Washington.- La Corte Suprema anuló el viernes una decisión de hace 40 años que facilitaba al gobierno federal la regulación del medio ambiente, la salud pública, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección del consumidor, brindando una victoria de gran alcance y potencialmente lucrativa para intereses de negocios.
Los jueces revocaron la decisión de 1984 conocida coloquialmente como Chevron, durante mucho tiempo un blanco para los conservadores.
Hay potencialmente en juego miles de millones de dólares en impugnaciones que podrían generarse a partir del fallo del tribunal superior. El principal abogado de la Corte Suprema de la administración Biden había advertido que tal medida sería un “shock injustificado para el sistema legal”. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, matizó que los casos pasados que se basaban en Chevron no están en discusión.
El punto central de la decisión de Chevron dice que se debe permitir que las agencias federales completen los detalles cuando las leyes no son del todo claras. Los opositores de la decisión argumentaron que otorgaba a los expertos que trabajan para el gobierno un poder que deberían ejercer los jueces.
El tribunal falló en casos presentados por pescadores de arenque del Atlántico en Nueva Jersey y Rhode Island que impugnaron un requisito de pago de tarifas. Los tribunales inferiores utilizaron la decisión de Chevron para confirmar una norma de 2020 del Servicio Nacional de Pesca Marina que exige que los pescadores de arenque paguen a los observadores designados por el gobierno que controlan su consumo de pescado.
Los intereses conservadores y empresariales respaldaron firmemente las apelaciones de los pescadores, apostando a que un tribunal reestructurado durante la presidencia del republicano Donald Trump asestaría otro golpe al estado regulador.
La mayoría conservadora de la corte ya ha controlado anteriormente las regulaciones ambientales y ha detenido las iniciativas de la administración demócrata Biden sobre las vacunas contra el Covid-19 y la condonación de préstamos estudiantiles.
Los jueces no habían invocado a Chevron desde 2016, pero los tribunales inferiores continuaron haciéndolo.
Hace 40 años, la Corte Suprema dictaminó por 6 a 0, con tres jueces recusados, que los jueces deberían desempeñar un papel limitado y deferente al evaluar las acciones de los expertos de la agencia en un caso presentado por grupos ambientalistas para cuestionar un esfuerzo de la administración Reagan para flexibilizar la regulación de centrales eléctricas y fábricas.
“Los jueces no son expertos en la materia y no forman parte de ninguna de las ramas políticas del gobierno”, escribió el juez John Paul Stevens en 1984, explicando por qué deberían desempeñar un papel limitado.
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Pero el actual tribunal supremo, con una mayoría conservadora de 6 a 3, se ha mostrado cada vez más escéptico respecto de los poderes de las agencias federales. Los jueces Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas habían cuestionado la decisión de Chevron.
Quienes se oponen a la doctrina Chevron argumentan que los jueces la aplican con demasiada frecuencia para aprobar decisiones tomadas por burócratas gubernamentales. Los jueces deben ejercer su propia autoridad y criterio para decir cuál es la ley, argumentaron ante la Corte Suprema.
Al defender los fallos que confirmaron las tarifas, la administración del presidente Joe Biden dijo que revocar la decisión de Chevron produciría un “shock convulsivo” en el sistema legal.
Grupos ambientales, defensores de la salud, organizaciones de derechos civiles, sindicatos y demócratas a nivel nacional y estatal habían instado al tribunal a dejar vigente la decisión sobre Chevron.
Entre los grupos empresariales que apoyaron a los pescadores se encontraban los grupos de defensa de las armas, los cigarrillos electrónicos, los agricultores, los madereros y los constructores de viviendas. Los intereses conservadores que también intervinieron en recientes casos ante los tribunales superiores que limitaban la regulación de la contaminación del aire y del agua también respaldaron a los pescadores.
El pescador presentó una demanda para impugnar la regulación de 2020 que habría autorizado una tarifa que podría haber superado los 700 dólares por día, aunque nadie nunca tuvo que pagarla.
En demandas separadas en Nueva Jersey y Rhode Island, los pescadores argumentaron que el Congreso nunca dio a los reguladores federales autoridad para exigir a los pescadores que pagaran por los monitores. Perdieron en los tribunales inferiores, que se basaron en la decisión de Chevron para sustentar la regulación.
Los jueces escucharon dos casos sobre el mismo tema porque la juez Kentanji Brown Jackson fue recusada del caso de Nueva Jersey. Participó en él en una etapa anterior cuando era jueza de un tribunal de apelaciones. El tribunal en pleno participó en el caso desde Rhode Island.
