Madrid

.- La pandemia del no sólo está poniendo en jaque a la sociedad y la economía española. También afecta a los mexicanos detenidos en España y que tienen cuentas pendientes con la justicia. El sector judicial suspendió prácticamente todas sus diligencias, lo que retrasará inevitablemente los procesos de extradición que se siguen en la Audiencia Nacional de España contra el exdirector de Pemex, a , y el dueño de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA), .

"El dictado del auto de extradición (de Ancira ) está suspendido, porque así lo acordó el Consejo General del Poder Judicial en relación con todas las actuaciones judiciales que no fueran urgentes", señala a EL UNIVERSAL el abogado de Ancira, Manuel Ollé.

"En nuestro caso, como se trata sólo del dictado de un auto, entendemos que no se conculca ningún derecho, dada la difícil situación que estamos viviendo", agrega el letrado que defiende al empresario mexicano.

Fuentes judiciales confirmaron que la Audiencia Nacional no está tramitando ninguna demanda de extradición, ya que sólo se están atendiendo los casos más prioritarios en estos momentos de grave crisis sanitaria.

"Los procesamientos están suspendidos, se han diferido los plazos, por lo que no corre el tiempo en ninguno de los casos pendientes", agregaron las fuentes sobre la ralentización de la dependencia judicial de Madrid que se encarga de las extradiciones y que reemprenderá sus actividades cuando el país ibérico vuelva a la normalidad, aunque lo haga de forma escalonada.

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La proclamación por parte del Gobierno español del Estado de Alarma y el confinamiento en sus casas de todos los ciudadanos que no trabajen en la sanidad o en sectores esenciales para impedir la paralización total de la economía, condujo a la Audiencia Nacional al cese de todas las actividades, salvo las consideradas urgentes o inaplazables y las del servicio de guardia.

Tras su última declaración presencial, Ancira está a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva su recurso contra el proceso de extradición iniciado por las autoridades mexicanas por los supuestos delitos de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal.

El empresario mexicano que se halla en libertad bajo fianza, proclama su inocencia, se considera un perseguido político y asegura que México es un país sin leyes, por lo que no tiene garantías de ser juzgado conforme a derecho. Fueron entre otros los argumentos que utilizó para oponerse a su entrega a las autoridades mexicanas, luego de que la policía española lo capturara en mayo de 2019 en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en cumplimiento de la orden de aprehensión internacional que giró el gobierno de México por supuestos delitos de fraude y corrupción.

Por su parte, Lozoya se encuentra preso en la cárcel de Navalcarnero de Madrid tras su detención por la interpol el 12 de febrero en la provincia andaluza de Málaga, cuando abandonaba una lujosa urbanización.

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Acusado por la FGR de graves delitos de corrupción, entre ellos haber recibido durante su gestión al frente de Pemex más de diez millones de dólares en concepto de soborno por parte de la constructora brasileña Odebrecth, Lozoya está también a la espera de que inicie su proceso de extradición. Al igual que Ancira , con el que comparte supuestas actividades delictivas, se niega a ser entregado a las autoridades mexicanas.

Luego de que la FGR enviara a la judicatura española la solicitud formal para la extradición de Lozoya , dio comienzo el proceso cuya demora por lo general es de varios meses, aunque probablemente la crisis del coronavirus alargará los plazos. En el caso de Ancira, ya está ocurriendo. La Audiencia Nacional debería haberse pronunciado sobre su extradición hace varios días.

En cualquier caso, la última palabra sobre la suerte final de Ancira y Lozoya la tiene el Consejo de Ministros del Gobierno español que será el encargado de dar luz verde a la entrega de los dos prófugos a las autoridades mexicanas si es que finalmente la Audiencia Nacional, una vez que el país ibérico regrese a la normalidad, decide aprobar su extradición.

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