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La justicia brasileña retomó este jueves la votación que puede dejar al expresidente Jair Bolsonaro inelegible durante ocho años si es hallado culpable de abuso de poder por desinformar sobre el sistema electoral antes de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El Tribunal Superior Electoral (TSE), con sede en Brasilia, inició su tercera y quizás última sesión hacia las 09H15 (12H15 GMT) sobre este juicio contra Bolsonaro por haber cuestionado sin pruebas las urnas electrónicas en Brasil durante una reunión con embajadores en julio de 2022.
Hasta ahora, solo se pronunció el juez relator, Benedito Gonçalves, que votó a favor de inhabilitar políticamente a Bolsonaro por "abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación".
Se espera que los otros seis jueces del TSE se pronuncien este jueves, aunque no se descarta un aplazamiento, si alguno de ellos pide más tiempo para examinar el caso.
El veredicto se define por mayoría (al menos 4 de 7 votos).
Bolsonaro, ausente de las dos primeras sesiones del juicio, tenía previsto viajar este jueves desde Brasilia a Rio de Janeiro, donde, aseguró, tiene una agenda "amplia".
Al exterior del aeropuerto de la capital, el exmandatario volvió a defender su inocencia.
"No cometí ningún delito al reunirme con embajadores. Querer quitarme los derechos políticos por abuso de poder político es inexplicable", dijo ante la prensa Bolsonaro.
Agregó que todavía confiaba en la "imparcialidad de la mayoría de los jueces del TSE" para obtener un veredicto favorable.
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Bolsonaro cuestionó el sistema electoral de Brasil
El caso se centra en un evento con diplomáticos organizado por Bolsonaro en la residencia presidencial de la Alvorada, en el que aseguró sin pruebas que buscaba "corregir fallas" del sistema de urnas electrónicas con la "participación de las Fuerzas Armadas".
En su discurso, transmitido por la red pública de TV y las redes sociales, el excapitán dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra, algo que el exmandatario repitió en numerosas ocasiones durante la campaña electoral.
El juez Gonçalves vinculó a Bolsonaro con un "discurso violento y mentiras" que pusieron "en jaque la credibilidad de la justicia electoral", y dijo que la reunión con los diplomáticos "sirvió para incitar un estado de paranoia colectiva" sobre el sistema electoral.
Bolsonaro "estimuló tensiones institucionales e instigó la creencia de que la adulteración de los resultados era una amenaza que rondaba la elección de 2022", ganada por estrecho margen por el izquierdista Lula da Silva, añadió Gonçalves.
Los hechos investigados "fueron extremamente nocivos para el ambiente democrático" del país, agregó.
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Inhabilitación de Bolsonaro abriría carrera por liderazgo de la derecha en Brasil
El abogado de Bolsonaro, Tarcisio Vieira, sostiene que las pruebas contra su cliente "son frágiles para una sanción de esa magnitud" y anticipó que en caso de condena, recurrirá la decisión ante la Corte Suprema.
Una inhabilitación política dejaría a Bolsonaro, de 68 años, fuera de las próximas elecciones presidenciales en 2026 y abriría una carrera por el liderazgo de la derecha en Brasil, por ahora sin alternativas claras.
Prácticamente la mitad de brasileños votaron por el expresidente ultraderechista en la segunda vuelta de las elecciones de octubre.
Tras la derrota, bolsonaristas, convencidos de que su líder había sido víctima de un fraude, promovieron cortes en centenares de carreteras y acamparon frente a cuarteles de todo el país pidiendo una intervención militar.
El 8 de enero, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas concentrados en Brasilia invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, del Congreso y de la Corte Suprema.
Bolsonaro se hallaba entonces en Estados Unidos, donde permaneció tres meses, hasta finales de marzo.
Una condena del TSE puede ser el primero de una serie de reveses judiciales del exmandatario, que enfrenta más de una decena de procesos administrativos en el tribunal electoral.
Además es objeto de cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, con penas susceptibles de prisión, incluyendo una por su presunto papel como autor intelectual del asalto a las instituciones en Brasilia.
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mcc