Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos celebró hoy una audiencia para evaluar si el gobierno de Donald Trump debe permitir el aborto de una menor indocumentada de 17 años que está embarazada de 15 semanas y se encuentra recluida en un centro de detención para inmigrantes .
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia , donde está la capital del país, estudió hoy el caso durante una audiencia de hora y media y aseguró que emitirá una decisión "pronto".
Los jueces ordenaron este jueves detener el aborto de la menor y pusieron en suspenso la orden de otra magistrada de la Corte del Distrito de Columbia , que había ordenado al Gobierno que respetara la decisión de la menor e hiciera los arreglos oportunos para que pudiera abortar este viernes o el sábado.
La adolescente , identificada como " Jane Doe " para proteger su identidad, obtuvo el 25 de septiembre el permiso de un juez de Texas para abortar, pero los funcionarios que rigen el centro de detención donde está recluida, en Brownsville ( Texas ), se negaron a llevarla a un centro médico para obtener el procedimiento.
Durante la audiencia de hoy, el Gobierno defendió que no está impidiendo a la menor decidir sobre el fin de su embarazo , un derecho que el Tribunal Supremo de EU reconoció en 1973 al determinar que el Estado no puede interferir en la decisión de la mujer ni imponer "cargas excesivas" para dificultar el aborto .
"El Gobierno no está imponiendo ningún tipo de obstrucción al aborto, no está imponiendo ninguna carga excesiva. Lo que esta haciendo es no facilitarlo", defendió la fiscal Catherine Dorsey.
De esa forma, Dorsey argumentó que el Gobierno no está vulnerando los derechos de la menor porque le ofrece dos opciones: volver al país del que huyó para lograr un aborto u obtener la custodia de un tutor para que pueda ser liberada del centro de detención y, entones, poner fin a su embarazo.
"Simplemente no queremos facilitar el aborto, pero no lo estamos impidiendo", aseguró Dorsey.
Los jueces formularon numerosas preguntas a las partes para ver si es posible que la menor sea liberada y quede bajo custodia de un tutor, lo que permitiría poner fin a su embarazo y evitaría el conflicto con el Gobierno, que no tendría que "facilitar" el aborto.
Según la abogada de la menor, Brigitte Amiri , varios tutores se han ofrecido para cuidar de la menor, pero el Gobierno los ha rechazado, impidiendo así el acceso al aborto.
La propia representante del Gobierno, Dorsey, reconoció que el proceso para liberar a una menor de un centro de detención puede llevar tiempo porque los tutores tiene que pasar una serie de controles de seguridad, entre los que se incluye, por ejemplo, visitas a sus casas y revisión de los antecedentes penales.
No obstante, dijo que, en este caso, podría hacerse "con relativa rapidez", aunque rechazó dar datos más concretos.
El tiempo es un factor muy importante porque la menor, detenida el 7 de septiembre en la frontera entre México y EU , está embarazada de 15 semanas y las leyes de Texas establecen que una mujer solo puede abortar antes de cumplirse 20 semanas de embarazo.
Las leyes de Texas , uno de los estados más conservadores de EU, también determinan que la mujer solo puede abortar cuando hayan pasado 24 horas de los consejos recibidos por un médico.
La adolescente ya ha recibido los consejos de un doctor, por lo que podría abortar este mismo sábado.
Los detalles sobre la identidad de la menor se encuentran bajo secreto de sumario, pero hoy durante la audiencia la fiscal indicó que su país de origen no permite el aborto.
El caso ha ganado relevancia a nivel nacional por las consecuencias que podría tener para adolescentes que viven en los centros de detención, donde las autoridades retienen a los inmigrantes que cruzan la frontera de manera irregular o los extranjeros que comenten crímenes y son deportados.
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