Seúl.— El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, defendió el jueves su decreto de ley marcial, al cual calificó como un acto de gobierno, y refutó las acusaciones de rebelión en una declaración en la que indicó que no tiene intención de dimitir y rechazó los intentos de someterlo a juicio político y las investigaciones sobre la medida adoptada la semana pasada.
La declaración televisada de Yoon se produjo horas antes de que el principal partido de oposición, el Partido Democrático, presente una nueva moción para abrir juicio político a Yoon. El partido de la oposición planea someter la moción a votación el sábado.
Su anterior intento de someter a Yoon a juicio político fracasó el sábado pasado, cuando los legisladores del partido gobernante boicotearon la votación en la Asamblea Nacional.
El decreto de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre ha generado caos político y protestas que piden su destitución.
“Lucharé hasta el final para impedir que las fuerzas y grupos criminales responsables de paralizar el gobierno del país y alterar el orden constitucional amenacen el futuro de la República de Corea”, declaró Yoon.
Yoon dijo que su introducción de la ley marcial pretendía defender la democracia liberal y el orden constitucional del país frente al partido de oposición, el cual, según dijo, ha paralizado las actividades del Estado y amenaza la Constitución.
Además dijo que su decreto de ley marcial era un acto de gobierno que no puede ser objeto de investigaciones y no equivale a una rebelión.
Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, declaró que "ordené al Ministro de Defensa Nacional para que inspeccione el sistema informático de la Comisión Nacional Electoral", durante su decreto de ley marcial de la semana pasada.
En un mensaje a la nación, añadió que "hay muchos asuntos más serios que no podría soportar revelar hasta antes de la medida". Agregó, de acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, que "en la segunda mitad del año pasado, hubo un ataque de piratería por parte de Corea del Norte contra instituciones constitucionales y agencias gubernamentales, incluida la Comisión Electoral Nacional.
"El Servicio Nacional de Inteligencia lo descubrió e intentó verificar las fugas de información y el sistema informático (...) El Servicio de Inteligencia Nacional aceptó la inspección y se llevó a cabo la inspección del sistema”, dijo.
“Sin embargo, la Comisión Electoral Nacional se negó obstinadamente, alegando que es una institución constitucional”, dijo. “Luego, cuando estalló un incidente de fraude de reclutamiento a gran escala en la Comisión Electoral Nacional y fue objeto de auditoría e investigación, dijeron que serían inspeccionados por el Servicio de Inteligencia Nacional, sin embargo, sólo una pequeña parte de todo el equipo del sistema fue inspeccionado; cumplí y el resto no cumplió”, señaló.
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El presidente Yoon dijo: "Sólo inspeccionamos una parte del equipo del sistema, pero la situación era grave. Cuando el empleado del Servicio Nacional de Inteligencia intentó piratear la manipulación de datos fue posible y el firewall era prácticamente inexistente".
Y agregó: "La contraseña era muy simple, como '12345'" y agregó: "Como presidente en ese momento, me sorprendió cuando recibí el informe del Servicio Nacional de Inteligencia".
Añadió: "¿Cómo puede la gente confiar en los resultados de las elecciones cuando el sistema informático que gestiona las elecciones, el núcleo de la democracia, está tan desordenado? Y añadió: "La Comisión Electoral Nacional es un órgano constitucional y los funcionarios judiciales son miembros". por lo que el registro e incautación o la investigación obligatoria mediante orden judicial son imposibles”.
El presidente Yoon dijo: "Incluso antes de las elecciones generales de abril de este año, solicitamos mejoras en áreas problemáticas, pero no está claro si se han mejorado adecuadamente. Por esta razón, ordenó al exministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, a inspeccionar el sistema informático de la Comisión Electoral Nacional durante esta ley marcial de emergencia", reveló.
En el mensaje a la nación, añadió que "si consideras la ley marcial como una guerra civil, estás poniendo en peligro la Constitución".
El miércoles, una unidad especial de investigación de la policía surcoreana allanó el despacho del presidente, investigado por insurrección después de la controvertida y breve declaración de una ley marcial la semana pasada.
La insólita medida dejó en el limbo el cargo de Yoon y se ha llevado por delante a altos cargos como el exministro de Defensa que, según las autoridades penitenciarias, intentó suicidarse antes de ser formalmente arrestado.
En la noche del 3 de diciembre, Yoon declaró la ley marcial y envió soldados y helicópteros al Parlamento en un aparente pero fallido intento de evitar que la mayoría opositora votara en contra del decreto.
Profundamente impopular entre la sociedad surcoreana, Yoon escapó a una primera moción de destitución gracias al boicot de los diputados de su partido, pero el sábado se enfrentará de nuevo a una segunda moción presentada por la oposición.
Entretanto, el presidente conservador tiene prohibido dejar el país por la investigación de "insurrección" contra él y su círculo cercano.
El miércoles, una unidad especial de investigación anunció "un allanamiento en la oficina presidencial, la Agencia Nacional de Policía, la Agencia de la Policía Metropolitana de Seúl y el Servicio de Seguridad de la Asamblea Nacional".
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