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San José
.- La avalancha interamericana en contra de supuestos actos de corrupción de expresidentes de América Latina y el Caribe prosiguió este miércoles en El Salvador , con el descubrimiento de lujosos bienes que el exmandatario salvadoreño Mauricio Funes y un núcleo de sus familiares y de empleados de confianza habrían adquirido por vías ilícitas con recursos presuntamente sustraídos de las arcas estatales.
La Fiscalía General de la República (FGR) , que actúa como Ministerio Público en el país centroamericano, informó que este miércoles confiscó 61 distintas propiedades muebles e inmuebles valorados en unos 23 millones 883 mil dólares que Funes y algunos de sus parientes y colaboradores supuestamente compraron con “fondos públicos”.
Tras recordar que Funes está “acusado por el desvío de 351 millones de dólares” en su gestión presidencial, de 2009 a 2014, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la FGR informó que “entre los bienes inmuebles intervenidos se encuentran empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile ”.
Entre la extensa lista de lo decomisado hay varios automóviles y una lancha, según los recuentos oficiales y las fotografías distribuidas por la FGR .
La incautación “es parte de las 85 propiedades que han sido detectadas por la FGR en la apertura de la investigación que se realiza en contra del expresidente Funes ”, ya que en 2018 fueron intervenidos 24 inmuebles en siete departamentos (estados) de El Salvador , precisó el reporte oficial.
Funes
rechazó las denuncias. En un mensaje en su cuenta de Twitter , el exmandatario replicó que “la FGR debería ser más seria” y que las propiedades inscritas a nombre de un salvadoreño identificado oficialmente como Miguel Menéndez “a las que se les está aplicando la extinción de dominio no son mías y no están relacionadas conmigo”.
En un mensaje desde Nicaragua , donde vive como asilado político, recalcó que “no tengo nada que ver con ellas” y, por lo tanto, “no son propiedades con las que tenga algún vínculo”.
Funes
, de 59 años de edad y quien ganó la presidencia como candidato del izquierdista, exguerrillero y todavía gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) , gobernó de 2009 a 2014 y en 2016 huyó a Nicaragua para ser favorecido en septiembre de ese año por un asilo político que le concedió el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.
La Fiscalía denunció penalmente el 27 de a cautelar provisional a Funes por supuesta evasión fiscal, ya que habría evitado declarar más de 271 mil dólares en renta en 2014 y dejado de pagar más de 85 mil dólares en impuestos.
Por ese caso, la FGR emitió una nueva orden de captura como medida cautelar provisional en contra de Funes , quien enfrenta otras cuatro órdenes previas de arresto en su contra, ya que es reclamado por la justicia salvadoreña como presunto responsable de los delitos de “lavado” de dinero, soborno, peculado, agrupaciones ilícitas y divulgación de información reservada.
Con esa demanda, el expresidente acumula cinco acusaciones. El delito de evasión fiscal tiene un marco sancionatorio de 4 a 8 años de prisión, de acuerdo con la legislación salvadoreña.
Funes
ingresó en 2016 al cuestionado grupo de expresidentes, exprimeras damas, exministros, exjerarcas gubernamentales y empresarios que son el objetivo de una fuerte batida en contra de la corrupción que Centroamérica , en particular, y América Latina y el Caribe , en general, intensificaron en los últimos años. Expresidentes de Brasil , Perú y Argentina están en el centro de un huracán político por los escándalos de presunto enriquecimiento ilícito.
La lucha en Centroamérica avanzó pese a las debilidades institucionales, a un historial de décadas de impunidad y a la creciente penetración del crimen organizado en el área.
La opulencia
La FGR comunicó que las propiedades ligadas a Funes están inscritas a nombre de otras personas, por lo que aportó las identidades completas de familiares y empleados de confianza. EL UNIVERSAL tiene copia de ese listado de presuntos testaferros.
“Todos los bienes incautados pasan provisionalmente a propiedad del Estado, por medio de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) ”, subrayó.
Pero en su serie de mensajes en Twitter , Funes retó a la FGR a confirmar si “tiene algún documento” que demuestre que hubo transferencias de dinero estatal a empresas de Menéndez “para la adquisición de los bienes e inmuebles que le han sido incautados” y preguntó: “Existe alguna orden de pago que yo haya autorizado para esas sociedades?”.
La Fiscalía emitió en junio de 2018 una orden de detención de Funes , por el aparente desvío de 351 millones de dólares de recursos públicos a cuentas personales en su gestión.
La brasileña Vanda Pignato , exprimera dama de El Salvador y exesposa de Funes , fue detenida en junio de 2018 como parte de 32 personas involucradas por la justicia salvadoreña en un caso por el que ya están encarcelados un expresidente de un banco estatal y varios asistentes que el ahora exgobernante tuvo en la Presidencia. Pignato está en arresto domiciliario desde septiembre de 2018.
Varios excolaboradores y parientes cercanos de Funes , como sus dos hijos y una mujer de apellido Guzmán , que es su actual compañera sentimental, y familiares de ella, aparecen como presuntos imputados en el proceso judicial. De acuerdo con la acusación planteada por la Fiscalía, estarían aparentemente involucrados en las operaciones para apropiarse de fondos públicos y disfrutar de una vida de placeres, dentro y fuera de El Salvador.
agv
