San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) lamentó el deceso del jurista mexicano Sergio García Ramírez, de 85 años, ocurrido este miércoles en México.
Nacido el primero de febrero de 1938 en Guadalajara, Jalisco, García Ramírez fue juez de la Corte del 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2009 y ejerció como su presidente en dos periodos bianuales consecutivos, de 2004 a 2007.
“García Ramírez fue un gran humanista, incansable luchador por la justicia y la protección de los derechos humanos”, dijo la jueza costarricense Nancy Hernández, presidenta de la Corte.
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“Su trayectoria como jurista y académico deja una enorme contribución en la región al fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho”, agregó, en una declaración que la Corte, máximo tribunal de justicia en América y con sede en Costa Rica, envió a EL UNIVERSAL.
“En honor a su trayectoria de entrega y compromiso por los derechos humanos, desde la Corte, haremos valer sus esfuerzos por garantizar los derechos humanos en la región y seguiremos trabajando incansablemente por el respeto a la dignidad humana de todas las personas del continente”, garantizó.
En la declaración que emitió en la capital costarricense, la Corte-IDH se refirió al “sensible fallecimiento” de García, expresó su “profundo pesar” y envió sus “más sentidas condolencias a sus familiares y amigos por tan dolorosa e irreparable pérdida”.
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La muerte de García Ramírez, investigador jubilado emérito de la (estatal) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y consejero del ya disuelto Instituto Federal Electoral de México, fue confirmada por su esposa, Carmen Valles, a EL UNIVERSAL. García Ramírez fue colaborador en esta casa editorial.
El jurista llegó a la Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA), en una etapa clave tras cumplir sus primeros 20 años de funcionamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, como parte esencial del sistema continental de derechos humanos.
Creada en 1978 al amparo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969 en Costa Rica, la Corte se estableció en 1979 en la capital costarricense.
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