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San José.— Un negocio en Colombia por unos 13 millones de dólares con una empresa minera para comprar unos terrenos, cuya venta estaba prohibida porque quedaron sometidos por el Estado a la extinción de dominio debido a un proceso de “lavado” de activos en contra de su propietario, puso a la compañía mexicana Cemex en aprietos con la justicia colombiana desde 2016.
La compra de los lotes en el departamento (estado) colombiano de Antioquia, para construir una planta de cemento junto a una mina de cal, llevó al Juzgado 39 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá a ratificar, el pasado 5 de septiembre, una orden de captura emitida el 29 de junio de este año contra dos ex ejecutivos de Cemex y de uno de la firma vendedora.
Sólo uno de los ex empleados de la cementera está preso, ya que los otros dos son prófugos y huyeron a Estados Unidos. Los tres son colombianos.
La orden fue emitida contra Edgar Ramírez Martínez, ex vicepresidente de Planeación, y Camilo González Téllez, ex vicepresidente jurídico; además de Eugenio Correa Díaz, representante de C.I. Calizas y Minerales, de Colombia. Ramírez y Correa están prófugos.
En una comparecencia ante autoridades judiciales de Estados Unidos, que tuvo lugar este año en una fecha sin precisar, Ramírez reveló que la trasnacional mexicana estaría presuntamente involucrada en Colombia y en otros países de América Latina en una red de sobornos similar a la que instaló la constructora brasileña Odebrecht en diez naciones latinoamericanas para ganar contratos de obras públicas.
Consultados al respecto, las oficinas centrales de Cemex en México dijeron a EL UNIVERSAL que no pueden hacer comentarios por tratarse de una investigación en curso. También se emitió un comunicado en el que se señalan que “Cemex Colombia de manera voluntaria publicó la desvinculación de algunos de sus ejecutivos, incluido Edgar Ramírez, ex vicepresidente de Planeación de la compañía, por irregularidades descubiertas en relación a la compra de terrenos para la construcción de una planta de cemento” en Antioquia.
Indicó que presentó “estos hallazgos a la Fiscalía General de la Nación, que inició una investigación penal”.
“Cemex Colombia ha venido cooperando con todas las investigaciones, sin que a la fecha las autoridades referidas hayan concluido que ‘Cemex Colombia’, sus filiales o sus empleados violaron la ley”, agregó.
Delitos. La Fiscalía General de Colombia informó que, según el juzgado, a Ramírez “se le endilgaron los delitos de administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito en provecho de particulares”, mientras que a González se le atribuyeron los de “administración desleal agravada y enriquecimiento ilícito agravado”.
Correa “fue imputado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado”.
En su alegato ante el juzgado, la fiscalía adujo que los tres debían ser encarcelados porque “los elementos de prueba indican que habrían transformado, ocultado, administrado y encubierto la ilícita transformación de recursos originados en actividades ilícitas”.
La fiscalía detalló que Cemex depositó 40 mil millones de pesos colombianos, que equivalen a unos 13 millones de dólares, en la cuenta personal de Correa para comprar los terrenos aledaños a una mina en el municipio de Maceo, Antioquia.
De acuerdo con la fiscalía, el colombiano José Aldemar Moncada Moncada, propietario del inmueble, “fue sentenciado por ‘lavado’ de activos como ficha clave de una millonaria defraudación al Estado mediante recobros” de un impuesto, y asesinado por sicarios en abril de 2016.
La negociación entre Cemex y Calizas y Minerales “se celebró pese al conocimiento de la existencia de un proceso de extinción de dominio” que vincula a Moncada, “condenado por hechos relacionados con la defraudación al Estado en el que estuvo involucrado el predio materia de la transacción comercial”, insistió la fiscalía.
