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"Un municipio en extrema pobreza donde la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado han encontrado espacio para poder perpetuarse".
Que un alcalde defina así su propia localidad da una idea de la situación de caos que impera en el día a día del pueblo en el que gobierna.
El Estor, un lugar de difícil acceso entre montañas del noreste de Guatemala, es considerado desde hace años como una especie de "tierra de nadie" o "zona caliente" como parte de la ruta de buena parte de la droga que viaja de Sudamérica a Estados Unidos.
Los pobladores de este municipio cercano a las fronteras con Honduras, Belice y el mar Caribe denuncian un total abandono por parte del Estado entre múltiples conflictos de tierras y polémicas con empresas mineras y plantaciones de palma en la zona.
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Sin embargo, no es por esta conocida realidad que El Estor ocupa las portadas de algunos medios desde hace días.
El repentino interés se debió al asesinato de tres soldados en su territorio, presuntamente a manos de habitantes del pueblo, y cuyas circunstancias aún no están claras.
Pese a ello, el gobierno guatemalteco no dudó a la hora de reaccionar y decretar el estado de sitio durante 30 días en El Estor y otros 21 municipios de seis departamentos en el noreste del país.
Frente a los recelos y críticas de organizaciones civiles y de derechos humanos, el Ejecutivo justificó su medida diciendo que lo ocurrido ponía en riesgo la seguridad, el orden y la gobernabilidad de la zona.
¿Qué sucedió en El Estor?
Existen diferentes explicaciones sobre lo ocurrido en El Estor el pasado 3 se septiembre.
Ese día, tres soldados del ejército fueron ejecutados y dos pobladores resultaron heridos con arma de fuego en la comunidad de Semuy 2.
Los soldados incursionaron en la zona "según un informe del Ejército, buscando pistas clandestinas del narcotráfico y posibles narcotraficantes que estaban esperando una avioneta" con droga, le dice a BBC Mundo el alcalde de El Estor, Rony Méndez.
"Algunos comunitarios no estaban de acuerdo en que el Ejército entrara en la comunidad (…). Eso les provocó malestar y arremetieron contra los soldados, que fueron brutalmente asesinados según fotos que aparecieron en redes sociales", agrega.
Méndez sugiere una especie de malentendido de la comunidad ante la presencia de militares, pero el gobierno y el Ejército apuntaron desde un primer momento a una emboscada por parte de pobladores aliados del narcotráfico.
Estos habrían desarmado a los militares y los habrían asesinado con sus propias armas "en contubernio con pseudodefensores de los derechos humanos y pseudocampesinos", afirmó el presidente Jimmy Morales cuando anunció el estado de sitio un día después del suceso.
"Hay una pelea asimétrica entre el Estado y el narcotráfico. También hay poblaciones que ponen a mujeres y niños como barricadas humanas para que las fuerzas de seguridad no puedan llegar hasta las pistas clandestinas", declaró el mandatario.
Diferentes versiones
Sin embargo, su teoría del tipo de arma utilizada fue cuestionada por el propio informe de las autopsias realizadas a los tres soldados, que apuntó a que podría haber sido una escopeta y no el tipo de fusiles que utiliza normalmente el Ejército.
"En el campo, la gente tiene una escopeta o un rifle 22. Nuestra gente no tiene esas armas (AK47)", le dijo el miércoles al canal Guatevisión el excomandante guerrillero César Montes.
Montes, quien dirige la Fundación Turcios Lima y que mantiene estrecha comunicación con la población de la zona, sostuvo que la comunidad se había enfrentado a los soldados al no comprender cuál era su cometido en la zona.
Los militares habrían perdido el control y, al verse rodeados, habrían abierto fuego y herido a los dos pobladores, quienes respondieron utilizando sus escopetas y disparando de muerte, según su versión.
La policía, de hecho, desarrolló este lunes un operativo de búsqueda (sin aclarar por qué) para encontrar a Montes, cuya fundación rechazó los señalamientos en su contra y aseguró que no se encontraba en el área en el momento del crimen. Pero no fue localizado.
El estado de sitio
El anuncio de Morales de decretar el estado de sitio sobre 22 municipios por 30 días fue ratificado por el Congreso el pasado fin de semana por solo ocho votos más del mínimo necesario para alcanzar la mayoría.
La medida suspende garantías constitucionales como la libertad de tránsito, impone un toque de queda nocturno y determina que una persona puede ser detenida sin que exista una orden de captura en su contra.
Amílcar Pop, diputado del partido indígena Winaq y presidente de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, fue uno de quienes votó en contra de la propuesta.
"Nunca en los últimos 25 años de período de posguerra han dado resultado los estados de sitio en Guatemala, sino que se han ordenado para proteger capitales y empresas multinacionales en detrimento de los derechos de la población", afirma Pop.
"Tras los 30 días, veremos cómo no se habrá desmantelado ninguna estructura grande de narcotráfico. A estas alturas, esta medida solo demuestra la incapacidad del gobierno y la ausencia de políticas de seguridad", le dice a BBC Mundo.
Pero el alcalde de El Estor tiene una opinión positiva de la medida implementada.
"Únicamente se nos han restringido tres derechos (prohibición de manifestaciones públicas, de bloqueos de carreteras y de portar armas) que no nos afectan a la mayoría, solo a las personas integradas en el crimen organizado", defiende Méndez.
De hecho, no solo justifica el estado de sitio actual sino que asegura que ya lo solicitó al gobierno central en el pasado (sin éxito) para "recuperar el orden público" en El Estor.
"Además de este incidente, se ha vivido una tensión muy difícil con bloqueos de carreteras, explosiones a los negocios, ha habido muertes a la orden del día, enfrentamientos… Un caos debido a que ya hace años que El Estor ha sido descuidado por el gobierno en cuanto a seguridad ciudadana", afirma.
¿Cómo reaccionó la población?
Tras su entrada ahora en vigor, Méndez describe un sorprendente cambio en su municipio y asegura que la población agradece el estado de sitio.
"Hemos tenido ya un sentimiento de parte de la población de paz, tranquilidad y armonía, ya que los malos vecinos que se dedicaban a actos ilícitos como forma de supervivencia dejaron de hacerlo", dice.
"Hemos recuperado la seguridad implementada por el ejército en las principales rutas de El Estor".
Muchos vecinos, sin embargo, se muestran temerosos ante la masiva presencia del Ejército y describen como "tensa" la situación, especialmente en la comunidad de Semuy 2.
Maximiliano Súchite, del consejo de Comunidades Indígenas de El Estor, relata cómo esta zona está tomada por cientos de soldados y policías, que crearon un destacamento militar en la entrada de la comunidad e improvisaron un centro de operaciones en la iglesia mientras los niños llevan casi una semana sin poder asistir a clases.
"La situación no va a cambiar con el estado de sitio, esto va a seguir igual. Ni va a dar resultado ni va a haber un gran cambio ni paz", pronostica para BBC Mundo.
Súchite cree que mucha población de la zona sigue "dolida" por cómo afectó a esta zona la guerra civil y las actuaciones de guerrilla y ejército en el pasado.
"Por eso quizá a gente no quería ver a soldados llegar a las comunidades y sin saber para qué", opina.
Hay más organizaciones que mostraron su inquietud ante el temor de que, amparándose en la medida decretada por el gobierno, no se respeten los derechos humanos de la población.
"Espero que el estado de sitio no sea un pretexto para abusar del poder",alertó el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas.
Astrid Franco, auxiliar de la procuraduría en Izabal, realiza tareas de observación en los cinco municipios de este departamento (entre los que se encuentra El Estor) para monitorear cómo se está implementando la medida.
"La población no tiene toda la información y les provoca cierta sensibilidad al no conocer los derechos que están restringidos y qué actividades se pueden o no realizar", le cuenta desde la zona a BBC Mundo.
Con o sin presencia del Ejército, la situación está lejos de normalizarse en El Estor.
El pasado fin de semana, un hombre apareció ahorcado en la comunidad después de que en redes sociales circularan informaciones sobre el supuesto grupo de pobladores implicados en los asesinatos.
Según el medio Prensa Comunitaria y varios pobladores consultados, el hombre se habría quitado la vida por la presión que sintió al ver circular dichas publicaciones con su nombre, si bien la policía no ha confirmado esta hipótesis.
Otros de los señalados por esas informaciones huyeron.
Jorge Chub, vecino de Semuy 2, le dijo al diario Prensa Libre que "las malas personas" se habían escapado de la comunidad después de enterarse de que el ejército iba a llegar al pueblo.
Abandono del Estado
El Estor es un municipio que, como otros en esta zona fronteriza de Guatemala, está marcado por numerosos conflictos y una población golpeada por la pobreza y la vulnerabilidad.
Por su situación geográfica entre montañas, a orillas del lago de Izabal —el más grande del país— y a unos 350 km de la capital, hace que su población solo pueda acceder a servicios básicos de salud y a educación primaria en pequeñas escuelas.
"Es el Estado el que tendría que estar respondiendo para buscar mejores desarrollos en la comunidad", dice Astrid Franco de la Procuraduría de Derechos Humanos.
La oferta de empleo no es suficiente para sus 100 mil habitantes —siendo un 95% de origen indígena maya q'equchi—, quienes fuera del casco urbano se dedican mayoritariamente a la agricultura.
En Semuy 2, muchas de sus casas no tienen energía eléctrica y la señal de telefonía es deficiente.
Sus pobladores deben viajar decenas de kilómetros para llegar a un centro de salud.
"En el área sur (donde se encuentra Semuy 2) hay unas 40 comunidades que han estado en el olvido. Tras la firma de los acuerdos de paz, el Estado abandonó el área y no le brindó atención especial", dice el alcalde Méndez.
Por lo tanto, "el Estado es culpable de que la población se cobije en el crimen organizado, en la violencia y en el narcotráfico, porque hay un completo abandono por su parte".
Según Washington, entre el 80 y 85% de la droga proveniente de Sudamérica con destino a Estados Unidos hace escala en Honduras, a pocos kilómetros de El Estor. De ahí, pasa por la vecina Guatemala en dirección al norte.
Zona de conflictos
Frente a esta realidad, la zona destaca por su exuberante vegetación dominada por palma africana y su riqueza en recursos naturales, fuente en algunos casos de sus conflictos más graves.
Entre acusaciones de robos de propiedades indígenas y de invasiones, cientos de casos de conflictos de tierras son unos de los históricos problemas estructurales de la región, especialmente en el marco de enfrentamientos con empresas que operan en la zona.
En El Estor, además de una firma bananera, realiza actividades una empresa de aceite de palma.
Pero la mayor de las polémicas está unida a la Compañía Guatemalteca de Níquel, subsidiaria de la corporación rusa Solway Investment Group, y responsable de la explotación del proyecto minero Fénix en el municipio.
Presentado en su día como el más grande de su tipo en Centroamérica y que requirió una inversión inicial de US$551 millones, este megaproyecto lleva años provocando violentos enfrentamientos en el nororiente del país, la zona con más proyectos extractivos en Guatemala.
Por un lado, están quienes defienden su aporte económico y los 3 mil empleos que genera en El Estor.
Por otro, los indígenas, activistas y pescadores que critican la alta contaminación en su zona de impacto.
El pescador local Carlos Maás fue asesinado en 2017 mientras se manifestaba contra la contaminación del lago de Izabal, y otros de sus compañeros pasaron por la cárcel tras participar en actividades similares.
El pasado mes de julio, la Corte de Constitucionalidad suspendió temporalmente la licencia de explotación de la mina hasta que se realice una consulta a las comunidades.
En un comunicado, la empresa aseguró cumplir con todas las normas internacionales de ambiente, calidad y seguridad.
También afirmó haber consultado a la población local en el pasado, si bien las comunidades aseguran que estas acciones no tuvieron forma legal.
Pero frente a esta realidad, buena parte de la población defiende su derecho a trabajar en la mina como modo de supervivencia.
Aunque reconoce la existencia de "un grupo no interesado en la presencia de la empresa niquelera", el alcalde de El Estor asegura que son mayoría los habitantes que ven la mina como algo positivo.
Súchite, del Consejo de Comunidades Indígenas del municipio, enfatiza cómo años de lucha les permitieron que la empresa decidiera dialogar con las comunidades para fijar los límites de territorios de cada parte, pero también reconoce la necesidad imperante de trabajo en la zona.
"Lamentablemente, hay muchas partes de nuestras comunidades que ya se van de parte de la empresa",admite. Por eso cree que, de celebrarse hoy la consulta, es probable que ganara el "sí" a favor de la continuidad de la actividad minera.
Pero la preocupación principal ahora para la población de El Ester es el estado de sitio que sigue afectando a cada movimiento en su día a día.
"Muchas comunidades están en el proceso de recuperación de tierras, así que lo que no queremos es que aprovechen esta situación para desalojar a comunitarios", alerta Súchite.
"No es a lo que vienen, sino que vienen a investigar el narcotráfico. Estamos vigilando posibles desalojos y no los vamos a permitir".
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