San José. – Tras salir del clóset, lograr sitios de privilegio en estratos políticos, gubernamentales, legislativos, judiciales, electorales, diplomáticos, empresariales, sindicales, culturales, deportivos y mediáticos y vencer los amagos conservadores de los ámbitos religiosos, partidistas y sociales, la comunidad LGTBIQ+ se consolida como un poder creciente en Costa Rica con la legalización del matrimonio civil igualitario.
A los 00:08 minutos de ayer (01:08 en el centro de México), las costarricenses Alexandra Quirós y Daritza Araya se dieron el sí en la prima boda entre personas del mismo sexo en Costa Rica, que se convirtió en la vigesimonovena nación del mundo, la octava en América y la primera en Centroamérica en reconocer esas uniones.
En una controversia religiosa, política y social, la ceremonia civil posicionó a la comunidad Lésbica, Gay, Transexual, Bisexual, Intersexual y Queer+ en este país luego de más de 30 años de forcejeos jurídicos y de décadas de discriminación.
“Los grupos LGTBIQ han sido habilidosos: una estrategia y una táctica exitosas aun siendo minoría”, afirmó el politólogo y analista costarricense Claudio Alpízar, director del (no estatal) ENCO Comunicación y Asesoría Política, de esta ciudad.
Al recordar que permearon “en poderes e instancias del Estado” y medios costarricenses de comunicación para divulgar “sus intereses primordiales”, adujo que “lograron acuerdos políticos que se materializan (…) con el matrimonio homosexual”.
“Independientemente de que uno esté o no de acuerdo con sus prerrogativas y exigencias, hay que reconocer que han sido muy articulados en todos los sectores del país”, dijo Alpízar a EL UNIVERSAL.
La entrada en vigencia de las uniones del mismo sexo se registró con un trasfondo continental. En noviembre de 2017, y a consulta de Costa Rica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió garantizar el matrimonio y “la protección de todos los derechos” de las parejas del mismo sexo.
En acato al fallo, la Sala Constitucional concedió 18 meses a la Asamblea Legislativa (Congreso unicameral) en agosto de 2018 para modificar el Código de Familia. El plazo venció y, automáticamente, en el primer segundo de ayer quedaron derogados los elementos del Código que impidieron esas uniones, ya que la Asamblea tampoco tramitó ninguna ley referente.
La jerarquía católica de Costa Rica advirtió a mediados de este mes que “sólo la unión exclusiva e indisoluble entre un varón y una mujer cumple una función social plena, por ser un compromiso estable y por hacer posible la fecundidad’.
El pastor evangélico Eduardo Cruickshank, presidente de la Asamblea, fracasó este mes en bloquear la variante legal, recalcó que la unión de un hombre y una mujer es la base de la sociedad y defendió que la estructura familiar tradicional es la que le complace “a nuestro Padre Celestial”.
En choque con esas posturas, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, instó a “combatir” cualquier discriminación por discapacidad, etnia, cultura, religión, sexo, identidad y expresión de género u orientación sexual.
“Este cambio (en la ley) provocará una transformación social y cultural significativa del país que permitirá a miles de personas casarse frente a un abogado para reconocer derechos de pareja como herencias, pensiones, decisiones médicas, entre otros”, explicó.
Las personas LGTBIQ+ “no buscan” irrespetar o agredir “ninguna creencia personal” y solo aspiran a “la dignidad que se merece cualquier ser humano”, aseveró.