San José.— México comparecerá hoy y mañana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en Costa Rica por el asesinato en octubre de 2001 de la abogada y defensora mexicana de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, en un sangriento hecho marcado por casi dos décadas de impunidad.
La Corte realizará, vía virtual o teleconferencia, dos días de audiencias sobre el asesinato. El (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización hemisférica de derechos humanos, detalló a EL UNIVERSAL que, de acuerdo con el programa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrirá hoy las dos jornadas con una exposición del proceso.
La CIDH anticipó que el Estado mexicano es responsable de la “vulneración del derecho a la protección judicial” de Ochoa. El Estado argumentó que el caso está cerrado.
La representación estatal planteará hoy sus alegatos, mientras que la familia de Ochoa y Plácido y sus representantes lo harán mañana, precisó Cejil. Todavía se ignora cuando habrá sentencia.
La Corte—IDH, que como la CIDH es una instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), informó a este diario que Ochoa fue asesinada el 19 de octubre de 2001 “en un alegado contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras de derechos humanos”.
Desde el día de la muerte de Ochoa, ocurrida en su despacho del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), de la colonia Roma, en la capital mexicana, “se alegó” que el Estado mexicano “comenzó una investigación en la jurisdicción penal, la cual habría durado alrededor de diez años”, añadió.
“En su análisis jurídico se argumentó la existencia de una serie de irregularidades en la investigación con respecto al deber de imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la investigación, el cual determinó que la muerte de la señora Ochoa fue un suicidio. Asimismo, se alegó la presunta obstaculización de la participación de los familiares de la señora Ochoa en las investigaciones”, subrayó.
Cejil, por su lado, reportó que la defensora de derechos, de 37 años y oriunda del estado de Veracruz, fue asesinada “tras haber recibido varias amenazas y agresiones en su contra, vinculadas a su labor como abogada”.
“El crimen permanece impune tras 20 años de haber ocurrido, por las omisiones y negligencias” de las autoridades mexicanas en la investigación, denunció.
“Casi 20 años después de que (…) fue asesinada, gracias a la lucha de su familia y de organizaciones en defensa de los derechos humanos”, la Corte enjuiciará al Estado mexicano “por la deficiente investigación del caso y por la afectación a la imagen y la memoria de la defensora de derechos humanos”, aseveró.
El (no estatal) Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, organización mexicana que representa a la familia Ochoa y Plácido, aseguró que el caso “representa una oportunidad para que se ordene al Estado mexicano que se realice una investigación diligente sobre el asesinato”.
Un objetivo es que la indagación sea “independiente, imparcial y libre de estereotipos de género” para reivindicar “la imagen, el trabajo y la memoria de las mujeres defensoras de derechos humanos, especialmente de aquellas que se enfrentan riesgos y amenazas por realizar su trabajo”, planteó.