Madrid.- El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sufrió un duro revés este martes en el Congreso con el rechazo de la ley de amnistía para los independentistas catalanes, un golpe que evidenció la fragilidad de sus apoyos apenas dos meses después de haber sido reelegido.
Paradójicamente, la derrota se debió al voto en contra del partido Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya) del líder independentista Carles Puigdemont, que consideró que la medida no blindaba a los separatistas ante todos los delitos que se les podrían imputar.
De todas maneras, no es el fin de la polémica ley de amnistía, que volverá a una comisión parlamentaria donde puede ser modificada para un posterior nuevo voto.
Pero el tropiezo dejó clara la fragilidad en el Parlamento de los apoyos del socialista Sánchez, que permitieron su reelección en el cargo a mediados de noviembre, y la presión constante de Junts sobre el gobierno.
"La humillación es constante (...) Cada votación es un calvario" para Sánchez, fustigó Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular (PP, conservador), primer partido de la oposición.
Junts, un aliado muy imprevisible, exigía a los socialistas que votaran a favor de unas enmiendas destinadas a contrarrestar las decisiones recientes de dos jueces que podrían impedir que la amnistía incluya a Puigdemont.
Ante la negativa de los socialistas, los siete diputados de Junts votaron en contra del proyecto de ley, que recibió 171 síes y 179 noes.
La ley tiene que garantizar que sea una "amnistía integral" que "no deje a nadie atrás", advirtió antes de la votación desde la tribuna Míriam Nogueras, diputada de Junts.
Es "incomprensible que Junts haya votado en contra", al igual que la derecha y la extrema derecha, quienes "quieren encarcelarlos e ilegalizarlos", dijo de su lado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, quien pidió al partido independentista "que reconsidere su posición".
Esta amnistía era la condición innegociable impuesta por los partidos separatistas a cambio de su apoyo, esencial a la reelección de Sánchez.
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De ser aprobada, la medida llevaría a los tribunales a retirar los cargos contra cientos de activistas y dirigentes independentistas por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.
En principio, la ley beneficiaría a Puigdemont, que era presidente regional catalán en el momento de los hechos, y que podría así volver a España, más de seis años después de instalarse en Bélgica, eludiendo a la justicia española.
Sin embargo, Junts mostró dudas después de que dos jueces pidieran el lunes prolongar la instrucción de dos casos que podrían salpicar a Puigdemont, uno por presunto terrorismo y otro por mantener supuestamente contactos con Rusia para conseguir apoyo a la independencia de Cataluña.
Los supuestos contactos con Moscú podrían costarle al líder independentista una imputación por "traición", un cargo que no quedaría cubierto por la amnistía.
El segundo frente judicial que amenaza a Puigdemont es el de la misteriosa organización Tsunami Democrático, que convocó las diferentes protestas de 2019 contra las duras penas de prisión impuestas a dirigentes independentistas, y que incluyeron el bloqueo del aeropuerto de Barcelona.
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En este caso, el juez Manuel García Castellón estima que Puigdemont es sospechoso de haber cometido delitos de "terrorismo" al dirigir esta organización en la sombra.
Los socialistas ya se habían visto obligados la semana pasada a ponerse de acuerdo con los independentistas en la redacción de una enmienda para que la ley de amnistía proteja a los separatistas acusados de terrorismo, a condición de que no cometieran "violaciones graves de derechos humanos".
De todas maneras, aunque la ley de amnistía fuera aprobada por el Congreso en una fecha futura, será apenas el primer obstáculo superado.
El PP prometió hacer todo lo posible para ralentizar el paso del proyecto de ley por el Senado, donde dispone de mayoría absoluta.
Para ello, ya modificó el reglamento de la cámara y solicitará informes sobre el texto antes de enmendarlo, lo que obligará al Congreso de los Diputados a pronunciarse de nuevo para su aprobación definitiva.
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