San José. – México incumplió gran cantidad de medidas de reparación y de cambios legales internos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte—IDH) le ordenó adoptar desde 2009 en condenas que dictó en su contra como culpable de conflictos emblemáticos de violencia hacia las mujeres cometidos por fuerzas militares y policiales municipales, estaduales y federales mexicanas.
La Corte confirmó que México acató las sentencias parcialmente, pero que todavía debe reformar su estructura jurídica ordinaria y castrense y otros elementos de su institucional para cumplir con decisiones que impuso a favor de mexicanas que sufrieron muerte, agresión sexual y violación a sus derechos, honra, intimidad, integridad personal y dignidad.
Las fuerzas mexicanas de seguridad violaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en 1969, en vigencia desde 1978 y con la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como vías de su ejecución.
La Corte, instancia autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Costa Rica, envió a EL UNIVERSAL un recuento de las sentencias contra México por la vieja crisis de violencia a mujeres en la sociedad mexicana.
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El detalle es el siguiente:
Mujeres de Juárez
En noviembre de 2009 y en la primera condena por secuestros, violación, torturas y asesinatos de centenares de mujeres desde 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Corte culpó a México por la desaparición, agresión sexual y muerte en 2001 de las mexicanas Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, Laura Berenice Ramos Monárrez, de 17, y Claudia Ivette González, de 20, y le impuso penas legales, morales y económicas.
En un escenario violento “influenciado por una cultura de discriminación” al sexo femenino en esa ciudad del norte de México, la Corte recordó que la CIDH aludió en el juicio, sin pruebas, a la posible participación de agentes estatales en esos sucesos. Los cadáveres aparecieron en un campo algodonero.
Entre otros hechos de respeto al fallo, el Estado lo publicó parcialmente en varios medios, pagó unos 847 mil dólares por indemnización, lucro cesante y reparaciones a parientes de las tres, edificó un monumento en honor de ellas y adoptó elementos mundiales sobre feminicidios, desaparecidos, violencia sexual y fenómenos afines.
México debe “conducir eficazmente” una causa penal para identificar, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes, precisó la Corte.
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Indígena asesinada
México fue condenado el 30 de agosto de 2010 por la violación y tortura, el 22 de marzo de 2002 y en un despliegue militar en Guerrero, de la indígena mexicana Inés Fernández Ortega, de la etnia Me’phaa, residente en la Barranca Tecoani, casada, con cuatro hijos y entonces de 25 años.
La Corte describió que la mujer estaba en su casa cuando 11 militares, uniformados y armados, ingresaron a su hogar, una la tomó de las manos, le apuntó con un arma y le ordenó que se tirara al suelo, donde otro la violó sexualmente mientras dos miraban.
La Corte culpó a México de falta de diligencia para indagar y castigar en la justicia ordinaria a los soldados que cometieron la violación sexual y de reparación adecuada a la víctima y sus familiares. También condenó el uso del “fuero militar” para investigar y juzgar “violaciones a los derechos humanos” y la dificultad de personas indígenas, en particular mujeres, para e “acceder a la justicia”.
México cumplió parcialmente la resolución e insertó “reformas pertinentes” en beneficio de personas afectadas por el fuero castrense, pero hay asuntos sin cumplir sobre la legislación militar, según la Corte.
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“Encapuchados”
El 31 de agosto de 2010, en un trámite acoplado al de Fernández, la Corte declaró culpable a México por violación sexual y tortura ocurridas el 16 de febrero de 2002 en otra maniobra militar en Guerrero contra la indígena Valentina Rosendo Cantú, también de la etnia Me’phaa, entonces de 17, casada, con una hija y vecina de la Barranca Bejuco.
La mujer acudió a bañarse en un arroyo en el entorno de su domicilio, pero fue sorprendida por ocho militares que la rodearon y mientras dos la interrogaron por unos “encapuchados” y le mostraron una fotografía y un listado de nombres que la indígena dijo desconocer, uno le apuntó y la golpeó con un arma en el estómago y la lanzó al suelo. Los soldados le quitaron la falda y su ropa interior y dos la violaron sexualmente, determinó la Corte.
El acatamiento y los actos pendientes de este juicio son similares al de la otra indígena.
Atenco
México fue declarado culpable por la Corte el 28 de noviembre de 2018 por la violencia sexual y tortura cometidas por policías municipales, estaduales y federales el 3 y el 4 de mayo de 2006 contra 11 mujeres en Atenco, estado de México. Según el dictamen, las 11 “fueron sometidas a múltiples formas de violencia, incluida la violación sexual” a siete, durante una represión a protestas callejeras.
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La Corte exigió a México indemnizar a las víctimas y a 51 parientes con un millón 496 mil dólares, entre otras multas.
México pagó parte del monto, divulgó la sentencia y reintegró un dinero a un fondo de la Corte para víctimas.
Sin embargo, el tribunal advirtió al Estado mexicano que debe “continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida” por las 11 mujeres.