El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo hoy que el Congreso de Estados Unidos le falló a la isla caribeña al aprobar la reforma fiscal impulsada por el presidente Donald Trump, que cataloga al Estado Libre Asociado como un territorio foráneo, lo que puede provocar una salida de empresas.
"Fallaron en todo", señaló en conferencia de prensa Rosselló, tras apuntar que es un error el considerar a Puerto Rico como una jurisdicción foránea .
"Estoy totalmente en desacuerdo", insistió el jefe del Ejecutivo del Estado Libre Asociado, para quien Puerto Rico nunca debió estar incluido en esa reforma tributaria por tratarse de parte de Estados Unidos.
Rosselló indicó que, no obstante, todavía hay espacio para que Puerto Rico sea tratado de forma justa e igual, aunque no dio detalles de qué medidas se tomarán en el objetivo de que la isla no se vea afectada por la reforma fiscal.
"Solicitamos que Puerto Rico sea reconocido como parte de Estados Unidos", subrayó, después de aclarar que "los empleos creados en la isla lo son en Estados Unidos".
El jefe del Ejecutivo de San Juan sostuvo que hay muchos temas en estos momentos en el Congreso y que habrá que esperar a ver qué pasa en las próximas semanas.
La Cámara de Representantes aprobó hoy, por segunda vez, la ley de reforma fiscal impulsada por Trump con el objetivo de subsanar un error que obligó el martes a hacer una modificación de última hora antes de ser aprobada por el Senado.
La reforma tributaria es la primera gran bajada impositiva desde 1986 y la primera victoria legislativa desde que Trump está al frente de la Casa Blanca.
La medida busca recortar impuestos a las grandes rentas y las empresas, reduciendo de forma significativa los aportes al fisco para las compañías de un 35 % a un 21 %.
El proyecto impone un impuesto del 12.5 % sobre la propiedad intelectual de las empresas con operaciones en Puerto Rico.
Además de aumentar los impuestos a las empresas, el proyecto de ley niega el acceso de las familias en Puerto Rico al crédito tributario por hijos o al crédito tributario por ingresos del trabajo.
El Gobierno de Puerto Rico teme que las empresas manufactureras instaladas en la isla "hagan las maletas" ante este proyecto de ley que perjudica su fiscalidad.
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