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San José. – Los líos en el sur de Chile comenzaron a cobrarle una factura política al izquierdista presidente chileno, Gabriel Boric.
Una conflictiva trama mezcló a narcotraficantes, paramilitares, policías y militares corruptos involucrados en contrabando de armas, maderas y otros negocios ilícitos y en una confusión con un añejo reclamo cultural, socioeconómico y político de los mapuches, el mayor pueblo indígena de Chile, en defensa de sus territorios.
Boric, de 36 años, cumplirá hoy apenas 71 de sus mil 461 días en el Palacio de la Moneda y, por el diferendo en el sur y otras situaciones polémicas en su naciente gestión, las encuestas registraron un desplome de más del 50% de su popularidad.
Acorralado en un laberinto político con las fuerzas partidistas que en 2021 le llevaron a ganar la presidencia en las urnas para asumir el 11 de marzo anterior, Boric quedó obligado a incumplir la promesa electoral de nunca llegar a la militarización para enfrentar la controversia con los mapuches, en un escenario de creciente inseguridad en el sur.
En un intento por maquillar una drástica medida que emuló a la que dictó su predecesor, el derechista Sebastián Piñeira, y que, siendo candidato presidencial, reprochó con dureza, el gobernante aceptó militarizar la región esta semana. Boric impuso límites a las fuerzas castrenses al restringirles su labor al control de carreteras y otros caminos y sin permitirles involucrarse en tareas policiales o impedir la libre movilidad de las personas.
Como aspirante presidencial por la coalición izquierdista Apruebo Dignidad, Boric garantizó que se negaría a prolongar el estado constitucional de emergencia que su Piñera impuso de octubre de 2021 a marzo de 2022 en áreas del sur donde viven los mapuches y que son la región de La Araucanía y las provincias (estados) de Biobío y Arauco.
En un decreto del 17 de este mes, el gobierno adujo que hay un incremento de los “actos violentos”, por lo que “es deber del Estado garantizar la seguridad de todas las personas, trabajadoras y trabajadores y habitantes de las zonas afectadas”.
“También es tarea del Estado garantizar el abastecimiento de la población, sobre todo en lo referente a alimentos e insumos de salud”, añadió.
“Hemos sido testigos de cobardes ataques”, alegó la ministra chilena del Interior, Izkia Siches, al describir que los prolongados bloqueos en vías terrestres de comunicación “ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro” y encarecen el costo de la vida en “las zonas más rezagadas” de Chile.
En contienda electoral, Boric fustigó a Piñera por violar los derechos humanos al reprimir las protestas del estallido social en Chile en 2019 con dos aparatos —policías de Carabineros y Fuerzas Militares— que arrastran una abultada deuda por atrocidades que se les atribuyen en el régimen de facto, de 1973 a 1990, del general Augusto Pinochet (1915-2006).
La situación en el sur lanzó a Boric a recurrir a las cuestionadas estructuras símbolos de la represión de la dictadura castrense derechista para contener una creciente violencia de la que se acusa a redes criminales que pretenderían desdibujar las reivindicaciones legítimas del pueblo mapuche, como su libre autodeterminación.
“El paramilitarismo y el narcotráfico se instalaron en esos sectores”, advirtió el chileno Juan Carlos Chávez Pilquil, mapuche, naturópata (médico alternativo) y, por oficio, educador tradicional en idioma, cultura y cosmovisión de esa etnia.
Al subrayar que el narcotráfico tampoco es exclusivo del sur, porque es nacional, Chávez dijo a EL UNIVERSAL que “hay ex policías, ex militares y policías corruptos en mafias de la madera y venta de armas a narcotraficantes”.
A diferencia de sus antecesores, y todavía siendo candidato, Boric proclamó que, por primera vez en la historia de Chile, reconocería que con los mapuches prevalece un conflicto entre el Estado chileno y ese pueblo.
“Es un avance. Antes siempre se habló de conflicto aislado que se resolvía por lo militar, policial y judicial. Este gobierno está abordándolo desde otras perspectivas. Ha sido una zona abandonada por el Estado, que cuando había problemas mandó policías y militares y sin abordaje político y creyendo que allí no había estado de derecho”, explicó Chávez.
“Este gobierno ha tratado de que lo militar sea menos fuerte que en los anteriores. Lo profundo es lo histórico”, puntualizó.
La controversia “llevó a un rápido desgaste de Boric. Pero hay una campaña incesante de la derecha y de los fascistas para generar, comunicacionalmente, un descontrol. El Estado de Chile, más que el gobierno de Boric, es el que tiene que resolver el problema mapuche”, indicó.
En una entrevista con este diario, el chileno Aucan Huilcaman Paillama, mapuche y encargado de relaciones internacionales del (no estatal) Consejo de Todas las Tierras, una organización de esa comunidad, reconfirmó que en la disputa están implicados paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas de madera y policías y militares corruptos.
“Hay de todo eso. Pero hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche que va más de la derecha política o de la izquierda política de Chile. Ambas han actuado de manera similar”, puntualizó.
Según el dirigente, “la deuda histórica” está formada por un trío de factores: en las décadas de 1870 y 1870, en campañas militares de pacificación, se violó la soberanía mapuche con la toma y confiscación de territorios, se cometió genocidio y se produjo un daño cultural.
“Ningún gobierno se atreve a abordar esa deuda, porque significa cuestionar su propia existencia en territorio mapuche. Más allá de voluntad política de Boric, hay muchos intereses económicos patrimoniales en juego en territorio mapuche. La clase política se aprovechó de la dictadura de Pinochet para apropiarse masivamente de tierras mapuches”, recordó.
Con la madera como una de sus principales riquezas, el territorio mapuche tiene vocación para la producción de trigo y demás cereales. Por eso es... el granero de Chile.
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