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San José. – Luego de casi 74 años de vivir sin ejército, confiar su seguridad interna a una policía civil y a un Estado de Derecho y de ser una excepción en América Latina y el Caribe, Costa Rica demostró que militarización no rima con democracia ni con mayor seguridad interna y que para enfrentar a los cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico internacional tampoco necesita de tanques o cañones ni de soldados en las calles.
Aunque los cárteles mexicanos —en especial Sinaloa y Jalisco Nueva Generación— y sus socios colombianos y centroamericanos se infiltraron a estratos policiales y judiciales costarricenses y operan en este país, la realidad es que Costa Rica nunca debatió la posibilidad de restablecer el ejército ni de recurrir a fórmulas militares para enfrentar a esas y otras estructuras del crimen organizado local, nacional, regional y transnacional.
“Combatir el narcotráfico supone monitorear y sancionar los desplazamientos ilícitos de capitales y de la droga y erradicar la corrupción. Además, se debe neutralizar la violencia”, afirmó el diplomático y abogado costarricense Enrique Castillo, ex canciller y ex embajador de Costa Rica en Reino Unido, Francia y la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Ninguna de esas funciones se logra con soldados y armas de combate sino con información, inteligencia, tecnología y personal insobornable”, dijo Castillo a EL UNIVERSAL.
“Dos países lo comprueban. Italia logró en (las décadas) de 1970 y de 1980 (…) desterrar el terrorismo de la mafia, no con el ejército: lo hizo con los carabineros y jueces y fiscales insobornables”, explicó.
“Costa Rica no tiene ejército y lleva su combate eficaz con la policía judicial, muy profesional, capacitada en labores de inteligencia y seguimiento, con una fiscalía y tribunales honestos en su gran mayoría”, agregó.
Tras subrayar que “involucrar al ejército en la lucha contra el crimen organizado, particularmente contra el narcotráfico, ya ha probado en el propio México no ser una buena idea”, recordó que gobiernos mexicanos anteriores “lo intentaron y fracasaron”.
Sin precedentes
Ni los cárteles del narcotráfico ni otras modalidades de la delincuencia organizada existían cuando Costa Rica decidió, el primero de diciembre de 1948, abolir el ejército, en una medida unilateral y sin precedentes mundiales.
Desprestigiado por un golpe de Estado que instaló un régimen de facto de 1917 a 1919, un conflicto bélico frente a Panamá en 1921 y la represión política que desató en la década de 1940, el ejército fue abolido por José Figueres (1906-1990) como general victorioso de una sangrienta guerra civil en marzo y abril de 1948. Con alternancia, Figueres fue tres veces presidente (1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974).
La ausencia de fuerzas armadas permitió a Costa Rica consolidarse como la más estable democracia de América Latina y el Caribe al avanzar sin fraudes electorales ni dictaduras militares o partidistas en más de siete decenios, convertir los cuarteles en museos y centros culturales y dar prioridad a la inversión pública en salud y educación que a gastar en armas y soldados.
Frente a las amenazas, Costa Rica se apoyó en la Fuerza Pública, creada en 1949, de carácter civil y su principal aparato de seguridad, con unos 14 mil integrantes para misiones policiales.
En soporte paralelo está el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fundado en 1973 como pieza auxiliar de los tribunales y de la Fiscalía General (Ministerio Público) para garantizar imparcialidad, honestidad y objetividad en las indagatorias criminales.
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en Costa Rica pasó de 11 a 12 de 2020 a 2021, mientras que en Honduras de 40 a 38, en Guatemala de 15 a 17, en El Salvador de 20 a 18 y en Nicaragua de 8 a 13, según cifras oficiales.
Tras abolir el ejército, Costa Rica derrotó dos invasiones armadas —1949 y 1955— desde Nicaragua para derrocar a Figueres y reafirmó que la principal defensa de su soberanía e integridad territorial es estar indefensa y apoyada por el derecho internacional.
La particular situación costarricense de país desmilitarizado emergió en medio de un debate interamericano acerca de militarizar la seguridad pública y sacar a los ejércitos de los cuarteles a las calles para que asuman misiones policiales y combatan a las múltiples modalidades del crimen organizado, de baja, mediana y alta intensidad y de variado impacto interno y externo.
Hundido en una de sus más graves crisis de inseguridad, México atizó esta semana la polémica de mantener a los militares en las calles al menos hasta 2028. Ecuador, que sufrió en este siglo un incontrolable recrudecimiento de la violencia y la criminalidad, evalúa este año convocar a un plebiscito para que los ecuatorianos decidan si aceptan o rechazan militarizar la seguridad doméstica.
Con matices propios, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, que integran la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFA), mantienen presencia castrense en tareas policiales que se añaden a sus labores tradicionales de la protección de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres.
“Militarizar no es la solución y el ejemplo costarricense lo ha demostrado”, aseguró el abogado costarricense Rafael Guillén, ex director del OIJ y un experimentado penalista y criminólogo, al aclarar que tampoco puede negarse que Costa Rica tenga severas dificultades por el narcotráfico y otras amenazas.
“Si la solución al crimen organizado fuera llenar las calles de tanques y cañones, pues compremos tanques y cañones. Eso aumenta el problema. La delincuencia se combate con investigación técnica, información de inteligencia”, indicó Guillén a este diario.
Sin desconocer los profundos problemas de seguridad que hay en Costa Rica, insistió en que para resolverlos debe darse prioridad a la transparencia de las investigaciones criminales con técnica judicial, “para jamás pensar en tanques y cañones ni en militarizar. Por ahí no va la solución”.
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