La trama Odebrecht arrasa con la clase política de Perú. Documentos del Ministerio Público o Fiscalía de la Nación —ya divulgados al público— mostraron que a cuentas bancarias de partidos políticos y candidatos peruanos a la Presidencia y al Congreso Nacional entraron cuantiosas donaciones de dinero de la constructora brasileña de 2001 a 2016, para financiar campañas electorales, comprar voluntades y ganar millonarios contratos estatales de infraestructura.
La información, entregada en noviembre de 2017 a la fiscalía por el brasileño Marcelo Odebrecht, ex jerarca de la constructora, desnudó la gigantesca treta de la compañía para penetrar los principales círculos peruanos de poder y acceder, vía sobornos, a negocios con recursos del erario.
“Es un escándalo de megacorrupción que no deja títere con cabeza”, narró el politólogo peruano Fernando Tuesta, profesor de Ciencia Política de la (no estatal) Pontificia Universidad Católica de Perú. “Ya no es un ex presidente comprometido, son todos. El panorama es complicado, incierto. Es gris”, añadió, en entrevista con EL UNIVERSAL.
El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, está en líos por recibir dinero de Odebrecht y “todavía le faltan tres años y medio de los cinco de gobierno. No es improbable su destitución o su renuncia, su situación es cada vez más comprometedora”, advirtió.
Al concluir el 21 de enero anterior la visita de unas 74 horas a este país, el Papa Francisco preguntó por qué cada vez que un presidente peruano concluye su gestión es encarcelado, y señaló a cuatro ex mandatarios.
Por el complot Odebrecht, y mencionados por el Papa, son señalados Alejandro Toledo (2001—2006), fugado en Estados Unidos con orden mundial de arresto y solicitud de extradición; Ollanta Humala (2011—2016), quien sigue preso por presunto blanqueo de activos, y Alan García (2006—2011) es indagado por supuestos sobornos. Los tres negaron los cargos.
También se refirió a Alberto Fujimori (1990—2000), cuya hija —Keiko— es investigada por la fiscalía por presuntamente recibir donaciones de Odebrecht para su campaña presidencial de 2011, en la que perdió.
“Se entrampó la política”, alertó Diego Macera, gerente general del (no estatal) Instituto Peruano de Economía (IPE). “En la resaca de la visita papal, hay una innegable debilidad del Poder Ejecutivo, pero sin sensación de pánico económico”, señaló.
Con Kuczynski, conocido como PPK, atrapado en la controversia, las claves de la profunda crisis política son las siguientes:
—Perú es uno de los 10 países latinoamericanos en los que Odebrecht sobornó para ganar licitaciones públicas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en diciembre de 2016 que las coimas sumaron al menos 788 millones de dólares en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.
—Odebrecht admitió que en Perú llegaron a 29 millones de dólares. El mayor monto —20 millones de dólares— habría sido para Toledo, en cuyo gobierno Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas (2004 a 2005) y presidente del Consejo de Ministros (2005 a 2006).
—En noviembre de 2007, PPK negó nexos con la constructora, pero en diciembre, tras revelaciones legislativas, admitió que recibió dinero por asesorías a la firma en dos sociedades anónimas suyas y alegó que nada fue “indebido”: 782 mil 207 dólares a Westfield Capital, de febrero de 2004 a julio de 2006, y 4.05 millones de dólares, de 2006 a 2013, a First Capital.
—Kuczynski sorteó el 21 de diciembre pasado una maniobra en el Congreso, promovida por la opositora y fujimorista Fuerza Popular (FP), para destituirlo por incapacidad moral por los lazos con la constructora. Aunque en ese momento tenía 71 de los 130 escaños, que con los de otros partidos habrían sido suficientes para declarar la vacancia presidencial, FP se dividió y un bloque minoritario, dirigido por el congresista Kenji Fujimori, hijo del ex gobernante, rompió la línea de partido, evitó aprobar la destitución y salvó a PPK. Con la división, FA quedó con 61.
—La crisis se agravó el 24 diciembre, porque Kuczynski indultó por salud al ex presidente Fujimori, quien purgó 10 de 25 años de cárcel a los que fue sentenciado en 2009 por crímenes de lesa humanidad. PPK, de 79 años, desmintió que hubiera un pacto oculto con Fujimori hijo para indultar a cambio de evitar la destitución, pero su caso con Odebrecht está abierto en el Congreso y en la fiscalía y ya surgió otra iniciativa para destituirlo.
—Los opositores partidos izquierdistas Frente Amplio (FA), con 10 sillas parlamentarias, y Nuevo Perú, con 10, comenzaron a gestionar a inicios de enero pasado un pedido para que el Congreso declare la vacancia por permanente incapacidad moral de PPK y lo destituya, pero ahora por lo que catalogaron como el ilegal indulto a Fujimori. El congresista Yonhy Lescano, de la derechista opositora Alianza Popular, con cinco legisladores, dijo al diario El Comercio, el principal de Perú, que PPK “ha hecho muchos méritos para que lo saquen de presidencia, ha mentido mucho y escondido información”.
Con este entarimado, la inquietud crece y se generaliza en Perú, que todavía recuerda sus épocas de profunda crisis política y socioeconómica y de terrorismo de 1980 a 2000.
Macera relató que “la mayor incertidumbre” surgió en diciembre con la opción de que el Congreso destituyera al presidente, porque los vicepresidentes —Mercedes Aráoz y Martín Vizcarra— anunciaron que dimitirían de inmediato. “Habría sido necesario llamar a elecciones generales. Si el escenario se repite, es muy problemático: se abre el camino a mucha más incertidumbre y cualquiera puede resultar electo presidente”, alertó.
Así, la intriga Odebrecht avanza y acorrala a la clase política peruana.
