La Oficina del Fiscal Distrito Sur de Florida anunció, por medio de un comunicado, la condena, por parte del jurado federal hacia Javier Hernández, un miembro del grupo de la delincuencia organizada transnacional, acusado por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos.
El sujeto, de 50 años de edad, fue condenado en Miami Beach, Florida, después de un juicio con jurado, quien destacó el papel de Hernández dentro de un grupo violento que opera en Cuba, México, España y el sur de Florida desde 2009.
De acuerdo al comunicado, las pruebas presentadas en el juicio mostraron como Hernández y su coacusado, Ramon Reyes Aranda, de 38 años, robaron barcos de la costa oeste de Florida después de que este último identificara los buques, y Hernández los transportara a México, donde se utilizarían para financiar y facilitar las actividades ilegales de la empresa.
Antes del juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos.
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El boletín también señala que después del robo se formó una extensa operación multinacional, dirigida por las autoridades policiales estadounidenses y mexicanas, para combatir las actividades de un violento grupo del crimen organizado transnacional conocido colectivamente en México como "La Mafia Cubana en Quintana Roo".
A través de esta operación, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enteraron de que José Miguel González Vidal, de 36 años; Reynaldo Abreu García, 56; Yohismy Pérez González, de 40; Yosvani Carbonel Lemus, de 43 años; Reynaldo Crespo Márquez, de 44 años, y Jancer Sergio Ramos Valdes, de 37 años, todos ciudadanos cubanos que residían en México en el momento de los cargos, junto con Maikel Antonio Hechavarria Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos de México, formaban parte de un grupo del crimen organizado que se benefició de varios esquemas, incluido el tráfico ilícito y la extorsión de migrantes cubanos como rehenes retenidos en México para el pago de tarifas de contrabando.
Según la evidencia contenida en el registro de la corte, González Vidal presentó a Hernández a Reyes Aranda para que pudieran trabajar juntos para transportar buques robados para la organización. Tanto Hernández como Reyes Aranda fueron pagados por González Vidal y otros miembros de la organización por el transporte de la propiedad robada.
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Además, los miembros de la estafa de extorsión de migrantes exigieron a sus víctimas que proporcionaran la información de contacto de un miembro de la familia para más tarde exigir una tarifa de rescate de 10 mil dólares. Posterior a esto, los hombres se pusieron en contacto con los familiares de las víctimas, a quienes amenazaron con torturar y matar, si los familiares se negaban a pagar.
Aquellos rehenes, cuya familia sí pudo pagar el rescate, fueron liberados por la organización y fueron enviados en autobús a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones para buscar asilo político. Las víctimas cuyos familiares no pudieron pagar la tarifa fueron golpeadas, amenazadas con cuchillos y armas, y sorprendidas con pistolas de aturdimiento hasta que finalmente fueron rescatadas por las autoridades mexicanas.
Además, una vez que los acusados fueron detenidos en Estados Unidos y fueron sometidos a la espera de juicio, continuaron operando la organización tratando de obstruir la justicia, violando las órdenes judiciales y distribuyendo contrabando en un centro de detención federal.
Cabe mencionar, que el informe también detalla como parte de la estafa de los delincuentes consistió en pagar, dentro del Centro Federal de Detención de Miami (FDC), sobornos a un empleado federal para introducir contrabando y sustancias controladas para su distribución.
Por su participación en el plan criminal, González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon previamente culpables de conspiración y tráfico ilícito de migrantes de organizaciones influenciadas y corruptas (RICO). Sus audiencias de sentencia se han programado para noviembre y diciembre, respectivamente.
Mientras que la audiencia de sentencia de Reyes Aranda está programada para el 15 de diciembre, a las 10:00 horas y la audiencia de sentencia de Hernández está programada para el 5 de enero de 2024, a las 10:30 horas, ambas en Miami.