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El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana se pusieron de acuerdo en algo por primera vez en mucho tiempo.
Ambas partes firmaron un acuerdo para “trabajar coordinadamente” en la lucha contra la pandemia del coronavirus en Venezuela con la mediación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Pocas horas después de conocerse el acuerdo, el líder opositor Juan Guaidó anunció que su tío, Juan Márquez, encarcelado desde el pasado mes de febrero acusado de intentar introducir explosivos en Venezuela, había sido trasladado a su casa.
Guaidó no aclaró si el cambio en el lugar de detención de su tío tiene relación con el acuerdo alcanzado con el gobierno.
El documento suscrito por el gobierno y la oposición supone un acontecimiento inesperado, ya que ambas partes mantienen desde hace años una enconada lucha por el poder que ha hecho enquistarse el conflicto político en Venezuela.
Pese a que ha reportado muchos menos casos de coronavirus que vecinos como Colombia o Brasil, Venezuela es según la OPS uno de los países más vulnerables de América Latina frente a la amenaza de la covid-19.
Además, organismos internacionales han alertado de que la pandemia podría agravar la crisis económica en un país en el que un tercio de la población no recibe comida suficiente.
¿Qué dice el acuerdo?
El documento afirma que "ambas partes proponen trabajar coordinadamente, con el apoyo de la OPS, en la búsqueda de recursos financieros que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades del país para hacer frente a la emergencia sanitaria".
Igualmente, se fijaron unas líneas de actuación prioritarias, entre las que destacan la vigilancia epidemiológica, la atención adecuada y el aislamiento a los casos confirmados de coronavirus, y la protección a los profesionales sanitarios.
El texto tiene la firma de Carlos Alvarado, en calidad de ministro de Salud de Maduro; Julio Castro, en calidad de “asesor en temas de salud” de la Asamblea Nacional; y Gerardo de Cosio, representante de la OPS en Venezuela.
Venezuela vive desde hace años una crisis política que ha llevado a una fractura en las instituciones del país, que ha asistido a protestas masivas e intentos de insurrección armada contra el gobierno.
En enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, acusó a Maduro de ser un “usurpador” y se declaró presidente interino. Guaidó obtuvo rápidamente el reconocimiento de Estados Unidos y la mayoría de países de la Unión Europea y Latinoamérica.
Maduro y sus seguidores, en cambio, afirman que Guaidó es un “títere” de Estados Unidos y acostumbran a referirse a la oposición como “terrorista” y “golpista”. El gobierno conserva el apoyo de China, Rusia, Cuba e Irán, entre otros países.
"Un importante avance"
Para Geoff Ramsey, analista de la Oficina de Washington para América Latina, el acuerdo supone “un importante avance” que llega “después de una presión coordinada desde la sociedad civil y grupos pro derechos humanos”.
Ivan Briscoe, del International Crisis Group, cree que el acuerdo es “un primer, pequeño y frágil paso, aunque enormemente significativo”.
En las últimas semanas, habían aumentado los llamamientos a ambas partes para que dejaran de lado sus diferencias políticas, permitieran la llegada de ayuda humanitaria internacional y priorizarán la atención a la población.
Tras conocerse el acuerdo, se pudieron apreciar cambios de tono tanto en el gobierno como la oposición.
Después de meses de abogar por una política de “máxima presión” para forzar la salida del gobierno, que ha tenido en las sanciones de Estados Unidos contra Maduro su principal instrumento, Guaidó aseguró que su estrategia "se centra en salvar vidas”.
El diputado opositor Stalin González destacó la importancia del acuerdo.
Desde el gobierno, su vicepresidente Jorge Rodríguez, lo calificó como “una buena noticia”. El canciller, Jorge Arreaza, resaltó que el pacto supone poner “la salud del pueblo por encima de cualquier diferencia”.
Cómo afecta a la crisis política en Venezuela
Pese al acuerdo alcanzado, persisten las dudas sobre cómo podrá llevarse a la práctica y, sobre todo, la interpretación que gobierno y oposición hacen del mismo.
Los mensajes de ambas partes indican que aún hay fuertes diferencias.
El documento del acuerdo se titula “colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Equipo Asesor de la Asamblea Nacional”, lo que implica que ambas partes se reconocen una condición que no admiten públicamente.
Para la oposición venezolana el gobierno es ilegítimo y Maduro un “dictador”, como el mismo Guaidó reiteró solo horas después de conocerse el acuerdo.
Y el gobierno admite implícitamente en el documento que Guaidó y su equipo siguen fungiendo como la junta directiva de la Asamblea Nacional, lo que choca con la postura que ha sostenido desde el pasado enero, cuando dio por concluido el mandato de Guaidó al frente del legislativo, y una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó que Guaidó ya no puede ser considerado presidente del Parlamento.
No casualmente, los portavoces del gobierno se refirieron al acuerdo alcanzado con “grupos de la oposición” y no con la Asamblea Nacional, como se recoge en el texto filtrado a la prensa.
Para el chavismo en el poder, la Asamblea Nacional verdadera es la que preside un diputado tránsfuga acusado de corrupción que fue proclamado el pasado enero en una sesión en la que las fuerzas de seguridad impidieron la entrada de Guaidó y otros diputados de la oposición.
Por otra parte, Guaidó afirmó que el acuerdo fue el fruto de la insistencia de las fuerzas opositoras en que el gobierno permitiera la “donación aprobada por la Asamblea Nacional”, un extremo que no ha sido confirmado ni por el gobierno ni la OPS.
El conflicto de fondo sigue vigente y enredado. La oposición y sus aliados internacionales insisten en que Maduro debe convocar unas elecciones presidenciales con garantías como única vía “para restablecer la democracia”.
Mientras Maduro insiste en que las próximas elecciones deben ser las legislativas y, hace pocos días, la Fiscalía activó un procedimiento para declarar “organización terrorista” al partido de Guaidó.
Para el líder opositor, además, no resultará fácil avanzar en la vía de los acuerdos con el gobierno y mantener la unidad de las filas opositoras, como revelan las críticas que ya ha recibido de destacados dirigentes del antichavismo contrarios a cualquier diálogo con Maduro.
La ayuda humanitaria a Venezuela se acerca. La solución a su larga crisis política, parece, por ahora, aún lejana.
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