San José - Arrepentimiento o confesión, la decisión de los militares colombianos de admitir su culpa y de cometer atrocidades contra los derechos humanos en la guerra en Colombia sobrepasó las fronteras de América Latina y el Caribe.
¿Reconocerán los militares latinoamericanos y caribeños que violaron los derechos humanos en las guerras sucias de combate a las insurgencias que surgieron en el área a partir de 1959, inspiradas en la revolución comunista de Cuba?
La duda implica a las fuerzas armadas de México, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guatemala, El Salvador , Honduras, Brasil, Panamá, Haití, Surinam y otros países que, bajo la doctrina de Estados Unidos de seguridad nacional en la lucha contra el comunismo, lanzaron desde 1960 las “guerras sucias” de combate a opositores, guerrillas y movimientos izquierdistas o disidentes y cayeron en atrocidades en derechos humanos.
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Los dictadores derechistas de la zona argumentaron que enfrentaron una amenaza de expansión comunista desde Cuba como satélite de la ahora desaparecida Unión Soviética. Con limitadas excepciones, como en Argentina, El Salvador o Guatemala donde hubo algunos castigos, los militares se acogieron a las amnistías y prácticas de perdón y olvido o de obediencia debida para eludir sus responsabilidades y preservar impunidad.
Aceptación
En un hecho sin precedentes en América, un grupo de militares colombianos reconoció esta semana que, en el conflicto bélico que estalló en 1964 en Colombia, cometió crímenes de guerra y lesa humanidad y mató a civiles inocentes—“falsos positivos”—para presentarlos como bajas de la guerrilla colombiana.
La aceptación ocurrió en audiencias en Bogotá en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza del acuerdo de pacificación suscrito en noviembre de 2016, y vigente a partir de diciembre de ese año, entre las ahora disueltas guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano.
Este hecho “habla muy bien de la institucionalidad militar” en Colombia, porque “requiere mucho valor” personal, moral y político y le “da un lugar” en el futuro del país sobre “el honor, la valentía y la dignidad”, relató el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.
“Abre espacio a la reconciliación nacional sobre el reconocimiento y la construcción de la verdad. Nos deja unas mejores fuerzas militares”, planteó Restrepo a EL UNIVERSAL.
“En Brasil, no tenemos ninguna perspectiva de que las Fuerzas Armadas hagan algo así”, afirmó, por su parte, el brasileño Eumano Silva, periodista, escritor e investigador de los gobiernos militares que gobernaron en Brasil de 1964 a 1985, en un violento régimen castrense que persiguió a opositores y reprimió a las más diversas organizaciones izquierdistas.
“Los militares brasileños no contribuyen a la verdad histórica de la dictadura implementada por ellos entre 1964 y 1985. Para reforzar esta afirmación, recuerdo que el Ejército, la Marina y la Aeronáutica no ayudaron en la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), establecida en Brasil entre 2011 y 2014”, dijo Silva a este periódico.
El reconocimiento de los colombianos “tiene un peso importante para dilucidar los abusos cometidos por el Estado en la confrontación contra los opositores”, subrayó.
Al puntualizar que ese acto ayuda a reconstruir “la memoria de este difícil período” en Colombia, en América Latina “abre la posibilidad de responsabilizar a los culpables de los asesinatos de los militares”.
“A diferencia de Argentina y Chile, por ejemplo, Brasil no castigó a ningún militar por los crímenes de la dictadura”, agregó.
En un caso peculiar, un defensor a ultranza de la dictadura gobierna en Brasil en el cuatrienio que comenzó el primero de enero de 2019: Jair Bolsonaro, capitán en retiro, ultraderechista y con un aparato gobernante plagado de militares.
Con datos de la CNV, Silva precisó que 434 brasileños “fueron asesinados bajo responsabilidad del Estado” en la dictadura de Brasil y que, de ese total, 219 siguen desaparecidos.
“Solo los militares pueden proporcionar información sobre estas desapariciones, pero se niegan a ayudar. Están protegidos por una interpretación dada por el Supremo Tribunal Federal (STF) que, al juzgar en 2012 la Ley de Amnistía de 1979, entendió que el perdón dado a los opositores a la dictadura también se aplica a los asesinos y torturadores estatales, civiles y militares”, explicó.
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“Ejemplar”
Para el abogado y politólogo peruano Josef Zielinski, profesor de Ciencias Políticas de la (no estatal) Universidad de Lima, la decisión de los militares colombianos “es muy positiva” y “ejemplar” y es “un ‘mea culpa’ que le devuelve la legitimidad” a las Fuerzas Militares de Colombia.
“Las fuerzas armadas representan el orden por parte del Estado, que tiene el monopolio de la violencia física legítima. Ojo, legítima”, aclaró Zielinski a este diario.
Para que el Estado preserve esa legitimidad, su brazo—las fuerzas armadas—a cargo del orden interno para “combatir a un grupo subversivo no puede comportarse al mismo nivel que el grupo subversivo. La firmeza del Estado (…) tampoco es un cheque en blanco”, indicó.
Al señalar que las fuerzas armadas colombianas exhiben su “talante democrático”, aseveró que “son ejemplo para América Latina” y “guardianes” de la institucionalidad ante las dictaduras derechistas del área en el siglo XX y los “execrables” regímenes izquierdistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. “Los militares aceptan que se equivocaron”, adujo.
A criterio del abogado, diplomático y consultor internacional boliviano Jaime Aparicio, ex embajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA), la confesión de los colombianos “es un buen ejemplo” para Chile, Brasil, Argentina y otros países “en donde nunca los militares ni los terroristas (guerrilleros) confesaron sus delitos”, como asesinatos, torturas, desapariciones forzosas, adopciones ilegales y demás atrocidades.
“Hay una deuda histórica en esos países de América Latina con la verdad para reparar a las víctimas y a sus familiares”, destacó.
“Se hace importante celebrar la actitud” de los militares colombianos al admitir violaciones a los derechos humanos en la guerra, alegó, por su lado, la chilena Paulina Acevedo, coordinadora de Ciudadanía e Interculturalidad en el (no estatal) Observatorio Ciudadano de Chile.
“Esperamos que esta actitud sea replicada por otras fuerzas armadas de la región (…) que en procesos dictatoriales fueron gravitantes y actores cómplices y directos de esas violaciones a derechos fundamentales de las personas”, recordó Acevedo a este diario.
La estructura castrense chilena ocultó información o entregó datos falsos “sobre los hechos” de la dictadura de 1973 a 1990 en Chile “lo que impidió alcanzar la justicia”, mencionó.
La activista chilena acudió a una frase que circuló en América Latina y el Caribe al final de las dictaduras militares en las décadas de 1980 y 1990 y con el paulatino establecimiento de las democracias, en un clamor para que las fuerzas armadas regionales emulen a sus contrapartes de Colombia, reconozcan sus culpas y eviten la repetición de las atrocidades: “¡Nunca más!”.