Enrique tiene 14 años, es venezolano y pasó la frontera hacia Colombia junto a su madre en febrero.
Ambos solían vivir en Trujillo, en el oeste de Venezuela, pero la escasez y la violencia los obligó a migrar al país vecino.
"Trabajamos por un plato de comida", relata el joven que se dedica a la cosecha de plantaciones de hoja de coca de la región del Catatumbo, una de las zonas más violentas de Colombia.
Enrique tuvo que dejar los estudios y ahora empieza su jornada laboral a las 5 de la mañana (11:00 GMT). Junto a él hay niños venezolanos, incluso de 8 años, en su misma situación.
Organismos internacionales advierten que son decenas de miles los casos de migrantes que se encuentran explotados por bandas criminales de Colombia.
Pueden ser organizaciones de narcotraficantes, grupos que se dedican a la minería ilegal o redes de trata de personas y prostitución.
Así lo reveló un informe de Human Rights Watch (HRW), una organización que monitorea las vulneraciones de derechos humanos y que alerta sobre los problemas que atraviesa la diáspora venezolana.
Sin embargo, la entidad internacional no es la única en advertir del problema.
La Cancillería colombiana informó que alrededor de un millón y medio de venezolanos se instalaron en el país en los últimos tres años.
La difícil situación económica y la escasez de alimentos y medicinas son señaladas como las principales causas de la crisis migratoria.
Bogotá es el principal destino de la diáspora venezolana, sin embargo hay comunidades de migrantes en varias zonas cercanas a la frontera entre los dos países.
Después de la capital colombiana, los departamentos fronterizos de Norte de Santander y La Guajira son los lugares donde se encuentras más migrantes.
En ambas regiones hay presencia de bandas criminales y plantaciones de coca.
"La lucha entre grupos armados continúa cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, incluyendo lugares a donde la población venezolana ha llegado tratando de huir de su propia crisis", le indica a BBC Mundo el Consejo Noruego para Refugiados, otra entidad que hace seguimiento de la crisis migratoria.
La institución, que lleva décadas siguiendo las consecuencias del conflicto armado colombiano, añade que el país "no tiene unos lineamientos claros para asistir, proteger y reparar a los venezolanos afectados por el conflicto".
Por su parte, el director de HRW, José Miguel Vivanco, señala a BBC Mundo que "la situación es aterradora".
El experto explica que, por ejemplo, son cerca de 25.000 venezolanos los que se encuentran en la región del Catatumbo, una de las zonas donde hay guerra entre bandas criminales y cultivos de hoja de coca para el narcotráfico.
"Muchos de ellos cruzan la frontera para buscar trabajo, comida y medicinas, y escapar de la emergencia humanitaria en su país, y terminan en el medio del conflicto armado. Muchos niños venezolanos terminan raspando coca y muchas mujeres se prostituyen", indica Vivanco.
Human Rights Watch señala que la Fiscalía colombiana investiga más de 180 casos desapariciones, 17 casos de reclutamiento forzado y cerca de 1.000 amenazas contra venezolanos solo en esa región.
El Catatumbo es una de las regiones con más violencia y presencia de grupos armados, pero no es la única de Colombia.
De hecho, la gran puerta de la migración venezolana en estos años, la ciudad de Cúcuta (frontera al noroeste), tiene unas tasas de criminalidad que se elevaron hasta tres veces en el último año.
Allí se reportó, de manera inédita, la presencia de "coyotes", quienes se dedican a lucrar con el tráfico de migrantes.
El cierre de las fronteras decidido por Venezuela en 2015 permitió que esta actividad cobrara fuerza a través de la apertura de las llamadas trochas, que son pasos de un país al otro donde no hay control migratorio.
En los momentos de mayor flujo, hasta 5.000 migrantes por día optaban por usar estos caminos ilegales en los que hay que pagar un tributo económico a los que los controlan, según reportes policiales.
La situación provocó que, en junio de este año, Migración Colombia anunciara que todo venezolano que cruzara por estos pasos sería devuelto. Posteriormente policías colombianos destruyeron al menos 10 puentes artesanales que eran usados para el cruce de fronteras.
En las zonas alrededor de Cúcuta operan organizaciones dedicadas al narcotráfico como Los Rastrojos y La Línea, a las que se señala de reclutar venezolanos para utilizarlos en las zonas de cultivo de coca.
Menores y adultos son usados como "raspachines", cuya función es quitar las hojas de coca de las ramas.
Se trata de una actividad dura que lastima mucho las manos y por la que los migrantes pueden ganar hasta US$100 por semana, aunque la mayoría consigue mucho menos.
Además, las "microguerras" que sostienen diferentes bandas criminales y grupos armados dedicados al narcotráfico por controlar territorios afecta de manera directa a los llegados del país vecino.
El Consejo Noruego para Refugiados le señaló a BBC Mundo que, en 2018, cerca de 15.428 venezolanos sufrieron restricciones de acceso a bienes y servicios por los enfrentamientos armados en diferentes puntos del país.
La entidad, citando cifras de Naciones Unidas, indica que cerca del 10% de las consecuencias humanitarias de estos conflictos las padecen los migrantes de Venezuela.
"La lucha entre grupos armados continúa cerca de la frontera, incluyendo lugares a donde la población venezolana ha llegado tratando de huir de su propia crisis. Las personas desplazadas requieren de alimentos, acceso a agua potable, un lugar digno donde dormir", señala el Consejo Noruego para Refugiados.
Migración Colombia y la Policía del país detectaron redes de explotación laboral que trasladan a venezolanos desde Cúcuta hacia diferentes puntos del país.
En un operativo reciente se descubrió que hay migrantes obligados a vender droga al menudeo en departamentos como Risaralda, Caldas y Norte de Santander.
Además, recientemente el director territorial del Ministerio de Trabajo, Javier Mauricio Bayona, calificó de "infrahumanas" las condiciones laborales de los venezolanos que son explotados.
"Nos tocará (ir) de puerta en puerta para evitar que se sigan explotando a los venezolanos", afirmó la autoridad.
Esta clase de situaciones provocó que el Viceministerio de Trabajo de Colombia elaborara una propuesta de ley de protección a los recién llegados del país vecino.
Según el Departamento Nacional de Estadísticas, al menos 340 mil venezolanos se encuentran en situación de desempleo y son vulnerables a la explotación laboral.
Otra situación producida por el inmenso flujo migratorio hacia Colombia es la explotación sexual.
El trabajo sexual no es una actividad ilegal en Colombia, sin embargo, sí se considera un acto delictivo la explotación de las mujeres para fines sexuales.
"Así me gano el real", cuenta Alejandra, que tiene 19 años y llegó a Cúcuta hace nueve meses.
"Real" es una de las maneras en las que los venezolanos se refieren al dinero y Alejandra cuenta que su actividad "le rinde" mucho más que vender fruta o limpiar casas.
La mujer, quien conversó con BBC Mundo en febrero, relata que son frecuentes las ofertas que reciben las migrantes para ir a otras ciudades, pero indica que prefirió quedarse en Cúcuta porque allí tiene amigas y amigos.
"Así le puedo ayudar a mi mamá, que esta algo enfermita", señala la joven.
Esta situación también está presente en Bogotá, donde, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género, el 99% de las mujeres extranjeras que se prostituyen son venezolanas.
De ellas, el 81% lo hace por primera vez ante la necesidad, revela el estudio hecho por la entidad.
Tanto en Bógota como en otras ciudades del país se han desmantelado redes de trata de personas con fines de explotación sexual que se aprovechaban de la situación de mujeres venezolanas recién llegadas.
De acuerdo a la Policía, las víctimas son engañadas con promesas de trabajo y luego obligadas a prostituirse.
Más de 100 operativos se realizaron en Bogotá a finales del año pasado para desmantelar estas redes. En uno de ellos encontraron una casa donde estaban encerradas 43 venezolanas y hasta las ventanas tenían candados.
La minería ilegal es señalada por la Fiscalía y por el Ejército de Colombia como una actividad que se convirtió en más lucrativa que el tráfico de cocaína.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) es una de las entidades que denunció la explotación de venezolanos en áreas de Colombia donde hay explotación de oro.
"La gente llega en condiciones más vulnerables, por lo que requieren más apoyo humanitario", indicó este lunes la representante adjunta de Acnur en Colombia, Yukiko Iriyama.
La encargada añadió que los venezolanos migrantes están bajo el riesgo de "toparse con grupos armados que reclutan a menores y con las redes de tráfico de personas".
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