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Quito, 4 oct.- Los expresidentes Rafael Correa, de Ecuador (2007-2017); Evo Morales, de Bolivia (2006-2019); y Ernesto Samper, de Colombia (1994-1998); así como el exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias, se encuentran entre los firmantes de una carta del Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas, que pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene a Ecuador liberar al encarcelado exvicepresidente de Correa.
Glas se encuentra recluido en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, después de ser detenido en el asalto policial a la Embajada de México en Quito acontecido en abril, para cumplir con una orden judicial de detención, emitida antes de que el Gobierno mexicano le concediese asilo diplomático.
La carta insta a la CIDH a ampliar las medidas cautelares que ya le concedió en 2019 a Glas, para que sea excarcelado y se le reconozca la condición de asilado diplomático que le dio el Gobierno mexicano.
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Entre los firmantes del pronunciamiento también se encuentra la secretaria general del partido de izquierda español Podemos Ione Belarra y la eurodiputada por esa misma formación política Irene Montero, así como el exjuez español Baltasar Garzón.
En esta ocasión no se encuentra entre los suscriptores de la misiva el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo nombre sí aparecía en anteriores pronunciamientos del Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas.
Otros destacados políticos que figuran entre las rubricas son el excanciller venezolano Jorge Arreaza, que actualmente ejerce como secretario ejecutivo del Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el coordinador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami.
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Visita de CIDH suspendida
El Comité Internacional para la Libertad de Jorge Glas manifestó su preocupación por que se haya suspendido una visita de la CIDH que, según este colectivo, estaba programada para finales de septiembre para constatar las condiciones de carcelería del exvicepresidente.
Sin embargo, advirtió que la CIDH puede tomar la decisión de ampliar las medidas cautelares sin realizar obligatoriamente la visita.
En ese sentido, el Comité recordó que Glas "padece múltiples enfermedades crónicas, entre ellas espondilitis anquilosante, hipertensión arterial, fibromialgia y gastritis crónicas, además de graves trastornos mentales", al punto que a los pocos días de ser encarcelado intentó aparentemente suicidarse con una sobredosis de medicamentos, y luego inició una huelga de hambre.
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Asimismo, este colectivo aseguró que "las violaciones continuas a los derechos humanos han provocado un cuadro depresivo profundo en Jorge Glas", con diagnósticos que reflejan "un estado mental extremadamente frágil, con alto riesgo de intentos de suicidio".
"La tortura y los tratos crueles a los que Jorge Glas ha sido sistemáticamente sometido también son evidentes en las declaraciones públicas recurrentes del presidente Daniel Noboa, quien utiliza a Glas como un trofeo político, ridiculizando su situación y aumentando el sufrimiento psicológico al que está expuesto", aseveró el Comité.
Condena pendiente
Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra.
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En el momento de su detención en la Embajada de México en Quito, Glas tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años de prisión cuando salió en libertad por orden de un juez que esta semana fue condenado a dos años de cárcel por prevaricación a causa de esa decisión.
La orden judicial de detención contra Glas fue emitida en el marco de un tercer proceso penal en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, un caso donde se encuentra en calidad de imputado.
México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.
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