Buenos Aires.- Dos nuevos casos de embarazo en dos niñas de 11 años en Argentina en las provincias de Mendoza (oeste) y Salta (norte), producto del presunto abuso y violación de su padrastro , reavivó la controversia en el país sobre el acceso al aborto no punible por parte de víctimas de violencia sexual .
En el caso de la niña que a principios de mayo apareció en un hospital salteño con dolores abdominales tras los que reconoció que era abusada por su padrastro y se terminó confirmando su embarazo, la Ley federal de esa provincia no contempla la interrupción de la gestación, ya que solo se puede realizar hasta la semana 12 y la niña se encontraba en su semana 19.
Aun con cinco meses de gestación, la salud de la niña peligra gravemente por su juventud, y el Código Penal argentino establece como excepción que no es punible el aborto con el consentimiento de la mujer si "se ha hecho con el fin de evitar un peligro" para su salud, y "si este peligro no puede ser evitado por otros medios".
Aunque un fallo judicial estableció en 2012 que el aborto no es punible en caso de ser resultado de una violación, y se indicó que no es necesario acudir a la justicia para su realización, varias provincias no se han adherido todavía a ese fallo, algo que ha cambiado recientemente en lugares como La Pampa -que se aprobó hace apenas dos días- o Salta, que se adhirió la semana pasada a partir de este caso.
Por otro lado, la niña de también 11 años de la provincia de Mendoza decidió, según informaron hoy diferentes medios locales, mantener su embarazo y ahora se encuentra en el cuarto mes de gestación.
Este caso se dio a conocer a raíz de la denuncia de una maestra del municipio mendocino de Junín, que dejó constancia de que, dentro de una familia de 5 hermanos, la menor está embarazada de entre 16 y 20 semanas producto de los abusos de la pareja de su madre.
Mendoza es otra de las provincias que nunca adoptaron el fallo nacional de 2012 de aborto no punible, por lo que no existe ley que ampare el caso de esta menor y futura madre.
Este febrero, la ministra de Salud de esta provincia, Elisabeth Crescitelli, transmitió la noticia de que no se pondría en vigencia este protocolo, y que quedarán a la espera de ver lo que sucederá con la ley de interrupción voluntaria del embarazo que se debate de forma histórica en el Congreso de la Nación.
"Enfocarse en la discusión de un protocolo no es el centro del problema porque nosotros, de hecho, damos discusión y resolvemos los problemas del hospital público dentro de lo que es legal", expresó Crescitelli.
En medio de esta situación, el próximo 13 de junio la Cámara de Diputados argentina debatirá y votará un histórico proyecto para la despenalización del aborto.
A principios de marzo pasado, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina presentó, por séptima vez, un proyecto de ley con la firma de 71 legisladores de distinto signo político que establece que toda mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación y, después de ese plazo, en los dos casos permitidos hoy o si existen malformaciones fetales graves.
Actualmente, el país rige su normativa al respecto por el Código Penal de 1921, que considera el aborto un delito, aunque contempla que "no es punible" cuando es necesario evitar un peligro para la salud de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación.