.
El órgano revisará la apelación del gobierno de Trump de un fallo de junio del tribunal de apelaciones del Noveno Circuito en California, que consideró ilegal eludir el Congreso y transferir 2 mil 500 millones de dólares asignados al Pentágono para levantar el muro.
Trump declaró emergencia nacional en febrero de 2019 para recurrir al presupuesto militar, después de que la oposición demócrata en el Congreso se negara a autorizar los montos necesarios para levantar la barrera.
La Corte Suprema también accedió a examinar el programa conocido como Quédate en México, por el cual el gobierno de Trump dispuso que los solicitantes de asilo llegados a la frontera sur del país deben esperar en México una respuesta.
Esta política, formalmente denominada Protocolos de Protección a Migrantes, fue anunciada en diciembre de 2018 e implementada un mes después. Desde entonces, al menos 60 mil migrantes, la mayoría provenientes de Centroamérica y otros países de América Latina, fueron devueltos a México.
Si el demócrata Joe Biden llega a la Casa Blanca, ha prometido que pondrá fin a los Protocolos de Protección a Migrantes, que Trump considera una piedra angular de su política migratoria.
En el caso del muro fronterizo, gran parte del dinero se ha gastado y se ha construido buena parte de él. Se desconoce qué podría suceder con los tramos del muro que fueron construidos en caso de que el gobierno pierda el caso, pero existe la posibilidad de que sean derribados. Biden ha dicho que dejaría de construir el muro en caso de resultar elegido, pero no derrumbaría lo que se construyó Trump.
En un comunicado difundido después de que la Corte Suprema accedió a tomar el caso, la vocera del Departamento de Justicia, Alexa Vance, refirió que el gobierno está complacido de que el tribunal escuche el caso y dijo que el programa es un “elemento crucial de nuestras labores para lidiar con la crisis migratoria”.
Judy Rabinovitz, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus iniciales en inglés), quien impugnó la medida, dijo que la política es “ilegal y depravada”. “Las cortes han fallado en repetidas ocasiones en su contra, y la Suprema debería hacer lo mismo”, declaró en un comunicado.
