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En el último trimestre de 2017 Estados Unidos ha vivido dos de los cinco peores tiroteos de su historia moderna. El 1 de octubre, Stephen Paddock, de 64 años, mató a 58 personas e hirió a más de 550 desde el piso 32 del hotel Mandalay, en Las Vegas. Un mes después, el 5 de noviembre, Devin Kelley, de 26 años, asesinaba a 26 feligreses de una iglesia de Sutherland Springs (Texas).
Las armas forman parte del día a día de EU. El doctor Garen Wintemute, director del programa de Investigación sobre Prevención de la Violencia de la Universidad de California en Davis, escribió después del tiroteo en Las Vegas que con masacres como esa la psique del estadounidense cree que “todos estamos en riesgo”, algo que, en su opinión, está “remodelando el carácter de la vida pública en Estados Unidos”.
En el país hay más de 300 millones de armas en manos de civiles, casi una por habitante. Según datos de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC), entre 1999 y 2015 murieron 533 mil 873 personas por causas relacionadas con una pistola, rifle o algún tipo de arma de fuego. Eso significa más de 33 mil muertes anuales, cifra en aumento en los últimos dos años.
La facilidad de adquirir un arma es apabullante. Se pueden comprar en grandes almacenes y supermercados de varios estados, y no parece que eso vaya a cambiar debido a la pasión por la famosa Segunda Enmienda de la Constitución, que según una resolución del Supremo valida el derecho de toda persona a ir armado en EU.
El efecto de tiroteos como el de Las Vegas o Texas es siempre el mismo: tras una masacre masiva, la venta de armas crece de forma exponencial, como temiendo que se abra un debate que conlleve a una restricción o escasez, o simplemente por instinto de protección. En mayo, un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine confirmó con datos la teoría de que, tras grandes masacres, las ventas de armas aumentan.
Según los investigadores, tras el tiroteo en la escuela Sandy Hook de Newtown (Connecticut), en 2012, donde murieron 20 niños y seis adultos, las ventas de armas crecieron 53% en las seis semanas posteriores. Tras el atentado en San Bernardino (California) en 2015, se adquirieron 41% más de pistolas y rifles.
Este mismo diciembre, otro estudio en la revista Science aseguró que en los cinco meses posteriores a Sandy Hook se vendieron 3 millones de armas más de las habituales, multiplicando el numero de muertes por disparo.
Aun así, la industria armamentística está preocupada. Sus ventas son menores que el año pasado, aunque en el último Black Friday las armas fueran uno de los productos estrella. Según datos del FBI hubo al menos 203 mil 86 solicitudes de antecedentes penales, paso necesario antes de adquirir cualquier tipo de armamento. La cifra es sólo un aproximado, ya que pueden comprarse más de un producto con una única solicitud.
American Outdoor, uno de los principales fabricantes, rebajó sus beneficios por las “condiciones del mercado”. En 2016, la industria vivió un repunte en las ventas ante la posible victoria electoral de la demócrata Hillary Clinton y el temor de que se restringiera el acceso a las armas. Con Donald Trump en la Casa Blanca, el miedo ha desaparecido.
Acciones en sentido contrario. Pese a las masacres, el mensaje desde la administración Trump y los sectores próximos al lobby armamentístico es unitario: “No es momento de politizar el asunto”. Las leyes para un control de armas se pierden por los pasillos del Congreso, por dejadez o falta de voluntad política. Y, cuando hay acción, no siempre es en la dirección que se esperaría. La primera semana de diciembre, la Cámara de Representantes legisló sobre armas y lo hizo para dar más libertad a los propietarios de pistolas y rifles.
La Cámara Baja aprobó una ley que permite llevar oculta una arma, sea o no legal en el estado donde se esté, siempre que sea con el permiso correspondiente. El lobby armamentístico, encabezado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA), aplaudió el “reconocimiento del derecho (…) a defenderse” de los estadounidenses. Para la NRA, “a un hombre malo armado sólo lo para un hombre bueno armado”; el caso de Texas pareció confirmarlo, ya que Kelley fue neutralizado por vecinos del pueblo con rifles.
En cambio, la ex congresista Gabrielle Giffords, quien fue gravemente herida en un tiroteo que dejó seis muertos en Arizona en 2011, señaló tras la aprobación de la ley que “el Congreso ha fallado al pueblo estadounidense... estos políticos están jugando con nuestra seguridad a cambio de contribuciones políticas del lobby de las armas”.
Ese mismo día, en el Senado se llevó a cabo una audiencia para ver qué hacer con los bump stocks, accesorios que convierten rifles semiautomáticos en automáticos y que usó Paddock en Las Vegas para disparar más de mil 100 balas en menos de 10 minutos. “¿Cómo se puede justificar esta herramienta para cazar?”, se preguntó Thomas Manger, presidente de la Asociación de jefes policiales de grandes ciudades de EU, abogando por su prohibición.
La audiencia llegaba más de dos meses después del tiroteo, en un Congreso en el que, a día de hoy, el tema del control de armas no es prioritario.
Lo mismo pasa con la opinión pública. Aunque más de 80% de los estadounidenses aprueba un mayor control en el acceso a armas, la presión social es mínima y sólo se exacerba tras un momento crítico. Tras el shock de una masacre, que dura varios días, el ritmo mediático y el interés político lleva a otros debates, y la causa por el control de armas queda otra vez abandonado y escondido, a la espera de reaparecer con otra carnicería que haga encoger el corazón de EU.
No hay visos de solución inmediata, ni de voluntad por hacerlo. Mientras, los muertos se acumulan: el día después de la votación y el debate en el Congreso, dos estudiantes latinos eran asesinados en un instituto de Aztec (Nuevo México) por los disparos de un ex alumno que terminó suicidándose. Fue el tiroteo número 328 del año.
