Una petición para castigar por presuntos actos corrupción al magnate mediático mexicano Remigio Ángel González González y a cinco políticos y empresarios de Guatemala, Honduras y El Salvador fue presentada hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por dos congresistas de los partidos Demócrata y Republicano .
Ileana Ros—Lehtinen,
representante republicana por Florida, Ileana Eliot L. Enge l, representante demócrata por Nueva York, solicitaron a Trump aplicar la Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos a González, dueño de uno de los emporios más importantes de medios de comunicación de América Latina y el Caribe, y a los demás empresarios.
Promulgada en 2016 por el Congreso de EU, la legislación permite al gobierno estadounidense imponer sanciones económicas a personas de cualquier parte del mundo que sean responsables de abusos de los derechos humanos y de participar en actividades de corrupción en sus países de origen.
Aparte del mexicano, los dos congresistas completaron la lista con los guatemaltecos Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y Luis Alberto Mendizábal, en fuga, y con los salvadoreños José Aquiles Rais López y José Luis Merino, ex guerrillero, vicecanciller de El Salvador para la inversión extranjera y jerarca del gobernante y ex insurgente Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional (FMLN).
El congresista hondureño Óscar Ramón Nájera, del gobernante Partido Nacional (PN) de Honduras, cierra el listado que los dos representantes remitieron en su carta al presidente Trump. Del empresario González aclararon que es mexicano pero que sus presuntos crímenes fueron “cometidos en Guatemala”.
Ninguno de los aludidos por los congresistas reaccionó por el momento a las denuncias.
Potentado. En los anexos a la misiva, ambos congresistas detallaron que González “es el jefe” del conglomerado de medios Albavisión y que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la organización que aglutina a periódicos del Hemisferio Occidental, registró que está presente en 11 países de América Latina con 35 canales de televisión, 114 estaciones de radio, dos compañías de periódicos y cines.
El magnate, explicaron “ha vivido en Miami desde 1987. González ha sido capaz de eludir las leyes que prohíben los monopolios o restringir la propiedad extranjera de los medios nacionales mediante el uso de compañías fantasmas dirigidas por familiares locales, amigos y suplentes”.
“En Guatemala, las propiedades están a nombre de su esposa, Alba Elvira Lorenzana Cardona, de nacionalidad guatemalteca. En 2016, la Fiscalía guatemalteca implicó a Alba Elvira Lorenzana en el esquema de corrupción” establecido para financiar ilegalmente la campaña electoral en 2011 de los ahora encarcelados guatemaltecos Otto Pérez Molina, presidente de 2012 a 2012, y Roxana Baldetti, vicepresidenta en esos años, detallaron.
En la carta a Trump, los dos representantes escribieron que a medida que EU apoya los esfuerzos en la región del Triángulo Norte de Centroamérica—Guatemala, El Salvador y Honduras—para combatir la corrupción y el crimen organizado, “le pedimos que determine” si González y los cinco políticos y empresarios centroamericanos “cumplen con los criterios para rendir cuentas” bajo la ley Magnitsky.
En los anexos, describieron al salvadoreño Rais López como un supuesto objetivo prioritario de la DEA, agencia antidroga de EU, por sus aparentes nexos con el crimen organizado, empresas ficticias, cárteles del narcotráfico y políticos corruptos.
Del salvadoreño Merino, uno de los tres principales dirigentes del FMLN, denunciaron sus supuestos vínculos con organizaciones criminales transnacionales. Al hondureño Nájera lo señalaron por sus presuntas relaciones con mafias del narcotráfico de Honduras.
Del guatemalteco Alejos Cámbara, actualmente en prisión, puntualizaron que utilizó sus conexiones políticas para ganar “millones de dólares” en contratos con el gobierno de Guatemala. “Ha estado implicado en múltiples casos emblemáticos de corrupción en Guatemala”, en especial como proveedor farmacéutico “a cambio de sobornos”, puntualizaron.
Entre tanto, de Mendizábal aseveraron que es experto en operaciones de inteligencia y que participó en una red que entre 2011 y 2015 provocó un multimillonario fraude aduanero en el que, según registros judiciales, también habrían participado Pérez Molina y Baldetti.
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