San José.— Un cese del fuego del 1 de enero al 30 de junio de 2023 que el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que pactó al cierre de 2022 por separado con cinco organizaciones de la guerrilla izquierdista y del paramilitarismo derechista de ese país podría impactar en el contrabando de cocaína de Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú a México y Estados Unidos vía Centroamérica y el Caribe.

Una interrogante que surgió tras el anuncio de Petro como parte de su objetivo político de lograr la paz total o completa en Colombia, fue que si el cese del fuego significará que paramilitares y guerrilleros declararán un cese del narcotráfico.

“No hay compromiso de esos grupos delincuenciales con cesar sus actividades criminales, incluyendo, por supuesto, la del narcotráfico”, advirtió el abogado, socioeconomista y analista político Rafael Nieto, viceministro del Interior y de Justicia de Colombia en 2003 y 2004 (gobierno de Álvaro Uribe de 2002 a 2010). “El cese al fuego les asegura a los grupos violentos que la fuerza pública [militares y policías] no los combatirá. ¿Pero cómo se asegura que esos mismos grupos no sigan delinquiendo? La fuerza pública queda paralizada frente a esos grupos, pero no hay manera de garantizar que esos criminales no sigan delinquiendo”, dijo Nieto a EL UNIVERSAL.

“¿Hasta cuándo los políticos colombianos seguirán pensando que la paz se construye con impunidad para los criminales? ¿Es correcto que en una sociedad democrática se trate mejor y se den beneficios judiciales, políticos y económicos a los delincuentes que no tienen los ciudadanos que respetan la ley?”, recalcó.

Las cinco agrupaciones están acusadas de ser narcocriminales para enriquecerse con sus movimientos armados irregulares de izquierda y derecha.

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La guerrilla comunista del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las cinco, desmintió ayer a Petro y negó que haya acordado con el gobierno iniciar un alto a las hostilidades bélicas. El ELN “no ha discutido” con Petro “ninguna propuesta de cese el fuego bilateral”, recalcó en un comunicado.

El 31 de diciembre anterior a las 20:45 horas de Bogotá (19:45 en el centro de México), Petro tuiteó: “Hemos acordado un cese bilateral con el ELN, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances en las negociaciones”.

Tras garantizar que “la paz total será una realidad”, recalcó en otro mensaje en la misma red social que “este es un acto audaz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al estado a respetarlo. Habrá un mecanismo de verificación nacional e internacional. Que la paz sea entre nosotros”. Con el desmentido guerrillero, el gobierno colombiano informó ayer que el cese del fuego con el ELN será analizado en una cita que ambas partes tendrán este mes en México. El gobierno y el ELN, que nació y se sublevó en 1964, reanudaron en noviembre anterior sus negociaciones de paz.

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Además del ELN, el mandatario incluyó en el acuerdo a la Segunda Marquetalia y al Estado Mayor Central, agrupaciones irregulares en armas que son disidentes de la ya disuelta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se sublevó en 1964 y estuvo más de 52 años en guerra.

Por el pacto de paz que firmó en 2016 con el gobierno y que entró a regir en diciembre de ese año, las FARC se disolvieron en 2017 y se convirtieron en partido político legal. No obstante, exmiembros de las FARC que nunca aceptaron entrar al proceso de paz y lo rechazaron o, tras unirse a ese mecanismo, se retiraron y volvieron al alzarse en armas como fuerzas disidentes, siguieron combatiendo al Estado colombiano como Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central.

Las dos fueron reiteradamente señaladas en Colombia de estar profundamente involucradas en el narcotráfico como remanente de las FARC, que al menos desde la década de 1990 se insertó en la narcoactividad como una de sus vías para financiar la guerra.

Petro también mencionó a las AGC, en alusión a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una de las más poderosas fuerzas derechistas paramilitares, surgida en 2006 y que opera con otro nombre: Clan del Golfo, principal cártel colombiano del narcotráfico internacional y proveedor de cocaína —vía Centroamérica y el Caribe— de los cárteles mexicanos de Sinaloa, Los Zetas y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Clan o AGC fue dirigido hasta octubre de 2021 por Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, el narcotraficante más poderoso de Colombia del siglo XXI, detenido ese mes en el país y extraditado en mayo de 2022 a EU. Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada aparecieron en 2019 como herederas de fuerzas derechistas paramilitares y están involucradas en producción y tráfico de cocaína en el nororiente de Colombia, limítrofe con Venezuela, y el norte, sobre el mar Caribe.

Un reporte que la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) publicó en junio de 2022 precisó que la producción mundial de cocaína fue de mil 982 toneladas en 2020 y de mil 723 toneladas en 2019. No se dispone de datos actualizados.

Colombia es el más importante productor mundial de cocaína, con 80%, seguido por Perú y Bolivia. EU es el mayor consumidor global de esa droga, con México como su principal surtidor.

“Es imposible que Colombia deje de ser productor de cocaína. Puede que deje de ser el principal productor mundial”, narró a este diario John Marulanda, coronel en reserva activa del Ejército de Colombia y presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares de Colombia en Retiro.

“El actual cese al fuego genera una gran esperanza que es la madre de las grandes decepciones. Esperemos que no sea así. Petro, como buen político, sabe vender sus promesas de tierra de esperanza”, relató.

Colombia aguarda los detalles para cumplir y verificar el cese del fuego.

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