San José.— Cuando el peruano Martín Alberto Vizcarra Cornejo compareció el 23 de marzo de 2018 ante el Congreso Nacional de Perú para asumir la presidencia de ese país en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, en la cúspide de un escándalo de sobornos, lanzó un pacto social anticorrupción para castigar a los culpables de cualquier irregularidad con los dineros públicos.
Si un caso de corrupción encumbró a Vizcarra a la presidencia de Perú, otro lo desbancó.
Frente a una de las más graves y convulsas crisis domésticas de los últimos 30 años, Vizcarra juró para completar los últimos 40 meses de los 60 para los que Kuczynski debió gobernar desde el 28 de julio de 2016.
Al dejar de ser vicepresidente primero, planteó un paisaje político que, con el destape de sus propias presuntas irregularidades, finalmente también le sacó del poder.
“Tengo claro lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Tengo la firmeza, apertura al diálogo y la determinación para conducir al país por el camino correcto. Propongo a ustedes, congresistas, y ante todos los peruanos de cualquier ideología y credo, un pacto social que nos comprometa a fin de luchar sin distingo alguno contra la corrupción e impulsar el desarrollo”, puntualizó en su primer mensaje al país.
“No hay tiempo que perder”, exclamó.
Casi 23 meses después de que juró como noveno presidente de la era democrática de Perú, que empezó en 1980 después de antecederle un régimen militar dictatorial, Vizcarra salió por la puerta trasera del máximo cargo de su país tras emerger como una pieza más de la corrupción política por su propio historial.
El Congreso destituyó ayer a Vizcarra por 105 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones, luego de que se descubrió que siendo gobernador o presidente regional del sureño departamento (estado) de Moquegua, de 2011 a 2014, recibió sobos millonarios por una serie de obras públicas.
Vizcarra negó los cargos, pero el Congreso declaró su vacancia del puesto por “incapacidad moral permanente”.
Una receta legislativa similar llevó a Vizcarra a la presidencia como sucesor del dimitente Kuczynski, conocido como PPK y obligado a renunciar el 21 de marzo de 2018 por uno de los más graves escándalos de corrupción política en esa nación de unos 32 millones de habitantes.
PPK cayó por supuesta corrupción y está en líos judiciales, porque primero negó y después admitió que recibió más de 4.7 millones de dólares por asesorías a la constructora brasileña Odebrecht, de 2004 a 2013, por lo que prefirió renunciar, al quedar expuesto, que ser destituido por el Congreso por “incapacidad moral permanente”.
De 57 años, casado y con tres hijas y un hijo, Vizcarra se sumó a una tendencia sostenida en la política peruana con las expulsiones de Alan García (se suicidó en 2019), Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y PPK —acorralados en la maraña imparable de la supuesta corrupción.
