San José.— El día que Ana y Mario salieron de un hospital costarricense con su hijo recién nacido en 2020, el dueño y arrendatario de la residencia en la que vivieron como inquilinos los expulsó, les prohibió volver a ocuparla y les exigió que la desalojaran, porque la mujer se contagió del coronavirus en la parte final de su embarazo.
Con el bebé en brazos y a las puertas del Hospital México, uno de los principales del sistema estatal de seguridad social de Costa Rica, la pareja se topó con la advertencia del propietario de la vivienda acerca de que jamás les podría permitir que regresaran al condominio y expusieran al Covid-19 al resto de sus clientes de alquiler.
También lee: Rechazo social, carga de los contagiados
Ana y Mario—nombres ficticios para proteger su identidad y evitar más represalias—improvisaron para reinstalar su hogar en un local comercial que, a las carreras, debieron acondicionar como su casa.
El caso fue confirmado oficialmente a EL UNIVERSAL por el Servicio de Trabajo Social del centro de s alud, que reveló que en otra localidad costarricense, los vecinos se ensañaron co la familia de Eugenia, una adulta mayor que estuvo internada 40 días y murió por las secuelas del virus, e instalaron hasta cámaras de seguridad en torno al domicilio para mantener vigilados a Juan, el viudo; a Elena, hija de la fallecida, y a Carla, nieta, quienes tuvieron que aislarse tras el contagio de Eugenia.
También lee: ¿Turismo de vacunas? América Latina evalúa opción
Los lugareños los amenazaron con agresión física si salían, hasta que una trabajadora social intervino y llamó al vecindario a no agravar más el suplicio y el luto de la familia.