Washington.— El Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció ayer su intención de investigar el programa Quédate en México que obliga a migrantes a esperar en México sus trámites de asilo en Estados Unidos, una política sobre la que los congresistas demócratas tienen dudas de su legalidad.
El presidente del comité, el demócrata Jerry Nadler, encabeza una lista de legisladores que escribieron una carta al secretario de Seguridad Interino, Chad Wolf, exigiéndole datos e informes sobre la aplicación y consecuencias del también denominado Protocolos de Protección Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
Los congresistas demócratas consideran el programa como una “metamorfosis” de la polémica política de Tolerancia Cero que separó a centenares de familias y por tanto un paso más en las medidas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump.
“Continuamos profundamente preocupados por su impacto en poblaciones vulnerables. Creemos firmemente que el MPP es una política fallida y peligrosa que amenaza la salud y seguridad de solicitantes de asilo legítimos, incluyendo mujeres, niños y familias, y debería ser abandonado”, dice la carta.
Más de 60 mil personas han sido devueltas a México bajo un programa que está por cumplir su primer año de implementación y que no ha cesado de levantar críticas y objeciones entre organizaciones de derechos civiles y activistas. La medida es analizada en las cortes y el Tribunal Supremo permitió en julio que se siguiera implementando mientras se dirime en juzgados inferiores.
Según los congresistas, el MPP deja en riesgo real de “asesinato, violencia sexual y secuestro” a miles de personas, mientras esperan que sus solicitudes de asilo sean escuchadas en tribunales estadounidenses, devolviéndolos a territorios fronterizos que el propio Departamento de Estado considera que no son seguros para el viaje. “Hasta hoy, hay 31 alertas de viaje activas para México, incluyendo cinco advertencias en las que el Departamento de Estado explícitamente desaconseja a los estadounidenses viajar. Es difícil entender por qué la administración envía niños y familias a áreas en las que ciertamente enfrentarán daños”, dicen los autores de la misiva.
Asimismo, se quejan de que tal y como apuntan reportes diarios desde la frontera, no se garantiza el debido proceso a los refugiados, en muchas ocasiones se les niega el acceso a un abogado —perjudicando sus opciones de éxito en la solicitud de asilo— o, directamente, al darles fechas de audiencia judicial inexistentes o imposibles de cumplir. No es la primera vez que congresistas elevan la voz para mostrar su queja y preocupación por esta medida.
En verano del año pasado, una treintena de senadores demócratas exigieron el fin de un programa que, en su opinión, “da la espalda a las obligaciones legales domésticas e internacionales” con los derechos humanos de los migrantes y refugiados.
A pesar de todo eso, la administración Trump no se cansa de repetir el “gran éxito” del programa, gracias en parte a la cooperación del gobierno mexicano. Tanto que, con el paso de los meses, han ampliado su extensión a la práctica totalidad de los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos.
