Seúl.- El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) surcoreano, Park Chong-jun, se presentó este viernes a declarar ante el ente que investiga al presidente, , ante acusaciones de que obstruyó deberes oficiales durante el fallido arresto del mandatario y pidió que no haya "derramamiento de sangre" cuando se le intente apresar nuevamente.

"Creo que muchos deben estar profundamente preocupados ante la situación actual, con organismos gubernamentales enfrentándose entre sí", explicó Park en declaraciones a los medios a su llegada a la sede del equipo de investigación conjunta, donde aseguró que "no debería haber enfrentamientos físicos ni derramamiento de sangre bajo ninguna circunstancia".

Park se refirió así al tenso encaramiento entre los investigadores de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO) y el PSS, que el pasado viernes no permitió el acceso al interior de la residencia presidencial para aprehender a Yoon, lo que obligó a cancelar el operativo para el arresto.

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"Creo que la investigación debería proceder de una manera acorde con el estatus de un presidente en funciones", añadió Park en referencia a que Yoon, aunque fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre por su fallida declaración de la ley marcial 11 días antes, sigue siendo nominalmente jefe de Estado y Gobierno hasta que el Tribunal Constitucional determine si su cese debe ser o no ratificado.

Tanto los abogados como las figuras que apoyan a Yoon han defendido que en anteriores procesos de destitución presidencial, como el que afectó a Park Geun-hye (que gobernó entre 2013 y 2017) por un caso de corrupción, se permitió que el Constitucional emitiera primero su fallo antes de emprenderse una investigación criminal contra ella.

En todo caso, a Yoon se le está investigando por insurrección, el único delito para el que no prevalece la inmunidad presidencial en Corea del Sur.

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A su vez, las pesquisas no las está llevando a cabo la Fiscalía, como teóricamente marca la ley, sino un equipo formado por la Policía, el Ministerio de Defensa Nacional y la CIO, un ente, este último, creado en 2021 por el anterior Gobierno liberal para recortar los poderes que ostentaba el ministerio fiscal, encabezado entonces por el propio Yoon Suk-yeol, que dimitió poco después para postularse como candidato conservador.

Los abogados del presidente consideran pues que tanto la CIO como el juzgado que expidió y después prolongó la orden de arresto temporal contra Yoon carecen en realidad jurisdicción sobre el caso, y por lo tanto tachan el edicto de "ilegal" y han vuelto a solicitar su anulación y una aclaración sobre competencias, esta vez al Tribunal Constitucional.

Tras el fracaso del pasado viernes, se espera que los investigadores traten de ejecutar de nuevo la orden de arresto en los próximos días.

En caso de que logren arrestar a Yoon, el equipo conjunto dispone de 48 horas para interrogar a Yoon e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo creen necesario.

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desa/mgm

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