Bruselas.— El campo de batalla en el que operan los voluntarios de la Cruz Roja es hoy mucho más extenso y menos predecible que en el pasado, al involucrar múltiples fuerzas opuestas que operan bajo doctrinas no siempre apegadas a los principios básicos del derecho internacional.
De acuerdo con el estudio Roots of Restraint in War (El origen de la moderación en la guerra), el número de conflictos armados no internacionales se ha duplicado en lo que va del siglo, pasando de 20 a más de 70 entre 2001 y 2016.
Afirma que las confrontaciones se libran cada vez más en las ciudades, ocasionando un incremento de las bajas civiles y la pérdida de infraestructura esencial, como son las fuentes de abastecimiento de electricidad y agua.
Por otro lado, en los últimos seis años han surgido más grupos armados que en las últimas seis décadas, desde los grupos islamistas como Ansar Dine, en la zona del Sahel, a los ganaderos armados en Sudán del Sur, revela el documento publicado ayer por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Particularmente se han multiplicado los grupos yihadistas, quienes tienen una actuación relevante en 40% de los conflictos activos a nivel global.
El documento señala que los conflictos ya dejaron de ser exclusivamente entre dos partes, sólo un tercio del total sigue la norma predominante en el pasado.
En 44% de los conflictos participan entre tres y nueve fuerzas opuestas, mientras que una cuarta parte de los Estados contabilizan más de 10 partes beligerantes en su territorio.
Aunque algunos involucran a centenares de actores y pone como ejemplo el caso de Libia, que en octubre de 2011 registraba la presencia de 236 grupos armados distintos tan sólo en la ciudad de Misrata.
El documento, basado en encuestas, entrevistas y análisis de fuerzas y grupos armados, señala que actos humillantes cometidos por fuerzas estatales, la injusticia, así como la corrupción han facilitado el reclutamiento por parte de los grupos yihadistas.
Además se han extendido por Medio Oriente, África y Asia, gracias a la expansión de las telecomunicaciones y las redes sociales.
Como consecuencia de la violencia extrema e indiscriminada practicada por algunos grupos yihadistas, afirma el documento, muchos Estados han promulgado leyes antiterroristas que amenazan con erosionar las mismas libertades que pretenden proteger.