Washington.— El comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos concluyó ayer que no hubo conspiración entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y el Kremlin, mientras que una jueza federal desestimó la demanda civil presentada por el ex jefe de campaña del mandatario, Paul Manafort, contra el fiscal especial que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller.
La investigación del Comité de Inteligencia, que inició el pasado mes de enero, tenía entre sus principales objetivos el determinar si existió, o no, algún tipo de coordinación entre el Kremlin y el equipo de campaña del ahora presidente.
El documento, respaldado sólo por los republicanos del comité, afirma que no se encontraron “evidencias” de que, a pesar de sus vínculos con Moscú, los negocios del magnate antes de que comenzara la campaña pudieran haber cimentado una posible conspiración entre el equipo de Trump y el Kremlin.
Tras el anuncio, Trump usó su Twitter para llamar al fin de las investigaciones de la “trama rusa”. “El informe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha sido divulgado. No hay evidencias de que la campaña de Trump conjurara, se coordinara o conspirara con Rusia, ¡Guau! ¡Una absoluta caza de brujas! ¡DEBE TERMINAR YA!”, sostuvo el mandatario
El informe final del comité fue recibido con escepticismo por los demócrata, cuyo líder en la junta, Adam Schiff, calificó las conclusiones de “deficientes”, según medios locales. También el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Devin Nunes (republicano de California), criticó a las agencias de inteligencia por su respuesta a la injerencia rusa.
Sobre el Rusiagate, también ayer se informó que la jueza Amy Berman Jackson consideró que la vía escogida por Manafort, la de una demanda civil, no era “el vehículo apropiado para abordar lo que un investigador ha hecho en el pasado o lo que hará en el futuro” en un proceso criminal.
Además, la magistrada también explicó que existe un principio por el que un tribunal no debe ejercer sus poderes “equitativos” para “interferir o participar en una investigación criminal en proceso” cuando el acusado tiene la oportunidad de “retar” cualquier “defecto” en la investigación durante el juicio.