San José.— El presidente de Colombia, Iván Duque, vive la peor hora de sus 48 meses de mandato.
Con un saldo parcial de 19 muertos hasta ayer, tras siete días de violentas protestas contra su reforma tributaria, con represión policial, desaparecidos, vandalismo, saqueos, desmanes y bloqueos de carreteras, Duque está acorralado por un cruce de inconformidad social, azote del coronavirus y violaciones a los derechos humanos.
“Ya de poco sirve que [Duque] haga las paces con gamonales, gremios, empresarios o que retire su moribunda reforma tributaria”, afirmó el analista, administrador y periodista colombiano Federico Gómez. “Si bien esta última [la tributaria] fue la gota que rebosó la copa del descontento social y sacó a la gente a protestar masivamente, lo que se vive hoy en las calles desborda ese hecho. La gente se cansó”, dijo Gómez a EL UNIVERSAL.
Al alegar que “es mucha la paciencia” que los colombianos “le han tenido” a Duque, narró que “sus votantes, funcionarios, amigos, copartidarios, consejeros y aliados políticos llevan casi tres años echándose al hombro la compleja tarea de defender a un gobierno al que cada vez es más difícil encontrarle un acierto”.
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La movilización callejera empezó el 28 de abril en rechazo a un plan tributario que, según sus detractores, habría provocado agudos conflictos socioeconómicos y financieros a una nación severamente sacudida por el impacto de la pandemia, en un gobierno urgido de recursos frescos para intentar estabilizar sus cifras fiscales que hoy están en rojo.
Ante la conmoción política por las mortales protestas en distintas partes del país, Duque se vio obligado a retroceder y el pasado domingo aceptó retirar la reforma tributaria del debate legislativo. Tras insistir en que su iniciativa fiscal “no es un capricho”, la defendió porque “es una necesidad” y argumentó que “retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”.
Duque, del derechista partido Centro Democrático, arribará el próximo viernes a los 33 meses de gestión en un país asediado por el aumento de la pobreza extrema y moderada, que se agudizó con el ingreso del masivo flujo de la migración venezolana.
El (estatal) Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) confirmó que las principales víctimas del golpe de la crisis sanitaria son las clases más desprotegidas del país. Por efecto del Covid-19 en la economía, Colombia pasó de 35.7% de pobreza monetaria en 2019, a 42.5% en 2020. La pobreza monetaria extrema subió de 9.6% en 2019 a 15.1% en 2020, reportó DANE.
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Con esos datos para un país de unos 51 millones de habitantes, cerca de 57.6% de los colombianos vive en algún rango de miseria. DANE precisó que el desempleo subió de 12.6% en marzo de 2020, a 14.2% en marzo de 2021 y afecta a 3.4 millones de personas. Colombia, que al 22 de junio de 2020 se ubicó como el quinto país de América Latina y el Caribe más golpeado por el virus, con 68 mil 836 pacientes y 2 mil 353 decesos y después de Brasil, Perú, Chile y México, ya está entre los tres primeros.
El recuento oficial colombiano a ayer mostró un acumulado de 2 millones 905 mil 254 casos y 75 mil 164 fallecidos, sólo superado por Brasil y México.
Abusos
Antecedida por los violentos disturbios que estallaron en noviembre de 2019 contra la política social de Duque, la oleada de reclamos que se reactivó en las calles hace ocho días arrojó otro balance negativo para el gobierno, al ser acusado de cometer abusos en el intenso despliegue policial de represión.
El togolés Clement Voule, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre Libertad Sindical y Reunión Pacífica, se declaró el lunes anterior “alarmado” por el “uso excesivo de la fuerza” de seguridad contra los manifestantes y por el número “de policías heridos”.
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Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés), institución no estatal de defensa de los derechos humanos en el hemisferio occidental, exhortó a Duque a “intentar desescalar las tensiones, detener la violencia y fomentar el diálogo con un grupo representativo” de los sectores que protestan.
Pedidos similares surgieron de otros foros internacionales.
“Lo que es primordial es que el gobierno permita a la gente expresarse de forma pacífica y manifestarse pacíficamente. Esos son derechos básicos y esa es nuestra postura”, dijo Stéphane Dujarric, portavoz del secretario General de la ONU, António Guterres.
Las fuerzas de seguridad “utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos”, afirmó Marta Hurtado, portavoz de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
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Desde Bruselas, la Unión Europea (UE) condenó, a través del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, “los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, dijo.
En el mismo sentido, la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter, defendió el derecho de los ciudadanos “a protestar de manera pacífica”, a la vez que criticó el vandalismo, que también se ha presentado en las protestas, principalmente en Cali. Pero el ministro colombiano de Defensa, Diego Molano, replicó ayer en Bogotá que “Colombia enfrenta una amenaza terrorista” y que “organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica”. Son “actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias” de las guerrillas comunistas colombianas y de las redes criminales y sus planes como “grupos terroristas” tienen el objetivo de “asesinar a nuestros policías”, acusó.
Los choques dejaron un resultado preliminar de 18 civiles y un policía muertos, más de 840 civiles y policías heridos, unos 460 bancos, comercios y estaciones de transporte y 64 unidades policiales saqueadas o vandalizadas, informó, al garantizar el respeto a los derechos humanos en las tareas de las fuerzas de seguridad.
Para hoy se hacen llamados a la calma, de cara a las movilizaciones convocadas por las centrales obreras y organizaciones sociales e indígenas.
*Con información de agencias